Por Mariángeles Guerrero

Producción colaborativa entre Tierra Viva y Revista Cítrica

Organizaciones sociales denunciaron a la empresa Bayer/Monsanto por vulnerar derechos humanos en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia a través de la soja transgénica y de agroquímicos elaborados con glifosato. Se trata de una presentación realizada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación Tierra (Bolivia), Misereor (Alemania) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos. La acción busca mostrar los múltiples modos en que la multinacional afecta derechos con sus productos y que tome medidas al respecto. La OCDE tiene un plazo de tres meses para decidir si admite la denuncia.

En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron: “A partir de la presentación de casos específicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia queremos demostrar la violación de los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y/o territorio y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”. El caso argentino remite a la denuncia realizada por una familia en Pergamino por afectación de la salud como consecuencia de la exposición a fumigaciones con glifosato.

Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó a Tierra Viva: “Se presentó un caso regional y colectivo porque la empresa tiene patrones de conductas y políticas empresariales que se repiten en los distintos países del Cono Sur e implican distintas violaciones a los derechos humanos“. Al respecto, añadió: “Nos interesaba poder mostrar que el avance del monocultivo de la soja, la deforestación, las enfermedades asociadas a la exposición a agroquímicos, a fumigaciones, la contaminación del agua, los conflictos por la tierra son todas afectaciones asociadas al avance de la agricultura industrial y no es un problema de cada país, sino un tema regional“.

La denuncia fue presentada en Alemania, donde Bayer tiene radicada su casa matriz, encargada de generar las políticas y prácticas de protección de los derechos humanos y el ambiente. En ese país, la Ley de Suministros obliga a las empresas a identificar los riesgos de abusos de los derechos humanos y en el ambiente en la actividad de sus proveedores. Si bien esa norma se ocupa de la fase de fabricación y no de distribución y uso de los productos, organismos como la OCDE sí incluyen la fase de uso al reclamar que las empresas presenten políticas de debida diligencia en materia ambiental.

Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición de Misereor, destacó: “Para nosotros es importante resaltar que Bayer está involucrada en todos los pasos de la cadena, en la producción y también en la distribución de semillas y glifosato a través de la propiedad de empresas como Monsoy en Brasil o mediante acuerdos de licencia comercial con criadores, distribuidores o usuarios finales. Es muy importante demostrar en Alemania que Bayer sí tiene una fuerte influencia sobre esa parte de la cadena de valor“.

Si la OCDE hace lugar a la presentación, la siguiente instancia será una mediación entre las organizaciones y la empresa para llegar a un acuerdo. Si no es posible, el punto de contacto de Alemania en la OCDE publicará una declaración final explicando las cuestiones planteadas, las razones por las que no se llegó a un acuerdo y podrá hacer recomendaciones a la empresa para la aplicación de líneas directrices.

Otra denuncia de este tipo se registró en 2016 en Suiza, contra Syngenta. Sin embargo, aquella se realizó aludiendo sólo al impacto en la salud por un caso en India. La presentación contra Bayer, en cambio, muestra consecuencias múltiples y generalizadas del accionar de la empresa. “El objetivo es que Bayer elabore políticas ambientales, como incluir un análisis del riesgo de la soja contemplando los altos niveles de conflictividad, la criminalización de las comunidades o de los activistas defensores de derechos humanos y los impactos en la salud de las comunidades que viven al lado de los cultivos“, puntualizó Schneider. “Por ejemplo, que en los etiquetados, en la forma en que vende sus productos o en los requisitos que exige a sus distribuidores, pueda asegurarse de que se respeten las distancias mínimas de aplicación“, completó.

Las organizaciones denunciantes destacan que en Alemania existen casos pendientes en las cortes que demandan la suspensión del registro de productos con glifosato. Y que, además, el gobierno alemán prometió regular mejor esa sustancia activa. Por otro lado, el uso de soja transgénica no está permitido en ese país. “Vemos entonces una actitud de actores políticos europeos que están operando con estándares dobles. Productos ya prohibidos en la Unión Europea todavía se producen y se venden en países en América Latina con consecuencias negativas ya documentadas y previsibles para el futuro”, advierten.

Cuatro países envenenados por Bayer/Monsanto

En 1996, Argentina autorizó, por primera vez, el uso de un evento transgénico, la "soja RR", desarrollada por la empresa Monsanto, posteriormente adquirida por Bayer. Dos años después, el mismo evento transgénico se registró en Brasil. En 2001, se aprobó en Paraguay y, en 2005, en Bolivia. En la actualidad, los cuatro países se encuentran entre los diez mayores productores de soja del mundo. Más del 60 por ciento de sus tierras agrícolas se destinan a este cultivo. Además, el 90 por ciento de la soja cultivada en ellos es transgénica.

Estos índices de producción tienen un impacto socioambiental y sociosanitario. Entre 2001 y 2015, la soja avanzó sobre casi cuatro millones de hectáreas de bosque (deforestación directa) y tuvo un impacto indirecto otras cuatro millones de hectáreas (deforestación indirecta) en la región. La expansión agrícola ha puesto en peligro a biomas como El Cerrado, la Amazonia y la Mata Atlántica, que contienen una de las mayores biodiversidades de la Tierra.

En Bolivia el uso de agroquímicos se triplicó desde 1999. En 2017, Paraguay fue el importador del 6,4 por ciento del total mundial de agrotóxicos y casi la mitad de esas importaciones correspondieron a glifosato. Por su parte, Brasil vio incrementado uso del glifosato: triplicó su volumen entre 2000 y 2010. Y en Argentina, este insumo considerado potencialmente cancerígeno, se multiplicó por siete entre 1997 y 2017.

Las organizaciones denunciantes informaron además que la falta de respeto de los límites legales de fumigación, y la mala gestión de los envases químicos que los transportan, generan filtraciones directas en el suelo y en los pozos de agua de uso comunitario. En la ciudad bonaerense de Pergamino dos estudios detectaron la presencia de agroquímicos en el agua y concluyeron que tomar esa agua, usarla para cocinar o para bañarse significaba un riesgo muy grande para la salud. En esa localidad, las fumigaciones indiscriminadas generaron además alergias y afecciones respiratorias, presencia de quistes en los huesos, ganglios agrandados, entre otras afecciones. Los estudios médicos confirman la relación entre estos problemas de salud y la exposición a plaguicidas.

En Bolivia, los pequeños productores de soja describen que con frecuencia los envases de glifosato se dejan abandonados en los campos de cultivo. Cuando llueve, los envases mal desechados se mezclan con el agua de lluvia y de los ríos. En la comunidad de Portoncito, algunos de sus miembros son contratados como fumigadores pero no se les brinda ningún tipo de medida de seguridad. Durante los últimos dos años han sentido dolores de cabeza y diarrea después de las fumigaciones. En la localidad de San José, el centro de salud local informó que se incrementaron las consultas por enfermedades diarreicas, vómitos y picazón en el cuerpo en temporada de fumigación.

En Brasil, un estudio de 2022 citado por las organizaciones, concluyó que en los 127 municipios del Estado de Paraná los niveles de glifosato/AMPA detectados superaban los límites permitidos en ese país. La comunidad indígena Okoy relata que las lluvias arrastran a los agroquímicos a los lagos donde pescan y donde los niños se bañan durante el verano. Después de beber y bañarse, las personas informaron síntomas como dolor de estómago, vómitos, picores, llagas, diarrea y hasta fiebre.

En Colonia Yeruti (Paraguay) los pobladores reportaron que después de las fumigaciones la gente experimenta dolor de cabeza, picazón en la nariz, diarrea y vómito. Dos pobladores relatan que 21 miembros sufrieron intoxicaciones graves. En 2019, el Estado Paraguayo fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la muerte de Rubén Portillo, una de las personas intoxicadas.

 

Un modelo de producción que pone en jaque los alimentos y la tierra

La tierra es el recurso más importante para el cultivo intensivo de soja. Como consecuencia, las comunidades rurales sufren desalojos ilegales, ataques armados, envenenamiento por fumigaciones intensivas o ilegales y criminalización por parte de los productores de soja.

En Argentina, por ejemplo, los productores rurales han sido acusados de denuncias penales por fumigaciones infligiendo amenazas, daños y hostigamiento contra las víctimas de las fumigaciones. En Brasil, el Pueblo Avá Guaraní han presenciado incluso la fumigación como arma química. Es decir, la fumigación intencional de aldeas para alcanzar casas, campos y a los propios indígenas.

También hay un gran impacto en la cuestión de la soberanía alimentaria. Un aspecto central es la destrucción de cultivos —incluidos los de subsistencia— que no utilizan pesticidas ni semillas transgénicas. Las intensas fumigaciones aéreas y terrestres con glifosato en zonas vecinas destruyen los cultivos de subsistencia de las comunidades cercanas, limitando aún más su acceso a los alimentos. También hay registros de muertes de animales, como pollos y peces.

En Bolivia, el cultivo de la soja genéticamente modificada ocupa el 50 por ciento de las tierras cultivadas de Santa Cruz, el departamento que concentra siete de cada diez hectáreas de tierras agrícolas del país. Durante la última década (2011-2022), se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja. En esa zona, 256 aldeas habitadas por familias campesinas, migrantes rurales e indígenas ven afectada su seguridad y soberanía alimentaria por la desaparición de los sistemas agrícolas tradicionales indígenas.

La Colonia Yeruti de Paraguay cuenta con 2.212 hectáreas trabajadas por pequeños productores para la producción de rubros de autoconsumo y el arraigo. En la actualidad, los cultivos mecanizados avanzaron en un 60 por ciento sobre el área de la colonia, a expensas de las familias campesinas que habitan en el lugar. Las mismas se vieron limitadas a vivir en unas pocas hectáreas de tierra, rodeadas por grandes extensiones de soja, donde se realizan constantes fumigaciones con pesticidas.

Paraná es el segundo estado productor de soja de Brasil. Allí, las aldeas Avá Guaraní reportaron la desaparición de especies silvestres de aves, abejas, mariposas, animales cazadores y peces en los ríos. También señalaron problemas de salud y la pérdida de capacidad de producción de alimentos por aguas y ríos contaminados.