Por Sofia R. Cardozo Quintana* y Malena Castilla**

Localidad de Presidencia Roca, a 200 kilómetros de Resistencia. Centenares de vecinos de la planta urbana comienzan a tener síntomas muy similares: vómitos, fiebre, diarrea, descomposturas, cuadros de intoxicación y problemas respiratorios. Muchos concurren al hospital, otros se quedan en sus casas: nadie sabe qué sucede. Pero se repiten los testimonios de un avión fumigador de la empresa Don Panos (del grupo Unitec Agro, del millonario Eduardo Eurnekian), sobrevolando sobre campos de algodón transgénico, rociando con agrotóxicos a pesar del fuerte viento. Más de cien personas son directamente afectadas por las fumigaciones en Chaco y los hechos llegan a diferentes medios de todo el país,

Luego de estos acontecimientos, gobierno provincial culpa a “una bacteria” y un fallo judicial suspende las fumigaciones. Pero las comunidades siguen en pie de lucha contra el agronegocio.

La responsabilidad de Don Panos

La afección en la salud de los vecinos sucedió entre el 21 y 24 de octubre. Una decena de testigos afirma que un avión de la estancia Don Panos sobrevolaba por zonas en las que no estaban acostumbrados a verlo. Se trata de campos sembrados de algodón transgénico que están ubicados en áreas lindantes a viviendas. Según la Ley 2026 de Biocidas (que regula las aspersiones en la provincia) no deberían usarse agrotóxicos en esos predios. Pero se usaron y los efectos no tardaron en hacerse notar: las afecciones alcanzaron a cientos de personas, muchas de ellas niños que debieron ser hospitalizados.

Los químicos esparcidos desde el aire fueron notorios en las plantas hogareñas, en las copas amarillentas de los árboles y en las huertas de consumo propio y de los productores que abastecen al mercado local. Hasta el mismo intendente de Presidencia Roca, Gustavo Javier Martínez​, reconoció que la totalidad de la producción de los huerteros fueron dañadas. Los síntomas de intoxicación también se esparcieron a zonas periurbanas y rurales, parajes y localidades cercanas, como Pampa del Indio.

Los vecinos afectados desconocen cuáles fueron los agroquímicos que utilizó la empresa para la fumigación y denuncian que no se ha realizado hasta el momento un abordaje integral de salud por parte de organismos gubernamentales chaqueños para relevar daños y planificar acciones de asistencia.

“No hay respuesta de los encargados del cuidado de la salud en los territorios. Todas las leyes que existen, hasta la Ley General del Ambiente, contempla que ante este tipo de problemas el Estado tiene que intervenir. La población no fue asistida en ningún momento; el Ministerio de Salud no puede dejar de intervenir”, manifestó la médica chaqueña María del Carmen Seveso.

Aún hoy, casi un mes después de las fumigaciones, hay vecinos que concurren al hospital y a clínicas cercanas por erupciones en la piel y problemas físicos producto de la exposición con agrotóxicos.

Una década de venenos y fumigaciones en Chaco

Unitec Agro está radicada en Chaco hace más de 30 años y, desde 2010, integrantes de las comunidades indígenas del Pueblo Qom denuncian las fumigaciones de esta empresa.

Desde el año 2012, la Ley 2026 de Biocidas establece la prohibición de aplicaciones aéreas a una distancia inferior de 1500 metros de los centros urbanos, educativos, sanitarios o reservorios de agua. La distancia se reduce a 500 metros cuando la aplicación es por vía terrestre. A pesar de esta normativa, los vecinos sistemáticamente denuncian que sus casas, animales, huertas, hijos y familiares son fumigados con diferentes químicos que provienen de los campos de Unitec Agro.

En 2012, la Fiscalía Penal de General San Martín dictó una medida cautelar. La misma estableció el deber de dejar de aplicar agrotóxicos en una franja de 600 metros contados desde la chacra de la familia Peñaloza, una de las denunciantes de Pampa del Indio. No obstante, la empresa incumplió y a fines de ese mismo año volvió a fumigar.

“Existe un incumplimiento en la medida cautelar dictada en junio del 2012, al compromiso que había asumido la empresa de ampliar la zona de no fumigación y evitar que la deriva de químicos llegue a las comunidades. Además de las distancias que establece la Ley de Biocidas, que se deben cumplir”, explica Alejandra Gómez, abogada e integrante de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo de Chaco.

Los años siguientes no fueron diferentes y las consecuencias comenzaron a ser cada vez más graves para la salud de los habitantes y también del ambiente. Entre 2012 y 2014, un equipo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, recolectó muestras de agua en las cuales detectaron la presencia de glifosato en el 56 por ciento de los puntos de muestreo. Uno de esos lugares fue la Sala de Salud de Campo Medina (en la localidad de Pampa del Indio).La directora del equipo de investigación, Alcira Trinelli, destacó: “Nos alarmó mucho haber encontrado glifosato en una sala de salud y también en la entrada de la planta de tratamiento de agua de Pampa del Indio. Estos son los lugares que más hay que cuidar de la contaminación con agrotóxicos porque representan la provisión de agua y de la salud”.

Fumigaciones en Chaco: la insólita versión oficial

El 2021 fue un año con intensas fumigaciones. Desde febrero que pobladores de las comunidades de Pampa del Indio denuncian que sobrevuelan aviones en la zona de la estancia Don Panos. Ni siquiera se tomaron un descanso el 1° de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Un vecino filmó cómo un avión sobrevolaba su chacra familiar, donde tiene colmenas y reservorios de agua que fueron afectadas por la fumigación.

El 25 de junio un grupo de vecinos de las comunidades qom de Campo Medina y Campo Nuevo (localidades de Pampa del Indio) presentaron un amparo judicial y una medida cautelar para el cese inmediato de las fumigaciones que se realizan en el campo Don Panos, entre otras medidas. Mientras se esperaba este dictamen, los aviones volvieron a sobrevolar la zona y a esparcir agrotóxicos. Alejandra Gómez apunta a la responsabilidad del Poder judicial: “Lamentablemente ese expediente que se está tratando en la Cámara Contenciosa Administrativa de Resistencia todavía no tiene resolución. Y ahora se dieron los hechos más graves, de octubre, con cientos de afectados por agrotóxicos”.

Luego de la repercusión mediática de la intoxicación masiva, desde el gobierno provincial negaron las fumigaciones y atribuyeron la situación a una supuesta bacteria. Pero, en paralelo, la empresa Unitec Agro asumió parte de su culpa al resarcir económicamente a los productores huerteros de Presidencia Roca. “Tras los procedimientos de fiscalización que siguieron a las denuncias de los productores, la empresa negoció para resarcir por los daños provocados a las producciones”, aseguró Eduardo Troche, encargado de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Roca, en una entrevista que le realizaron en Radio Sur.

Las familias de Roca escucharon en la radio la noticia que anunciaba que “el problema” ya estaba solucionado porque la compañía iba a pagar a cada productor afectado unos 20.000 pesos por cada hectárea de plantación hortícola y 50.000 pesos por cada hectárea de tabaco. Días después, Mauricio Tinari de Somos Monte confirmó la noticia en la entrevista que realizó para el medio Marcha.

Agronegocio, pobreza y un freno temporal a los agrotóxicos

Luego de que la intoxicación de masiva traspasó los medios provinciales y llegó a diarios de alcance nacional, el juez de garantías subrogante Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar. La misma está fechada el 10 de noviembre y ordena la suspensión de todo tipo de fumigaciones con agroquímicos.

El juez Allende prohibió las aspersiones “hasta tanto se verifique su realización conforme las normativas aplicables y con seguridad para el medio ambiente y la población en general’. La medida judicial comprende al establecimiento Don Panos, de Eduardo Eurnekian, Unitec Agro SA, Unitec Bio SA y Marpfra SA y en forma subsidiaria a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco por presunta «violación al deber de cuidado y contralor».

Este nuevo amparo fue ejecutado a partir del pedido de cese inmediato de fumigaciones por parte de los concejales Facundo Silvestri y Gustavo Latapie, quienes, asistidos por la Red de Salud Ramón Carrillo, denunciaron el impacto de las acciones realizadas por la empresa.

Muchos vecinos, a pesar de ser conscientes de lo sucedido y verse sumamente afectados en su salud y en sus producciones, no han podido solicitar acciones legales dado que temen las represalias que puedan sufrir por parte de los actores señalados como responsables. Existen antecedentes donde la empresa llevó adelante denuncias en contra de una vecina que los acusó por los desmontes y las fumigaciones ilegales.

Alejandra Gómez recuerda que, en Campo Medina y Campo Nuevo, hay una medida cautelar de 2012 que se dictó para proteger a las comunidades, pero la empresa no lo cumple. Remarca que no es que existe una ausencia de normas, o un vacío legal respecto a cómo deben usarse, aplicar y gestionar los agroquímicos, sino que hay incumplimientos en el control y falta de respeto a los acuerdos establecidos.

La Ley de Biocidas establece que son los organismos gubernamentales quienes deben garantizar la correcta ejecución de las aplicación, tanto el Ministerio de Planificación y Ambiente como el Ministerio de Salud y los municipios.

“Vida sí, fumigaciones no”

El pasado martes 16 de noviembre se realizó un encuentro comunitario en la Escuela de Enseñanza Primaria Nº38 de Pcia. Roca. Pese a las condiciones climáticas hubo gran concurrencia por parte de vecinos, docentes rurales, productores y otros afectados, que se acercaron al lugar para ratificar e incrementar los testimonios escalofriantes sobre la deriva de agrotóxicos que azotó sus territorios.

Al día siguiente, el miércoles 17, fue la audiencia convocada por el juez Allende tras prohibir las fumigaciones. Todas las partes, demandados y demandantes, se presentaron ante el juzgado junto con la documentación pertinente que acomapañó las declaraciones de cada uno. Aún resta esperar la resolución que dicté Allende y determiné que sucederá en estas tierras de aquí en más.

Es innegable que la producción agroganadera en el Chaco avanza en hectáreas a la par que suben los índices de pobreza. Según los datos del Indec del primer trimestre de 2021, el 51,9 por ciento de la población de Resistencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza, muy por arriba de la media nacional (40,6 por ciento).

Mientras el gobierno de Chaco fomenta el agronegocio y mega granjas porcinas, la consigna que circula en las redes sociales, en petitorios que convocan a firmar y entre los afectados de la zona es el mismo: “¡Vida si, fumigaciones no. Paren de fumigarnos!”.

*Observatorio de Conflictos Sociales del NEA.

**Malena Castilla, Doctora en Antropología.

FUENTE: Agencia Tierra Viva