El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas clasificó a Resistencia Juvenil Cochala y a Resistencia Juvenil Cruceñista como grupos "paramilitares" que actuaron con financiación y cooperación de las fuerzas de seguridad durante el golpe de estado de 2019 que culminó con la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales.

Estos agrupaciones se desplazaban en motocicletas y utilizaban bazucas caseras y palos como armas "justificando su acción en defensa de la democracia para apoyar en barrios a los opositores de Morales durante paros y bloqueos", explicó el presidente de dicho organismo, Claude Heller, según reprodujo este sábado el diario boliviano Página Siete.

Según el responsable, estos grupos "paramilitares" estuvieron financiados por los denominados "pititas", el movimiento opositor a Morales, y contaban con la cooperación de las fuerzas de seguridad.

En base al informe elaborado por el comité, que fue publicado por el Ministerio de Justicia boliviano, 28 personas fueron detenidas por estos grupos en la ciudad de El Alto, a las afueras de La Paz, y fueron expuestas a diversos tipos de torturas e incluso abusos sexuales.

"Fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixia con golpes de plástico, golpes, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones", precisó Heller.

Por otra parte, el documento señala que los tipos penales de sedición y terrorismo en la legislación boliviana son "vagos y abstractos", en referencia a la detención de la expresidenta de facto Jeanine Añez, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas está compuesto por diez expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de sus Estados miembros.