En una carta firmada por los monseñores Juan Carlos Barreto del Chocó, Hugo Torres de Apartadó, Mario de Jesús Álvarez de Itsmina-Tadó y algunos miembros de la sociedad civil, se solicita una reunión urgente con el alto gobierno y se reiteran las denuncias acerca de las permanentes alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en el Chocó, que han generado una crisis humanitaria.

Cabe resaltar, que estas alianzas evidentemente tocan al Urabá. Durante varias visitas humanitarias realizadas por la Iglesia durante el año 2021 lograron determinar vínculos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Brigada XVII, de la VII División del Ejército Nacional.

La ONG Corpades y este portal de noticias, Análisis Urbano, en el artículo periodístico “La Serranía del Abibe y el Nudo del Paramillo: la república independiente de las AGC”, evidenciaron  un comportamiento similar.

Miembros de la Brigada XVII podrían tener vínculos con las AGC a través de alias “Tierra” quien fuera el que realizaba el pago de nómina paralela a miembros de la Fuerza Pública. Hechos que nunca han sido investigados por la justicia pero que siguen dejando varios cuestionamientos sobre esa brigada de la VII División.

La facilidad logística y militar con la que se mueven las AGC en el Urabá también ha sido denunciada por la Comunidad de Paz.  El pasado 17 de diciembre, un comando paramilitar de las AGC ingresó a la vereda La Balsa y asesinó al líder social Huber Velásquez.

Lo claro es que el Plan de Desarrollo del Presidente Iván Duque, llamado “Paz con legalidad”, está permitiendo que la ilegalidad siga copando amplias zonas del país con el consentimiento de la fuerza pública. Por una parte, la violencia se ha incrementado, y a eso se le suma que presuntamente los nexos entre grupos paramilitares y el Estado  se mantienen como una estrategia de guerra.

Recientemente la Revista Cambio y Noticias Uno develaron que el general Jorge Hernando Herrera Díaz, excomandante de la Sexta División del Ejército Nacional, mantenía vínculos financieros y de narcotráfico con la estructura denominada “Los Pocillo”.

Además, la Fiscalía General de la Nación tendría pruebas que involucran al cuestionado General (r) Leonardo Barrero. En 663 páginas la inteligencia estatal identifica a este excomandante bajo el seudónimo ‘El Padrino’, quien sería el nexo directo con la organización paramafiosa de “La Cordillera”, que delinque en Nariño. Otros generales podrían estar relacionados con estas alianzas.

Al respecto el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Diego Cancino, publicó en su cuenta de Twitter: “El mismo general del Ejército que le decía guerrilleros a campesinos y que @IvanDuque defendió como director del plan de protección de líderes sociales, es quien filtraba información al Clan del Golfo, según @FiscaliaCol”

Mientras el Comandante de la Fuerza de tarea Conjunta TITAN, brigadier general Óscar Murillo, solicita que el clero del Chocó se retracte por denunciar los nexos y alianzas entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares. Lo cuestionable es que hasta el momento  no se han iniciado las investigaciones para verificar la autenticidad de las denuncias realizadas.

Por su parte, la Iglesia Católica, otras Iglesias, organizaciones etnicoterritoriales  y organizaciones sociales del Chocó y Occidente de Antioquia, enviaron una carta al presidente Iván Duque. En ella, solicitan una reunión de urgencia con las autoridades del alto nivel del Gobierno Nacional para, en compañía del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) y garantes de la comunidad internacional, entre ellas la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, buscar soluciones inmediatas a la crisis humanitaria que padece el Chocó.

Ellos reiteran la preocupación por las alianzas entre Ejército y AGC. Cabe mencionar que, en Chocó y en el Urabá, está la estrategia fundada por Rito Alejo del Rio en los años noventa y se ha mantenido hasta nuestros días.

FUENTE: Analisis Urbano