A las cuatro de la mañana, Reinaldo Roa se levanta de su colchón hecho de pasto y hierbas medicinales y enciende un fuego para calentar una pava grande de hierro y tomar el primer mate del día. Luego, camina. Se dirige al Mborevi Rape (del guaraní, “camino del Tapir”) y al Camino del Yaguareté, dos recorridos por el territorio comunitario Punta Querandí que trazó con sus propias manos. Cada vez que puede cuida estos caminos tirando las malezas y hablándole a las plantas, una costumbre que adquirió en la selva amazónica -donde nació- y busca preservar. Luego se dirige al “Opy” -templo en guaraní- para escuchar las voces de los seres superiores.

Reinaldo pertenece al pueblo guaraní, ubicado históricamente en el nordeste y noroeste argentinos, la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Bolivia, el sudoeste de Brasil y el norte de Uruguay. Este es uno de los pueblos que, junto a kollas, qom y criolles, habitan Punta Querandí, un territorio comunitario conformado por 10 familias y emplazado en la localidad de Dique Luján, del partido de Tigre, al límite con el municipio de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

“Convocados por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, Punta Querandí comenzó a constituirse en 2004 tras el descubrimiento de restos arqueológicos de comunidades originarias y la destrucción del cementerio indígena “Sitio Garín” en 2000 por la construcción del barrio cerrado o country Santa Catalina, de la empresa desarrolladora Eidico. Desde entonces, la comunidad Punta Querandí resistió a la expansión de las megaurbanizaciones que arrasan los territorios sagrados y modifican los humedales trayendo efectos nocivos en la biodiversidad y obtuvo grandes victorias. Sin embargo, su lucha continúa con la conformación de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar y los reclamos por el reconocimiento de las actividades y los territorios que habitan las comunidades que la conforman.

El tercer domingo de octubre de este año, Reinaldo tiene las uñas manchadas de color marrón porque olvidó usar guantes cuando en la semana le tiñó el pelo a una mujer. Desde 1972, el integrante del Consejo de Ancianos de Punta Querandí es peluquero. Hizo parte de la Unión de Peinadores de la República Argentina (UPA) y participó en torneos en el Hotel Bauen y el Sheraton, entre otros. Llegó a ganar trece trofeos: hace unos años los tiró a todos porque su percepción sobre la vida dio un vuelco. 

“Yo desde 2013 que estoy acá, nunca falté. Mi creador me dejó para defender esto”, explica Reinaldo a un grupo de personas que forman un círculo sentadas en el pasto de Punta Querandí. Ese día, viste una camisa manga corta de colores claros sobre una remera violeta y un pantalón de gaucho sujetado por un cinturón de colores confeccionado por él, mientras cruza su frente y cabellera larga blanca una vincha. “Más largo tenés el pelo, mayor es la extensión del pensamiento”, dice Roa, mientras combina la sobriedad con la risa de forma constante porque “el guaraní siempre ríe”, aclara.

Les integrantes de la comunidad viven en localidades cercanas a Punta Querandí. Una vez a la semana, un grupo que varía entre una y tres personas mantiene y protege el lugar para hacer guardias, mientras que los domingos se reúnen todes para compartir las labores. Así, desarrollan una huerta agroecológica, cuidan y alimentan a las gallinas que corren por el lugar, cargan el agua que llega desde el municipio, cortan el pasto y quitan las malezas, mientras continúan construyendo los espacios sociales al servicio de sus gentes. Actualmente en el territorio hay dos salones, una cocina, el Museo Autónomo de Gestión Indígena, un vivero, una huerta, la maloka o vivienda ancestral comunitaria, el Opy y la Apacheta, un terreno para las gallinas y un taller en construcción.

En Punta Querandí levantaron sus propios espacios ceremoniales conforme a las culturas que lo habitan. Por un lado está la Apacheta, un altar de tradición andina elaborado con piedras que forman una torre como ofrenda a la Pachamama o las deidades del lugar, y por el otro, el Opy, que es el lugar sagrado para la cultura guaraní, de barro y paja. En ellos se realizan ceremonias durante distintos momentos del año como el Inti Raymi (junio), las ofrendas a la Pachamama (agosto), Ara Pyhau (septiembre), Aya Markay Quilla (noviembre) y Nemomgarai (enero). En el Opy se hacen las celebraciones de septiembre, con el inicio de la siembra, y en enero, cuando se cosecha lo sembrado. Se festeja con una comida compartida y también se realizan las ceremonias de casamiento de integrantes de la comunidad y de asignación de nombres a les niñes entre 5 y 6 años según su carácter: “Si tiene caracter fuerte decimos que tiene alma de yaguareté; si es bondadoso, tiene el alma del colibrí o de la mariposa; y si es inquieto, molesto, alma de mono”, explica Reinaldo. También dice que el Opy “se abre solamente cuando se hace la ceremonia o cuando uno está muy mal y quiere conectarse con nuestro Creador”. En 2017 lograron terminar su construcción, luego de haber sufrido dos atentados anteriormente que lo destruyeron en ambas oportunidades. Si bien desde la comunidad apuntan a Eidico como autor del hecho, esta responsabilidad no se investigó hasta el momento.

“Nuestra cultura es muy diferente a la cultura impuesta”, dice Reinaldo. Desde el suelo, con los músculos desprovistos de tensión y una mirada hacia un lugar indefinido que por momentos se posa sobre los ojos de quienes lo observan con detenimiento, continúa: “Es respeto, es no destruir; no matar por matar, ni cortar por cortar. Hablar con el árbol, dar las gracias. Todo lo que hay cumple una función. El árbol da sombra, oxígeno, frutos, te sostiene la tierra. Pero está la cultura de la muerte. Está la cultura que avanza en el campo tecnológico y nosotros, que avanzamos en la parte menos visible: defender la naturaleza”.

Los embates territoriales

En Argentina, El Estado Nacional de Argentina tiene 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I): Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk'Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Qom, Tonokoté, Vilela, Wichí. Además, 1.653 Comunidades Indígenas fueron identificadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre las cuales 1.456 registraron su personería jurídica en el Re.Na.C.I. o en los Registros Provinciales. 

Si bien en el país existe la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, esta fue aprobada en 2006 para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de estos grupos humanos. Por lo tanto fue sancionada por un plazo limitado de cuatro años y luego prorrogada en cuatro oportunidades (2009, 2013, 2017 y recientemente a partir del Decreto 805 en 2021). La ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y, fundamentalmente, suspende los desalojo de comunidades indígenas inscriptas en el Re.Na.C.I hasta que se realice un relevamiento territorial. “Más que una prórroga dentro de cuatro años, es necesaria una ley permanente ya que las comunidades están esperando ser reconocidas y visibilizadas para salir a la luz”, afirma el antropólogo egresado de la Universidad de La Plata, Fernando Pepe. 

Para llegar a Punta Querandí a pie, transporte público o auto es necesario hacerlo desde la calle de tierra llamada Brasil y atravesar en un bote precario el arroyo Garín. Esto se debe a que en 2015 se cayó un puente que conectaba las superficies de tierra y a que el barrio cerrado San Benito -construido por la desarrolladora Eidico y llamado así en homenaje al Papa Benedicto XVI- ocupa un acceso vehicular que permitiría el ingreso al territorio, pero que hoy se ve restringido. 

Sobre este bloqueo de acceso público a la comunidad Punta Querandí, desde el gobierno del municipio de Escobar, cuyo intendente es Ariel Sujarchuk, informaron a este medio que el municipio se encuentra tomando acciones legales contra la empresa Eidico por mantener cerrado el acceso al territorio ancestral. Por su parte, al ser consultado sobre qué sucederá con este acceso, Jorge O’Reilly, presidente de Eidico, sostuvo que “como en toda propiedad privada, si alguien pretende entrar en ella deberá contar con el permiso de sus propietarios. Para acceder al lugar existe una calle pública”. 

Jorge O’Reilly, el fundador y presidente de Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común (Eidico) tiene 48 años, es oriundo de La Horqueta, perteneciente al partido de San Isidro en Buenos Aires, y estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina. Su emprendimiento inmobiliario impulsado en 1995 se describe como “un sistema cooperativo” dado que, en palabras del empresario, se basa “en organizar a gente que tiene que resolver su necesidad habitacional a través de un sistema en el que todos comparten la totalidad del costo de construcción del barrio en el que van a residir”, es decir, que Eidico no vende las casas de un barrio terminadas sino que los futuros dueños de esos hogares depositan cada mes dinero en un fideicomiso para la construcción del barrio. Esta estrategia empresarial tuvo una alta repercusión y actualmente Eidico tiene 38 proyectos finalizados, la mayoría de ellos (19) en el norte del Gran Buenos Aires, 6 en lanzamiento y 18 en construcción. Algunos de ellos son megaproyectos, como el de San Sebastián (que continúa en expansión) y Canal Villanueva, según información de la página web de Eidico.

La construcción de la autopista Panamericana (actual Acceso Norte) en 1965, que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con localidades del norte del Gran Buenos Aires, sumado a la pavimentación de la ruta provincial N°27 y la posterior obra para crear el canal Aliviador a fines de la década de 1970, catapultaron el desarrollo neoliberal urbanístico de la zona, caracterizado por la proliferación de megaemprendimientos urbanos. Luego, durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), los gobiernos provincial y municipales vieron en estas construcciones “una de las estrategias para frenar el crecimiento de villas de emergencia en la gran cantidad de tierras disponibles existentes en los bañados”, indica Diego Martín Ríos, Doctor en Filosofía y Letras con mención de Geografía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el prólogo de La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, coordinado por Patricia Pintos y Patricio Narodowski.

Sin embargo, fue en la década de 1990 con la profundización de las políticas neoliberales de la mano del expresidente Carlos Saúl Menem, cuando se propagó la construcción de urbanizaciones cerradas emplazadas en humedales aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se dio en el marco de una “mayor ‘flexibilización’ en la legislación urbana”, la “celeridad en la aprobación de los trámites administrativos requeridos” y las “inversiones públicas en obras de gran interés para los grupos empresarios”, explica Diego Ríos. Así, en 1994 la empresa desarrolladora Eidico, en asociación con Pentamar SA, comenzó la construcción de su primera urbanización cerrada, llamada Santa María de Tigre.

Semi acostado en el pasto, Reinaldo observa el paisaje obstruido por el country San Benito, al otro lado del arroyo Garín. “¿Cómo podemos destruir?”, se pregunta, hace un silencio, y retoma: “Lamentablemente está el comercio. La tierra no se puede vender ni comprar porque es obra de nuestro Creador. Esta gente descuartiza todo: envenenan nuestro cerebro, nuestra agua, la comida, el aire. Ellos se sienten superiores porque son débiles; nosotros no somos débiles, somos sensibles. Ellos no comparten, quieren ser más que el otro.  A mí me da lástima porque nosotros somos felices sin nada, sentados en el piso, y ellos tienen asco a la tierra”.

En efecto, la expansión de urbanizaciones cerradas sobre terrenos inundables, conocidos como humedales, ubicados en el periurbano de la provincia de Buenos Aires trajo efectos negativos sobre la biodiversidad, la disponibilidad de recursos y la regulación hidrológica que generan un claro desequilibrio ambiental. “El humedal es como una esponja que absorbe el agua de los alrededores dado que se encuentra en zonas bajas, lo que lo vuelve una zona inundable. Para construir las urbanizaciones privadas en este tipo de terrenos -que seguramente se adquieren por muy bajo valor justamente por ser tierras ‘improductivas’- elevan la tierra a partir de excavaciones en zonas aledañas que generan lagunas artificiales. Así, se construye un terreno alto y firme que ya no alberga el agua residual de los márgenes, sino que, por el contrario, escurre el agua hacia las zonas limítrofes. Entonces, estas áreas lindantes sufren mayores frecuencias de inundaciones”, explica María José Corriale, Doctora en Ciencias Biológicas por la UBA, en una entrevista telefónica con esta cronista.

Tanto Corriale como un amplio sector de la población argentina preocupada por el medioambiente destacan la importancia de políticas públicas que atiendan y regulen esta situación, como la necesidad de una Ley de Humedales. Esta apuntaría “a tener un conocimiento del estado actual de los humedales y evitaría un uso irracional de estos sectores dado que habría más limitaciones para su uso. La ley protegería estos sistemas y permitiría un uso más respetado de los humedales”, indica María José.

Este avance de las megaurbanizaciones no sólo tiene un efecto sobre el ecosistema, sino también sobre las comunidades que lo habitan, señala Corriale. “Los humedales brindan gran cantidad de servicios ecosistémicos, como la modulación del clima, el reservorio de carbono y la alta diversidad de fauna que en muchos casos sirve como recurso alimenticio a las poblaciones colindantes donde, por ejemplo, se captura el coipo o el carpincho que eran habitantes comunes de la zona y eran utilizados por su cuero. Las comunidades indígenas utilizaban históricamente estos recursos, por eso impacta directamente en su cultura y no les permite desarrollarse como tales”, explica. A esto se suma la importancia sagrada que representan estos territorios para las comunidades originarias.

Arrasar lo sagrado

El barrio cerrado Santa Catalina, también construido por la desarrolladora Eidico, se erigió sobre un cementerio indígena, conocido como sitio arqueológico Garín. Esto se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación en el que informó en 2001, a partir de una solicitud de información de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que “en el Partido de Tigre se conoce de la existencia de por lo menos seis sitios arqueológicos” conocidos como Laguna “La Balleca”, Guazunambí, Sarandí y Garín. En cuanto a las construcciones del emprendimiento inmobiliario de Eidico sobre el sitio Garín, alerta que “han destruido definitivamente el sitio arqueológico homónimo” que contaba con 950 años de antigüedad. Además, destacó que estos sitios “contienen evidencias de las poblaciones aborígenes que habitaron la provincia de Buenos Aires, siendo la única evidencia física de la presencia del hombre prehispánico en el área” y que “dado que no son un recurso renovable, su destrucción afecta definitivamente el conocimiento de nuestro pasado cultural y natural”. 

El descubrimiento en 2004 de restos de comunidades originarias en Punta Querandí, sumado a la destrucción del cementerio indígena tras la construcción del barrio Santa Catalina dio origen a la resistencia en Punta Querandí, donde distintas personas se vieron convocadas “por los espíritus de los ancestros y la naturaleza”, dicen sus integrantes. 

Una lucha que continúa

La profesora de Historia Lucia Mariela Surbán vivía en Garín cuando en 2011 tuvo noticias por primera vez de la lucha que se estaba gestando en Punta Querandí para proteger el territorio, lograr el reconocimiento de la propiedad comunitaria y la restitución de ancestres que habían sido trasladades al INAPL. 

“Me acerqué y fue imposible irme”, dice Lucía, que para la navidad de ese año recibió una carpa de regalo que usó cada fin de semana durante los primeros años de su asentamiento. Hoy, embarazada y junto a sus hijes pequeñes, rememora con cariño ese momento, mientras participa del relanzamiento del Museo Autónomo de Gestión Indígena de Punta Querandí el 31 de octubre de este año.

En las paredes del lugar se encuentran plasmados los hitos que marcaron la historia de la comunidad en más de 100 cuadros que cubren gran parte de la madera que reviste al museo: desde la señalización de Punta Querandí como sitio de la memoria del terrorismo de Estado por la comisión Ana María Martínez, los catorce cortes de ruta en febrero y septiembre de 2019 ocasionados por el “relleno compulsivo” necesario para la construcción del barrio Santa Ana en La Balleca, las inundaciones de los últimos años, las audiencias con autoridades de los municipios, las tres construcciones del Opy luego de que ser derribado en dos oportunidades, hasta el hostigamiento de una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Dos de los recuerdos anclados en las paredes son los que marcan el fin de una lucha y el inicio de otra. El 16 de noviembre de 2020, la comunidad firmó un acuerdo con el intendente de Tigre, Julio Zamora, -que luego fue convalidado por el Concejo Deliberante-, el cual reconoce el derecho a la propiedad comunitaria en un predio de una hectárea ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva de Dique Luján, y garantiza que esta parcela sea transferida a la comunidad con título comunitario. Esta decisión -histórica- se enmarca en un proceso judicial llevado adelante en 2017 por el empresario Jorge O’Reilly cuando inició una demanda de desalojo a la comunidad en la parcela en conflicto que, sin embargo, en 2019 la desarrolladora Eidico cedió a la Municipalidad en el marco del Decreto-Ley 8912/77, que dispone la entrega de un porcentaje de tierras por cada emprendimiento inmobiliario. “En lo que a mí respecta, esa comunidad no existe sino que es un disfraz que han adoptado algunos advenedizos para vivir a expensas de los demás, explotando el conflicto como modus operandi”, dijo O’Reilly al ser consultado para esta crónica.

Además, en el acuerdo entre el Municipio y la comunidad se detalla que busca “regularizar una realidad preexistente reconocida institucionalmente por este Municipio”, en referencia al Decreto 258/2018 que declaró de interés legislativo a las actividades de Punta Querandí. “Se firmó con el compromiso del posterior registro del territorio como propiedad comunitaria indígena en el Registro de la Propiedad del Inmueble de La Plata. El municipio es quien debe hacer el registro y estamos a la espera de que se efectivice. La entrega parcialmente fue hecha, pero falta la inscripción del título de propiedad comunitario”, explicó la abogada de Punta Querandí, Paula Alvarado.

El 6 de marzo de este año la comunidad vivió otro momento histórico. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires les restituyó ocho restos de ancestros y ancestras que habían sido desenterrados del sitio arqueológico Garín. Este logro se dio en cumplimiento de una resolución dictada en 2019 por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a partir de la gestión de su Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos. En septiembre de este año, la comunidad enterró a uno de los ancestros con una ceremonia íntima. Los siete cuerpos restantes serán enterrados en La Balleca I y La Balleca II (Villa La Ñata) y aún falta la restitución de 42 de ellxs. Los cuerpos se encontraban “depositados” en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.  “Enterrar a sus ancestros en los territorios ancestrales es una ratificación de la pertenencia de esos pueblos a esos territorios. Vuelve entonces esa energía que nunca tendría que haber salido de ese territorio a la comunidad, fortaleciendo así los lazos ancestrales y actuales con el territorio ya que cada restitución tiene múltiples significados para cada comunidad y cada pueblo internos. Hay un fortalecimiento de lazos comunitarios, aparte de lazos territoriales”, dice Fernando Pepe, a cargo del Programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos.

La comunidad celebra estos logros materializados, pero no descansa. Su misión ahora es que otras comunidades también puedan acceder a ellos. Así, en noviembre de 2020 se conformó la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar donde las comunidades Punta Querandí, Qompí Hermanos/as Tobas, Cacique Ramón Chara y Moqoit del Delta de Tigre se organizan para fortalecerse mutuamente y visibilizar sus demandas en conjunto. “Los reclamos hoy tienen que ver con el reconocimiento de tierras que algunas comunidades trabajaron desde hace más de 20 años, como la mocoví. Además, poder tener un taller y salones comunitarios”, cuenta Mónica Santos, de raíces guaraníes, quien forma parte de la Asamblea de la Unión e integra la comunidad Punta Querandí.

Lo más importante de cara al futuro es la unión, afirma la comunidad. “La frontera es falsa, es para dividir. La bandera nuestra es la naturaleza, ¿qué más bandera que esa? Somos todos hermanos en el mundo, somos todos una familia”, concluye Reinaldo, en paz por volver a sus orígenes y seguir lo encomendado por su Creador.

Nota. Esta historia hace parte de la serie periodística Caminos por la Pachamama ¡Comunidades andinas en reexistencia!, y se produjo en un ejercicio de co-creación con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.