Por: Alejandra Gómez 

 Los reclamos estaban fundamentados por el incremento de cánceres y nacimientos con malformaciones y otras enfermedades, que los vecinos veían que aumentaban y que eran de forma recurrente. Que era algo anormal a lo que ellos observaban años anteriores, y que los casos que eran trasladados a la Ciudad de Buenos Aires, al hospital Garraham, eran atendidos por médicos que asociaban estas enfermedades a lugares donde se fumigaban con agrotóxicos. Justamente observaban que las arroceras eran fumigadas en forma aérea con agrotóxicos y que sus enfermedades podían provenir de la exposición a los mismos. A partir de la denuncia de los vecinos, de la Leonesa y las Palmas, que no únicamente denunciaban afectación a la salud, sino también casos de pequeños agricultores que denunciaban que sus cultivos se secaban después de las fumigaciones, a partir de esto se empieza a movilizar la parte administrativa que no dio respuestas desde el ámbito municipal ni tampoco del ámbito del ministerio de salud pública, ni desde el ministerio de la producción; entonces los vecinos tuvieron que acudir a la vía judicial. Acudiendo a la vía judicial en el año 2010, se dicta una medida cautelar. La medida cautelar fue fundamentada principalmente en que los establecimientos arroceros no contaban con estudio de impacto ambiental, no contaban con seguro ambiental, no estaban registrados como operadores y generadores de residuos peligrosos, pero además en un informe de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, que emite su primer informe en abril del 2010, en este informe basado en estadísticas de los hospitales más importantes de la provincia del Chaco, Hospital Pediátrico y Hospital Perrando, se da a conocer que en los últimos 10 años se habían incrementado los casos de cánceres en las localidades de la Leonesa, las Palmas y General Vedia, que son las que lindan con los establecimientos arroceros. Se habían triplicado los casos de cánceres en menores de 15 años, y además los casos que ellos observaban eran bastantes graves con respecto a otros tipos de cánceres. Por otro lado también, las estadísticas oficiales daban de que se habían cuadriplicado los casos de nacimiento por malformaciones en la provincia del Chaco en relación a estadísticas anteriores. A partir de la medida cautelar se inicia un plan de monitoreo de las aguas, un control de salud de la población. Se empieza agilizar en la provincia los procesos de denuncias de otros pueblos.

Lamentablemente la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua fue disuelta de hecho. El único informe que se emitió fue ese primer informe y después no se reunió más. La medida cautelar establecía el control de la población cada 60 días y que se informe después en el plazo de 15 días cuáles fueron los resultados del control sanitario; lamentablemente el Ministerio de Salud Pública en estos 8 años de vigencia de la medida cautelar, no dio cumplimiento del acuerdo a un mismo programa de monitoreo, de control, que había presentado a pocos meses de la medida cautelar. Y no dio cumplimiento únicamente a eso, sino que tampoco el Ministerio de Salud Pública de la provincia no cumple con los estudios epidemiológicos que estaban establecidos como necesarios según la ley de biocida aprobada en el año 2012. Por otra parte también la medida cautelar establecía unos monitoreos del estado de la calidad del agua que debía realizar la Administración Provincial del Agua. La Administración Provincial del Agua presentó su último monitoreo en el año 2012. En el cual encontró distintos tipos de plaguicidas tanto herbicidas como insecticidas en distintos puntos muestreados. A partir de ese informe, no muestrea más residuos de plaguicidas en agua. Muestrea únicamente bacterias y los análisis de rutina. Con el fundamento de que el equipo que tenía en laboratorio no era el adecuado y que no tenían los recursos ni los medios para hacer estos muestreos. Esto es muy grave, porque estamos hablando, en este caso, de una medida cautelar, en la cual la Administración Provincial del Agua tenía que cumplirla, es una orden del Juez. Pero la Administración Provincial del Agua es la autoridad de aplicación del control, justamente de la calidad del agua de toda la provincia, es decir que si no lo hace en una medida cautelar ordenada por el Juez, tampoco está haciendo estos estudios en el resto de la provincia. En una provincia en la que en los últimos años se ha incrementado la frontera agrícola, principalmente con el cultivo de soja, invadiendo otros cultivos y también hectáreas que antes eran de monte nativo. O sea, el desmonte, se hace principalmente para la expansión del cultivo de soja.

Independientemente de que no se hagan los controles como se pedía con respecto al agua, a la salud, por lo menos alejaron las fumigaciones en las arroceras de la población, además de que también se modificó la Ley de Biocidas de la provincia del Chaco, que antes no establecía distancias terrestres en la reglamentación.Y actualmente en la misma Ley de Biocidas se establece instancias terrestres y aéreas. Mayores las aéreas de las que estaban establecidas antes. Pese a esa legislación que protege más que la ley anterior, se sigue fumigando aún sobre las escuelas rurales. Tenemos casos de la semana pasada, fines de octubre del 2018, en el que se denunciaron fumigaciones en un jardín de infantes de la localidad de Charata, donde 4 chicos tuvieron que ser hospitalizados y también personal docente, con intoxicación aguda. Porque se fumigó en cercanías del jardín. Y en la localidad de Pampas del Infierno también una escuela rural fue fumigada. No es la primera vez, nos ha comentado la directora de la escuela que se fumiga; y no es la primera vez que ellos hacen la denuncia. Ya es la tercer denuncia que hace la escuela en este último año y lamentablemente recién cuando trasciende públicamente la denuncia a través de los medios y de las redes sociales, es que interviene el Ministerio de Ambiente. Con respecto a las dos denuncias anteriores que habían hecho, todavía la escuela no tiene ninguna noticia sobre cuál es el trámite que se le dieron a las denuncias. Así estamos, se ha publicado “La Infancia Fumigada”, el sistema avanza por sobre las leyes, por sobre el respeto a nuestros niños, y por sobre la vida de los pueblos.

Alejandra Gómez es abogada, integrante de la Red Salud Popular Doctor Ramón Carrillo, de la provincia del Chaco. – www.facebook.com/Red-De-Salud-Carrillo-Chaco