Por Antonella Risso (*)

El 2022 arrancó con múltiples conflictos ambientales reavivados. Las asambleas ambientales, algunas con ya 20 años o más de trabajo, llegaron a las tapas de algunos medios “nacionales”. Los gobiernos de turno son los responsables de estos conflictos en la opinión de quien escribe. La falta de conocimiento del contexto local es realmente sorprendente y la distancia entre el discurso y la práctica es enorme en muchos casos.

La megaminería “va a ser verde” , dicen. Pero no se aclara cómo ocurriría en provincias en crisis hídrica ni se explica cómo sería en cada proyecto minero que se pretenden ejecutar. Esa megaminería “ verde" pretendió entrar a Chubut en una sesión extraordinaria, cuando el tratamiento de la denominada “zonificación minera” no estaba en el temario original. En esa misma sesión se modificó la composición del Tribunal Superior de Justicia y, días antes, la ley que reglamenta la acción de amparo.

Todo ocurrió en una semana. Lo que hizo el gobierno provincial con apoyo del gobierno nacional es exactamente lo contrario a lo que debería hacerse para ganar credibilidad y confianza. Los datos sobre potenciales exportaciones, las promesas de control estricto y la necesidad de pagar la deuda no son suficientes en territorios con ya décadas de conflicto. Las asambleas de la provincia lanzaron, poco después de conseguir la derogación de la “zonificación minera” , la tercera iniciativa popular como respuesta a las acciones de gobierno provincial. Eso es Chubut hoy. 

En la campaña durante las elecciones de medio término vimos un video que decía “Ley de humedales ya”, campaña que protagonizan organizaciones socioambientales con muchos años de trabajo a sus espaldas y en los territorios. El video era del partido gobernante, pero la ley no salió, los incendios en zonas de humedales no pararon y respirar humo se volvió costumbre para algunas poblaciones. Se volvió costumbre, y no tenemos datos de calidad de aire confiables, ni tenemos información clara sobre el impacto de esta contaminación en poblaciones vulnerables en plena pandemia por un virus que afecta al sistema respiratorio. Se anunció una y otra vez en foros internacionales que se iba a volver delito a los incendios forestales y aquí estamos, sin delito ni sanciones claras para quienes siguen prendiendo fuego bosques y pastizales, generando daño que claramente es a nivel colectivo y a la salud pública. 

A mediados de 2021 ocurrió una audiencia pública histórica, a la que le siguió una resolución también histórica del Ministerio de Ambiente de la Nación, que parecía abrir el pedido de un plan de transición energética antes de seguir aprobando proyectos de exploración de petróleo y gas. Sin embargo, el 30 de diciembre, buscando pasar desapercibido en el último día hábil del año, el Gobierno dejó sin efecto a la resolución que suspendía la exploración sísmica en la Cuenca Argentina Norte frente a las costas de Mar del Plata y dio por aprobados los proyectos de exploración off shore.

Inmediatamente se reavivó otro conflicto ambiental en la costa atlántica bonaerense, seguido por múltiples presentaciones judiciales que cuestionaron el retroceso dado en diciembre. El viernes 11 de febrero, la Justicia Federal suspendió la decisión del Gobierno. El plan de transición energética no está, pero el Gobierno impulsa el proyecto de exploración offshore sin saber si es o no compatible con los compromisos asumidos sobre reducción de gases de efecto invernadero, ni qué presentó la empresa interesada (Equinor) para dar respuesta a las múltiples preguntas planteadas en aquella audiencia pública, incluso por el propio Estado.

Nada extraordinario en materia ambiental

A fines de enero, conocimos la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias. El proyecto de Ley de Humedales, finalmente, perdió estado parlamentario al quedar afuera de la agenda propuesta por el Poder Ejecutivo y la Ley de Hidrocarburos quedó también fuera de los proyectos a tratar en febrero. El proyecto de hidrocarburos fue cuestionado originalmente hasta por las provincias productoras de petróleo y gas, no solo por parte del ambientalismo. El texto presentado originalmente no habla de los controles que deberían hacerse desde los máximos organismos en materia ambiental (sí de autorizaciones desde Energía), ni del rol de las provincias, ni de la transparencia en los controles estrictos de los que tanto se habla últimamente.

Es más, va en línea con quitarle controles al Ministerio de Ambiente y dárselos a la Secretaría de Energía, lo que contribuiría bien poco a contribuir confianza en los controles. Ni hablar de la transición energética y de aprobar y favorecer, con financiamiento público, explotaciones que pueden no ser compatibles con los compromisos asumidos en las cumbres de cambio climático. En un texto que da estabilidad fiscal hasta más allá de 2040 a los proyectos petroleros y gasíferos, es por lo menos preocupante que los compromisos oficiales a 2030 y 2050 no formen parte del texto y las palabras cambio climático no figuren ni una sola vez. 

Como buen reflejo de lo anterior, el proyecto de Presupuesto Nacional, que no se aprobó en el Congreso, muestra el nivel de organización y prioridad que tienen los distintos temas ambientales y de cambio climático para el Poder Ejecutivo nacional. En la sección Ambiente Sostenible y Cambio Climático (página 140 del Presupuesto) podemos ver qué pocas son las partidas organizadas y publicadas bajo estos títulos. Cualquiera que trabaja en estos temas sabe que son más en realidad, así como también sabemos de lo insuficiente de la inversión actual. No aparecieron la transición energética, la electromovilidad ni los humedales en el proyecto de Presupuesto. 

¿Cómo medimos el “desarrollo”?

A pesar de todo, algo bueno de esto va a salir. Empezamos a discutir, por fin, la transición energética, cómo se miden los riesgos ambientales y también cómo deberíamos evaluarlos. Además discutimos quiénes y cómo se debería participar de la aprobación y control de las actividades que tienen impacto mucho más allá del territorio de un municipio o provincia. Personas que no dedican sus días a “lo ambiental” , empezaron a escribir y pensar el desarrollo en tiempos de crisis climática y ambiental. Quizás tengamos pronto una Ley de Electromovilidad y tendremos otros avances mientras intentamos acordar una trayectoria de desarrollo realmente sostenible. 

Todo esto sucede al mismo tiempo que una investigación nos cuenta que hemos atravesado también el límite de contaminación química debido, principalmente, a los plásticos, pero no únicamente. El límite ambiental de químicos no era posible de ser evaluado cuando se publicó la primera evaluación de los límites planetarios, pero sí estaban ya evaluados otros. Este límite y otros se utilizan para evaluar la compatibilidad del desarrollo económico con el funcionamiento de sistemas críticos para la existencia de nuestras sociedades a partir de una metodología que se conoce como “la economía de la dona”. El modelo creado por la economista británica Kate Raworth busca expresar cómo la actividad económica debe satisfacer las necesidades básicas de manera equitativa y en equilibrio con el planeta.

¿Qué ocurre si consultemos estos indicadores para ver en qué situación está la Argentina? Todos los indicadores —entre los años 1992 y 2015— utilizados para elaborar las “donas” pueden ser consultados online, así como los valores de referencia que se utilizan para evaluar desarrollo social y límites planetarios en el trabajo que lidera la Universidad de Leeds.

Lo que se ve en rojo son límites que se han sobrepasado para la parte ambiental externa (el soporte del sistema), y en la parte interna, las metas sociales y económicas alcanzadas o no. Como se puede ver, ya en 1992 Argentina como muchos otros países también, sobrepasaban algunos límites planetarios. En 2015 la evaluación nos dice que esa situación solo empeoró. Debajo podemos ver a la tan citada Noruega. Quienes lideran esta investigación publicaron, hace pocos años, que sus resultados deberían servir para ver que ninguno de los países que denominamos “desarrollados” deberían verse así. ¿Es ser un país “desarrollado” en 2022 seguir recetas que implican el colapso ecológico y también social para muchos millones de personas?

Como se ve en la imagen, el “desarrollo” noruego tenía en rojo casi todos los límites en 2015. Y el que no estaba por sobre los límites, simplemente, no está evaluado. ¿Es ese el norte a seguir entonces? Para millones de personas ya no lo es. Lo que pedimos entonces, es poder revisar las recetas, definir qué significa el desarrollo o la prosperidad en nuestros territorios, acordarlo y caminar. Rawoth —quien propuso el modelo de la “dona económica ”— habla de “prosperidad” y no de “desarrollo” , y propone comenzar las discusiones pensando qué significa prosperar para cada lugar y sus habitantes. Construir confianza será indispensable y para eso, necesitamos muchos mejores mecanismos de participación pública y control ciudadano. 

Todo este descontrol planetario a nivel ambiental y climático debería servir para revisar toda receta conocida de desarrollo si pretendemos resultados diferentes en unas décadas. Para poder construir y debatir de manera honesta, necesitamos información de calidad y actualizada, debates abiertos, necesitamos una escucha atenta y dejar atrás a muchas de las recetas que generaron la situación actual, en la que hemos sobrepasado todo límite planetario que se ha podido medir sin lograr prosperidad para toda la población. 

Si seguimos con las mismas prácticas de los últimos meses a nivel nacional, todo indica que los conflictos solo van a seguir multiplicándose. Todo proyecto con potencial impacto ambiental irreversible que no pueda demostrar ser compatible con los compromisos asumidos frente al cambio climático o que no sea percibido como progreso real para la población, va a generar resistencia en los territorios. Un nuevo año que comienza es una buena oportunidad para dejar a lo viejo atrás, ¿no?

(*) Licenciada en Gestión Ambiental y maestranda en Derecho, Economía y Cambio Climático.