Lunes 8 de Agosto de 2022

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COMUNICACIÓN

3 de abril de 2022

Comunicado de la Cumbre Agraria, Campesina, Etnica y Popular

COLOMBIA:
La cumbre Agraria, campesina, etnica y popular en el marco de una performance realizada en Bogotá a fin de visibilizar las distintas realidades que vulneran los Derechos Humanos en ese pais. Luego emitió un comunicado que reproducimos a continuación.

COMUNICADO SOBRE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

31 de marzo de 2022

Las organizaciones que integramos la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, alertamos sobre el incremento de agresiones en contra del movimiento político, social y popular colombiano que, por su sistematicidad y permanencia se constituyen en prácticas genocidas. Rechazamos la forma como se desarrolla la política e implementa un modelo de despojo y saqueo que aumenta la pobreza, la destrucción de los territorios e incrementa el conflicto en el país. Denunciamos las temerarias, irresponsables e injustas declaraciones que contienen graves señalamientos, estigmatizaciones y amenazas, que pretenden legitimar detenciones arbitrarias, homicidios, desapariciones forzadas y torturas cometidos en contra de docentes, sindicalistas, campesinos, indígenas, pueblos negros, mujeres, estudiantes, jóvenes y sectores populares pertenecientes a organizaciones, procesos y comunidades que hacen parte de la CACEP. Consternados e indignadas, rechazamos y denunciamos el homicidio de nuestros compañeros TEOFILO MANUEL ACUÑA FORERO y JORGE ALBERTO TAFUR ACUÑA, líderes campesinos y defensores de Derechos Humanos integrantes del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario y del Comité Nacional de Paro. Y exigimos se adelanten las investigaciones pertinentes a fin de garantizar verdad, justicia, reparación y la no repetición de estos hechos que enlutan a los procesos populares. Igualmente, denunciamos que no cesan las violaciones a la vida, la integridad y la libertad en contra de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, personas en proceso de reincorporación, pueblos y comunidades en territorios rurales y urbanos de Colombia. Resaltamos que, desde que se suscribió el acuerdo de Paz, se han cometido 1358 homicidios en contra de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos (59 se han registrado en el año 2022), de los cuales 483 fueron cometidos en contra de integrantes de la CACEP. Así mismo se han presentado 330 homicidios de firmantes del acuerdo de paz, 12 de ellos en el año 2022. El incremento de las masacres, en el año 2021 se presentaron 97 en las que fueron asesinadas 346 personas, y en lo corrido del año 2022 ya se han presentado 27 con más de 86 personas asesinadas. A lo que se suma los 131.000 desplazamientos forzados internos que se registraron en el año 2021. Se continúan registrando detenciones arbitrarias motivadas políticamente, los montajes y falsos positivos judiciales contra personas que ejercen liderazgo social y contra quienes participan de jornadas de protesta en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, a lo cual exigimos respeto al debido proceso y libertad inmediata de las personas que han sido judicializadas por ejercer su derecho a la protesta social. En un accionar de la Unidad Nacional de Protección UNP abiertamente ilegal y negligente, de ineficiencia y falta de capacidad administrativa, con serios visos de corrupción, que a diario ponen en riesgo a líderes y lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos en el país, incrementando las dificultades en la implementación adecuada de medidas materiales de protección para personas que se encuentran en situaciones de riesgo y el desmonte de medidas individuales y colectivas de protección, generan un riesgo inminente. Situaciones que, pese a las gestiones y denuncias aún se mantienen con el silencio cómplice de los órganos de control. 2 En el marco de la Protesta social, hemos evidenciado como agentes de la Policía Nacional de forma sistemática y generalizada vulneran derechos humanos, continuando con el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza y el tratamiento militar a quienes ejercen el derecho constitucional a la protesta social, y las violaciones cometidas por la fuerza pública -en el marco del Paro Nacional- siguen en su inmensa mayoría en la impunidad. A diario se incrementan los reportes de agresiones que dejan heridos, detenidos, asesinados, al igual que ataques a personas protegidas. El PNIS y los acuerdos voluntarios de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se han incumplido por parte del gobierno colombiano, quienes a pesar de las sentencias de la corte constitucional y de tribunales superiores, insisten en la erradicación forzadas y aspersiones aéreas con glifosato, ejercen violencia directa en contra de campesinos, indígenas y negros en los procesos de erradicación forzada, que nos ha arrebatado la vida y la tranquilidad a esas familias y comunidades que esperan una solución negociada. El reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley ha permeado los territorios, donde las principales víctimas son menores de edad, a esto se le suma el reclutamiento por parte de las FFMM, donde desconociendo las causales previstas para no prestar servicio militar obligatorio han enfilado a jóvenes de comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas y objetores de conciencia. Las comunidades rurales continuamos padeciendo el incremento de las masacres, homicidios, las amenazas, los ataques indiscriminados, los ataques a bienes civiles, culturales e indispensables para la población civil, los confinamientos y los desplazamientos forzados en el marco del incremento de acciones arbitrarias e ilegales en el marco del conflicto armado interno. Al igual que del incremento exponencial del accionar de los grupos Paramilitares y de falsos positivos, en un contexto de grandes alianzas de integrantes activos o retirados de instituciones estatales que dirigen, apoyan, protegen y fortalecen los grupos criminales o encubren las acciones de integrantes de la fuerza pública. En este contexto fue sancionada la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, hoy insistimos en que dicha ley afecta derechos fundamentales como la vida y la integridad personal, criminaliza el derecho a la protesta social además de afectarla en el sentido de desconocer la identidad cultural de comunidades y pueblos campesinos, indígenas y pueblos negros al prohibir elementos propios de su cultura en espacios de movilización. Por lo cual anunciamos que adelantaremos acciones políticas y jurídicas unitarias en rechazo de esta ley que pone en riesgo la democracia colombiana. Hoy continuamos demandando del gobierno Nacional que cese la estigmatización, represión y criminalización de la protesta social, así como la persecución política y judicial contra los liderazgos sociales. Exigimos se adelanten acciones eficaces y efectivas por parte de las entidades e instituciones del Estado Colombiano que garanticen la vida, la integridad y la libertad personal. Reclamamos se establezcan garantías para el ejercicio de la protesta social, de conformidad con las recomendaciones de los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD sobre las violencias en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020, el de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el paro nacional iniciado el 28 de abril del año 2021 y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2021. Continuaremos luchando por el derecho a la vida, por la permanencia de las comunidades en los territorios y el desarrollo de nuestras formas de gobierno y autonomías, a la movilización como expresión democrática para exigir soluciones a los graves problemas sociales que nos aquejan y seguiremos trabajando por la democracia y la paz.

 

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR – CACE



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