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IGLESIA

10 de febrero de 2022

Solidaridad con Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura,

Colombia
Solidaridad ante amenazas de muerte al Obispo de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo, se han hecho sentir luego de conocerse las versiones del prelado, quien ha manifestado ante medios de prensa un posible plan para callar su voz.

En este  sentido al menos  catorce obispos de la iglesia católica colombiana estuvieron dos días en la ciudad-puerto, brindándole acompañamiento y respaldo al obispo de esta diócesis del Pacífico.

De acuerdo a lo expresado por el jerarca,  las amenazas  se conocen  desde el año pasado, cuando alguien se acercó a un sacerdote y le manifestó que le habían ofrecido un dinero, unas personas de una camioneta, para matar al Obispo de Buenaventura “porque estaba hablando mucho”. Pero él dijo que no hacía eso porque sabía que era algo grave.

El sicario se habría  negado a aceptar la tarea  criminal porque al parecer su abuela era muy católica, contándole  a un sacerdote y ahí se empezó a develar todo.

Aparte de lo anterior según relató el obispo a un medio de prensa de la capital vallecaucana, “posteriormente  un periodista le dijo que lo habían llamado a una entrevista en un barrio considerado de gran peligrosidad  como lo es el  Muro Yusti, y le dijeron que “el Obispo estaba hablando muchas cosas, que era mejor callarlo”.

También  ahora hay un WhatsApp donde dice que le van a poner una bomba al Obispo.

Este hecho se asocia a un recurrente operar de las bandas criminales, quienes ante la manifestación de denuncias y rechazo por sus acciones, buscan intimidar y silenciar las voces de los denunciantes, situaciones que en el caso de la representantes de la iglesia  Católicas, no es la primera vez que se presenta,  recordando  que el anterior obispo Héctor Epalza q.e.p.d, ,de grata recordación por su  gran labor pastoral y humanitaria, también llegó a estar amenazado cuando  en su momento salió a denunciar las atrocidades  que se  estaban cometiendo.

De otra parte a  partir de la ola de crímenes, el desplazamiento forzado de población y el agravamiento de la situación de violencia, se ha reforzado la presencia de la fuerza pública en el puerto  con alrededor de 800 hombres de la policía (el doble que había), más un batallón, con sobrevuelos de helicópteros y a pesar  que han bajado  los homicidios y la presión de las bandas, aún  se sigue extorsionando en toda la ciudad y prácticamente todos los productos están con un sobreprecio impuesto por ellos, para sus fines, apunta el obispo.

De acuerdo a lo anotado por el pastor Diocesano de la ciudad portuaria, ”si la situación,  no se ataca de una manera radical, es muy difícil, porque le genera muchos millones por el narcotráfico y la extorsión a estas personas”.

Los niveles de pobreza y desatención en las necesidades básicas de un grueso de la población termina siendo el combustible que alimenta a estos grupos criminales que se surten de una población juvenil desempleada a la espera de oportunidades y con pocas expectativas hacia el futuro.

De otro lado está la conciliación entre la realización de los macroproyectos,como son los terminales portuarios que se proyectan,al menos 15,de los cuales ya hay cuatro, obras que deben contemplar a unas comunidades que tradicionalmente han vivido en estos lugares, como   los esteros y bajamar,quienes viven  en buena parte  de la pesca y que al tener que salir de allí y desaparecer su fuente de manutención  van a quedar como unos nuevos desplazados más.

Información de apoyo tomada de diario El País.



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