Por Ana Chayle

Mercurio, plomo, aluminio, manganeso y níquel son algunos de los metales detectados —muy por encima de los parámetros aceptados para consumo humano— en el último análisis de agua al que accedieron los vecinos de Jáchal, pueblo cercano a la mina de oro Veladero, que operan las firmas canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold en San Juan. Las concentraciones de mercurio, aluminio y manganeso sobrepasan incluso los valores detectados en 2015, cuando se produjo el —¿hasta ahora?— “mayor desastre ambiental” por derrame de efluentes mineros en la historia argentina. 

Los datos son alarmantes. El aluminio evidencia una concentración de 97 miligramos por litro de agua contra los 0,2 miligramos por litro de agua que establecen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA). En tanto, el plomo alcanza los 0,16, el mercurio un valor de 0,0033 y el manganeso la cifra de 2,1 —siempre en miligramos por litro de agua—. Todos superan ampliamente los estándares de la OMS, que establece para esos metales valores máximos de 0,01, 0,001 y 0,5; respectivamente. 

Son igualmente preocupantes los niveles de arsénico en el río. Mientras la OMS fija como límite máximo 0,01 mg por litro de agua, los análisis detectaron 0,33 mg por litro. Los valores de cromo y sodio también sobrepasan los límites establecidos por la OMS.

Además, según los parámetros fijados por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la concentración de cobre, cromo, níquel, plomo, zinc, arsénico y mercurio detectados superan los límites para la vida acuática y el agua dulce superficial. Mientras que los valores de plomo y mercurio revelados por los análisis la vuelven inapta para el ganado, y los de arsénico para la irrigación. 

Aunque los vecinos de Jáchal accedieron a los resultados recién a principios de mayo, éstos corresponden a muestras tomadas el día 15 de febrero pasado en el río Blanco, a la altura del badén La Chigua. Tanto la toma de la muestra como el análisis del agua estuvieron a cargo de especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), de Mendoza. 

Estos últimos resultados superan significativamente las cifras obtenidas en septiembre de 2015, cuando se registró el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada hacia el río Potrerillos, contaminando éste y otros cuatro cursos de agua. En esa oportunidad, los análisis de agua —también realizados por la UNCuyo— detectaron 0,0012 miligramos por litro de agua de mercurio; 1,48 miligramos por litro de agua de manganeso y 70 miligramos por litro de agua de aluminio. 

¿Un nuevo derrame en Veladero oculto con complicidad del Estado? 

Ante la evidencia que surge de los últimos análisis y la comparación con los resultados de 2015, la Asamblea “Jáchal No se Toca” sostiene que hubo un nuevo derrame —más grave que el de siete años atrás— que se ocultó a la población. Pese a la gravedad del asunto, ni los funcionarios del gobierno provincial —a cargo de Sergio Uñac desde diciembre de 2015—, ni del Poder Judicial ni los medios de comunicación provinciales se hicieron eco de la denuncia pública realizada por la asamblea hace algunas semanas.

Queda en evidencia aún más la contaminación del río Blanco si se tienen en cuenta los datos del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI) —un órgano provincial—, que monitoreó el curso de agua entre 2004 y 2010. El CIPCAMI fijó como línea básica histórica un promedio de 0,0002 mg por litro de agua para el mercurio, 0,18 para el manganeso y 3,67 para el aluminio. El aumento de metales en el agua es exponencial. Los resultados saltan a la vista. 

El río Blanco nace en la provincia de Catamarca, atraviesa La Rioja y llega a San Juan, donde se une con el río La Palca para dar origen al río Jáchal —el segundo más importante de la provincia—. Antes de 2009, el río Jáchal abastecía a la población homónima, pero ese año se construyó un acueducto que provee de agua al pueblo, transportándola desde el acuífero de Huachi, 22 kilómetros al norte de Jáchal. 

Sin embargo, este río —afectado por la actividad de Barrick Gold— llega de forma subterránea a algunas poblaciones como Villa Mercedes, según apunta Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea “Jáchal No se Toca”. Sin contar los animales y las plantas que se alimentan de esas aguas en su recorrido al sur de la mina. 

Ante el derrame en 2015, Barrick Gold y el gobierno provincial —entonces a cargo del actual diputado nacional José Luis Gioja— decidieron “proceder a la adición de hipoclorito de sodio en el cauce del río Blanco, para neutralizar el contenido de cianuro”. La decisión consta en una nota presentada por Barrick Gold en respuesta a un oficio librado por la Defensoría del Pueblo en el marco del expediente N° 24.255. Esa decisión fue utilizada como argumento por el juez Pablo Oritja para archivar la causa por el derrame, ya que “decía que no había contaminación al no haberse detectado cianuro”, recuerda Zeballos. 

Sin embargo, “el mercurio no se puede diluir, precipitar, ni neutralizar con nada”, explica Zeballos, quien —como bien saben quienes integran asambleas socioambientales— también debió estudiar sobre procedimientos químicos y mineros, para burlar el cerco de desinformación y el ocultamiento sistemático de riesgos que sostienen empresas, gobiernos y medios de comunicación afines. “Entonces, el elemento que termina demostrando que hubo un derrame es el mercurio”, agrega el asambleísta. 

El mercurio, un peligroso subproducto de la explotación en Veladero

Sobre este metal, Zeballos aclara que el mercurio no se utiliza en el proceso —como sí ocurre con el cianuro—, sino que es un subproducto extraído en Veladero (el producto principal es el oro).  Casi un año atrás, la asamblea había denunciado nuevamente a la empresa por acumular mercurio en ambiente glaciar, al conocerse el traslado de 100 toneladas de este metal desde Veladero, con destino a Alemania. 

Considerado por la OMS entre los diez químicos que “plantean especiales problemas de salud pública”, el mercurio “tiene la capacidad de traspasar la cadena alimentaria”, resalta Zeballos. Justamente, el consumo prolongado de pescados y mariscos contaminados con mercurio y luego ingeridos por la población de la bahía de Minimata, en Japón, ha dado origen a una enfermedad neurotóxica bautizada con el nombre de esa localidad nipona. 

Ese antecedente obligó más tarde a la firma de un convenio internacional —suscrito por nuestro país—, cuyo objetivo es “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio”. Citando este antecedente, Zeballos puntualiza: “Nosotros, los jachalleros, no queremos que nos detecten la enfermedad de Jáchal en 20 o 30 años más”. 

Veladero, la mina “modelo” de insustentabilidad

Con este nuevo hecho evidenciado por los análisis de agua y denunciado por la Asamblea de Jáchal, sumarían cuatro los derrames: septiembre de 2015, septiembre de 2016, marzo de 2017 y febrero de 2022. Ante la gravedad y recurrencia de estos hechos, la mina Veladero ya debería estar paralizada porque, según cita la Asamblea, el Código de Minería establece que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”. 

Desde la asamblea responsabilizan al gobernador Uñac por el ocultamiento del nuevo derrame y apuntan que el mandatario o “es un perverso que entrega al sacrificio a su pueblo o es un bufón de las irresponsables corporaciones mineras canadienses”. 

Pero no es el único. En febrero del año pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un recorrido por la mina Veladero, había destacado que “en San Juan hay una clara actitud de cuidado ambiental” y valorado “los elementos de tecnología avanzada con los que se trabaja en pos de la construcción de un modelo minero seguro para la Argentina”. Entonces, la asamblea publicó un descargo por los dichos del ministro en el que sentenciaron: “Hablan de sustentabilidad sabiendo que el agua se contamina con mercurio”.

En 2020, Barrick Gold anunció “una extensión de, al menos 10 años, para la vida de la mina después de una revisión exhaustiva de su estrategia y plan de negocios”. En paralelo, el Gobierno impulsa junto a la empresa canadiense Lundin el proyecto Josemaría, también resistido por la población de Jáchal. 

Mientras tanto, los pobladores afectados aguardan la realización del juicio oral dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello contra ex funcionarios por el derrame de 2015, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en relación con la Ley Nacional de Glaciares. Ningún directivo de Barrick Gold está en la lista. 

El juicio demorado, los cuatro derrames denunciados y los recientes anuncios de extensión de actividades y nuevos proyectos, parecen confirmar que la salud y el ambiente no son prioridad para los gobiernos. No reciben el mismo trato las empresas megamineras, que ahora podrán deducir costos del pago de regalías mineras, a cambio de obras de infraestructura eléctrica, gracias a la flamante ley aprobada por la Cámara de Diputados de San Juan. 

Quizás este nuevo guiño esté amparado en la “teoría del derrame” que propone la reducción de impuestos a las empresas como modo de estimular la inversión, lo cual terminaría por volcarse en beneficios para la sociedad. En Jáchal esa teoría no se comprobó y de los únicos derrames que tienen pruebas los jachalleros son de los que están contaminando su río.