A mediados de abril de 2018 Daniel Ortega enfrentó una ola de descontento social. Miles de nicaragüenses salieron entonces a las calles para exigir el retiro de la reforma del sistema de seguridad social que su gobierno impulsaba. La negativa de Ortega a cualquier concesión puso leña al fuego de las protestas. La ronda de negociación realizada el mes de mayo de ese año no produjo ningún resultado satisfactorio.

Fue necesario recurrir a una represión general, el uso de balas reales, de francotiradores, de desapariciones y cientos de detenidos para frenar el descontento.

La crisis política y social hizo su aparición. El país estuvo semiparalizado por cinco meses. Cuatro años después la crisis sigue viva. La represión también.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra el número de muertos en 355 personas, y en más de 100 000 los exiliados. La lúgubre prisión El Chipote se llenó de jóvenes detenidos. La violación recurrente de los derechos humanos fue la constante usada por el gobierno.

Como en el resto del mundo y en particular América Latina, la pandemia de la Covid-19 empeoró la situación de la mayoría de la población. La perspectiva de las elecciones del 2021 un tiempo pareció ser la puerta de salida de la crisis. Pero la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo no estaba dispuesta a abandonar el poder. Obtener un cuarto mandato, a cualquier precio, fue el objetivo.

En septiembre del 2021 Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo una declaración que no dejaba lugar a dudas. ‘Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua’. Denunció.

Los candidatos presidenciales de la oposición fueron detenidos, acusados de conspirar contra el gobierno revolucionario, con ayuda de Washington. Siete de los candidatos acabaron en prisión. Las reformas al sistema judicial, acordadas por un congreso al servicio de Ortega, han hecho que varios de los candidatos hayan sido condenados hasta 13 años de prisión.

El gobierno ‘ha desatado otra ola de persecución con allanamientos, amenazas y arrestos’, advierte Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien precisa que el ‘retiro del pasaporte para evitar que la gente viaje’ es otra de las armas usadas por el gobierno.

El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, quien denunció en marzo pasado la situación de represión en su país, dijo a la Afp que teme que el gobierno ‘encarcele a los líderes religiosos’, aunque precisa ‘la represión es un bumerang. Cuando aumentas la represión y la crueldad eso te desnuda como dictador’