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MEDIOAMBIENTE

27 de marzo de 2022

Resistencia a la Autovía-Ruta 5 que avanza sobre el monte nativo en Córdoba

ARGENTINA:
La Asamblea de vecinos de Paravachasca denuncia el avance de la obra impulsada por el gobierno de Córdoba, que contempla atravesar zonas de conservación de bosques en una zona donde se perdieron 30 mil hectáreas entre 2020 y 2021. El estudio de impacto ambiental aprobado cuenta con varias inconsistencias y la audiencia pública realizada en agosto pasado resultó en un abrumador rechazo al proyecto.

Por Asamblea Paravachasca

 

Las vecinas y vecinos del Valle de Paravachasca realizan acciones de resistencia pacífica frente al avance ilegal de la obra de la Autovía-Ruta 5, que está realizando la empresa provincial Caminos de las Sierras. Bajo la excusa de agilizar el tránsito turístico, busca facilitar la circulación del transporte de cargas para la extracción de áridos y otros bienes comunes del territorio. Las topadoras ya comenzaron a trabajar aun cuando está en trámite un amparo ambiental colectivo y a pesar de que, en la irregular audiencia pública virtual realizada en 2021, el 90 por ciento de la población rechazó esta obra por razones ambientales, legales y socioculturales. Entre el 12 y 15 de marzo, la asamblea montó un acampe para paralizar las obras del tramo licitado a la empresa Paolini Hermanos S.A. El Poder Judicial ordenó un operativo policial para desalojar a los vecinos y vecinas.

El Valle de Paravachasca se ubica en las sierras de Córdoba, 30 kilómetros al sur de la ciudad capital y habitado por más de 70 mil vecinas y vecinos. Sobre el valle se viene ejerciendo y profundizando una enorme presión extractivistadesmontes, incendios forestales, fumigaciones con agrotóxicos, especulación inmobiliaria por parte de megaempresas desarrollistas, minería de canteras, contaminación de los ríos y arroyos, falta de acceso al agua y proliferación de basurales.

Es en este valle, el gobierno de Córdoba, a través de la empresa estatal Caminos de las Sierras S.A, avanza con la construcción de una autovía de 28 kilómetros de extensión, que atraviesa zonas de alto y mediano valor de conservación, de acuerdo a las categoría I y II del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 9814). La autovía también atraviesa cuencas hídricas (río Anisacate y arroyos tributarios) y sectores frecuentemente incendiados: más de 30 mil hectáreas de bosque nativo fueron incendiadas en Paravachasca entre el 2020 y 2021

La obra está presupuestada en más de 80 millones de dólares y se realiza con fondos públicos y con financiamiento del Gobierno Nacional. Desde que el gobierno de Juan Schiaretti envió a la Legislatura provincial el proyecto de autovía, aprobado por mayoría en diciembre de 2020, las vecinas y vecinos organizados en la Asamblea Paravachasca comenzaron a solicitar el acceso público a la información de impacto ambiental de la obra a los gobiernos locales y provincial  sin ningún tipo de respuesta ni proceso de participación ciudadana.

Autovía-Ruta 5, un camino (i)legal

El 5 de agosto de 2021, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de Córdoba, a cargo del juez Leonardo Massimino, aceptó el amparo ambiental colectivo presentado por los habitantes de Paravachasca, pero desde entonces no emitió dictamen. El expediente detalla en más de 200 páginas, las innumerables inconsistencias ambientales, técnicas, administrativas y legales del estudio de impacto ambiental  y todo el proyecto de esta obra.

Mediante el amparo se solicitó la nulidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la suspensión de la audiencia pública digital que, finalmente, se realizó en agosto pasado. Las razones para solicitar la nulidad de la audiencia pública —única instancia de intervención ciudadana, no vinculante— se debía a que ésta excluye a las y los vecinos que no disponen de los medios económicos y tecnológicos ni los conocimientos pertinentes, y por ende, al debido acceso y participación al proceso previsto por la Ley Provincial N° 10.208, cuyo principal objeto es el de garantizar que la comunidad provincial, como sujeto y objeto del desarrollo sostenible, se involucre y respalde la supervisión, control y fiscalización ambiental.

Esto quedó demostrado durante el proceso de inscripción y audiencia, en el que abundaron los testimonios de vecinos y vecinas que nunca pudieron anotarse o que fueron víctimas de los muchos inconvenientes de conexión o falta de información para acceder a la plataforma virtual. Situación que viola lo que establece la ley nacional  27.566, con la que el Estado argentino adhirió al Acuerdo de Escazú, en relación al derecho a la justicia ambiental, a la información pública y participación ciudadana. 

El amparo también apuntó a la situación de fondo: solicitó la nulidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental presentado por Caminos de las Sierras, debido a que presenta graves inconsistencias e irregularidades —expresadas y expuestas en la audiencia pública virtual—. Entre ellas: la traza sobre la que se realiza la autovía, los métodos de evaluación, los efectos socioambientales no evaluados, el alcance del área de influencia de la traza y el área de afectación. Otras inconsistencias son la ausencia de bibliografía anexa y fragmentos de textos cuya autoría no presenta cita de referencia.

A pesar de todas estas irregularidades, la Secretaría de Ambiente otorgó en septiembre de 2021 la licencia ambiental para que Caminos de las Sierras avance con el proyecto.

 

Entre negociados y adjudicaciones

La traza de la Autovía-Ruta 5 fue decidida por el gobierno de Córdoba, diseñada por Caminos de las Sierras y respaldada por jefes y jefas comunales sin ningún tipo de consulta a las comunidades. En tanto, la obra fue adjudicada a las mismas empresas que históricamente vienen haciendo negociados de obras públicas con Schiaretti: José Juan Chediack, Boeto y Buttigliengo SA y Paolini Hermanos SA. Hasta la fecha se han licitado y adjudicado tres de los cuatro tramos proyectados. 

En las licitaciones, publicadas en el boletín oficial, se observa la coincidencia en los valores presentados por las tres constructoras oferentes en los tres tramos licitados. Esto evidencia que las empresas han decidido repartirse la obra más allá de que se presenta como un proceso licitatorio regularEl valor inicial anunciado de la obra era de aproximadamente 64 millones de dólares, que luego se elevó a 80 millones de dólares y cuenta con una proyección final de costos que estará alrededor de 90 millones de dólares. Se trata de los importes hasta ahora aprobados para los tres tramos licitados, los cuales probablemente reciban pedidos de ajustes con los cuales el costo será aún mayor. 

El valor promedio por kilómetro de obra, según los tramos ya licitados y adjudicados, es de 3,25 millones de dólares el kilómetro. La cifra es el promedio de tramos que superan los 6 millones de dólares el kilómetro con otros que se acercan a los 2 millones. El valor promedio, según diversos estudios en la Argentina, para la construcción de autovías ronda el millón de dólares el kilómetro. 

En tanto, el valor promedio por kilómetro de autovías en Latinoamérica —comparando países como México, Perú y Bolivia— ronda los 1,25 millones de dólares. Por último, el valor promedio por kilómetro de autovías en países de Europa —Alemania, Grecia, España y Polonia— ronda los 180.000 dólares. Las cifras implican que el costo de la Autovía-Ruta 5 de Paravachasca es 18 veces mayor que el costo promedio en Europa, 3 veces mayor que el costo promedio en Latinoamérica y casi 3 veces mayor que el costo promedio en el resto de la Argentina.

 

Acampe en defensa del monte

Frente al inicio de las obras de desmonte, el sábado 12 de marzo se realizó una reunión informativa al costado de la Ruta 5, en el kilómetro 46. Allí, la constructora Paolini Hermanos ya había comenzado a avanzar sobre el monte nativo y la cuenca hídrica. Ante la inminente y numerosa presencia policial, se montó un acampe que paralizó el trabajo de las máquinas hasta el martes 15 de marzo, cuando las vecinas y vecinos de la asamblea fueron desalojados por una orden del fiscal Diego Fernández de Alta Gracia

Fernández sostuvo en su oficio que eran las familias que participan del acampe las que estaban cometiendo un delito al no dejar que las topadoras avancen. Este desalojo implicó un amplio despliegue de las fuerzas policiales —más de 70 uniformados—, con caballos, escudos y armas de fuego, intimidando a quienes se manifestaban pacíficamente en el lugar. 

El desalojo fue pacífico porque desde la asamblea se decidió preservar la integridad física de las familias y buscar otras formas de confrontación con este proyecto extractivista y de devastación del ambiente. 

La salida es colectiva y participativa

Las vecinos y vecinos insisten en que hay opciones y soluciones reales a los problemas de tránsito y que no tienen que ver con proyectos destructivos, onerosos y generadores de deuda pública. La solución vial se encuentra en los procesos participativos y de consulta a la comunidad. 

En ese sentido, la asamblea advierte que serán las autoridades comunales y municipales de Paravachasca, las responsables directas por acción u omisión de la falta de agua, del incremento constante de incendios forestales y de la pérdida de calidad de vida que se van a profundizar como consecuencia de este proyecto de Autovía.

No hay remediación posible para el deterioro irreversible que están generando las topadoras, la inminente explosión demográfica que incentiva esta traza favoreciendo inevitablemente los negocios inmobiliarios extractivistas —que ya se visualizan en todo Paravachasca— y los impactos irremediables que va tener sobre la biodiversidad del territorio y las comunidades afectadas.



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