Cerca del mediodía del jueves 13 de junio, casi cuatro horas después de la convocatoria oficial, el alcalde, custodiado por la Policía Nacional y su equipo de seguridad, llegó al centro educativo Tesoro Infantil de la comunidad de Ceibita. Junto a él se encontraban solo tres regidores municipales, apoderados legales de la empresa y cinco representantes de las supuestas ocho comunidades que participarían en la socialización y aprobación de la termoeléctrica.

Antes de la realización del cabildo, se conoció, mediante un comunicado de los regidores municipales Félix Chávez, Leonel George y Juan López, que la convocatoria no fue aprobada tal como lo establece el artículo 32 de la Ley de Municipalidades, el cual indica que «Las sesiones de cabildo abierto serán convocadas por el Alcalde previa resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación Municipal». Además, esta era la tercera convocatoria realizada por el alcalde, Adán Fúnez, con la clara intención de favorecer a la empresa extractiva. Las comunidades han presentado denuncias penales contra Fúnez y la secretaria municipal, Norma García, acusándolos de falsificar documentos públicos para beneficiar a Pinares / Ecotek.

Pese a las ilegalidades que rodeaban la convocatoria, los representantes de las comunidades organizadas que se oponen al megaproyecto comenzaron a manifestarse desde temprano con caminatas y bloqueos de carreteras, exigiendo la cancelación del cabildo y la admisión de un recurso de amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Ministro del Ambiente, Lucky Medina. Este funcionario instruyó al alcalde para la realización del cabildo sin tomar en cuenta el catálogo de denuncias fundamentadas que las comunidades, a través del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la Plataforma Agraria, han presentado ante esa secretaría de Estado.

Cabe mencionar que, a pesar de las protestas, el cabildo se realizó y la Sala de lo Constitucional de la CSJ no admitió el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el Comité Municipal. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el recurso de amparo, al tener como objetivo la tutela de todos los derechos reconocidos, debe ser un procedimiento judicial sencillo, ágil y breve. El magistrado Wagner Vallecillo, quien preside dicha sala, no convocó para discutir la admisibilidad del recurso y no quiso dar entrevista a medios de comunicación.

Quienes llenaron el centro educativo fueron personas que gritaban a todo pulmón su rechazo a la termoeléctrica. La Policía Nacional impidió en múltiples ocasiones que los representantes de Guapinol, Sector San Pedro y el asentamiento campesino La Lempira, comunidades afectadas, tomaran la palabra y participaran en el cabildo. Únicamente participaron los representantes de Ceibita y algunas colonias aledañas.

Una de las personas cuyos derechos a la participación ciudadana fueron violentados fue Juana Zúniga, secretaria del patronato de Guapinol. Ella denunció que el cabildo abierto estaba manipulado para favorecer al empresario Lenir Pérez, dueño del megaproyecto, y lamentó el silencio de las instituciones del Estado responsables de garantizar la vida y un ambiente sano.

Raúl Ramírez, socio del asentamiento campesino La Lempira e integrante de la Plataforma Agraria, denunció que únicamente se invitó al presidente de una de las tres empresas que integran el asentamiento. Previamente, la población había realizado una asamblea para sentar una posición y de manera unánime acordó pronunciarse en contra del proyecto termoeléctrico, pero al igual que Guapinol se les negó el derecho a participar.

Cuando Radio Progreso le consultó al alcalde cuál sería el mecanismo para la participación de las comunidades y la aprobación del proyecto, este respondió con evasivas en reiteradas ocasiones. La estrategia del edil era que hablaran los cinco supuestos representantes de las comunidades y dos apoderados de la empresa. Inmediatamente después, tomó el micrófono y, en pocas palabras, dijo: “Damos como aprobado el proyecto”, y cerró diciendo: “Dios los bendiga”.

Después de ese momento, la situación se tornó violenta. La Policía Nacional había acordonado a la población. Al finalizar el cabildo, la prioridad de los uniformados era salvaguardar la integridad del alcalde y de los personeros de la empresa Inversiones Los Pinares. Comenzó un forcejeo, se lanzaron palos y piedras desde todos lados. El sentimiento de indignación y decepción invadió a las comunidades que, con niños y niñas en mano, tuvieron que correr para evitar ser agredidos.

Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), denunció que hubo amenazas directas por parte de empleados municipales y de la empresa minera, quienes portaban armas de fuego y lideraban el grupo de choque que inició el lanzamiento de piedras. Además, un periodista llamado Héctor Madrid, afín a la empresa según denuncias, retrató con su cámara el rostro de algunos líderes del Comité Municipal y, de manera sarcástica, se habría burlado al asegurar que la termoeléctrica se iba a poner en funcionamiento.

La única representación de las instituciones del Estado responsables de garantizar la vida de las personas estuvo a cargo de dos personeros del Mecanismo de Protección. También participó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Sin embargo, pese a la presencia de estos entes, no se garantizó la participación ciudadana ni se evitaron las amenazas. Incluso, el carro del CONADEH sufrió daños físicos considerables por el lanzamiento de piedras. 

Para el doctor en derechos humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía, el gobierno de Xiomara Castro debe entender que nadie está en contra del desarrollo, “pero no hay desarrollo sin respeto a los derechos y libertades, y sin participación ciudadana. La imposición de un proyecto termoeléctrico es un claro ejemplo de cierre del espacio cívico”.

Luego de conocer el resultado del cabildo abierto arbitrario, publicó en sus redes sociales: “Tal parece que, para el gobierno, las víctimas mortales de la comunidad de Guapinol, los desplazamientos, los encarcelados y los reprimidos son menos importantes que un proyecto altamente contaminante y rechazado 6 veces por la población consciente”.

En una entrevista exclusiva con Radio Progreso, el Ministro del Ambiente, Lucky Medina, fue cuestionado sobre la responsabilidad del gobierno en la realización del cabildo de Tocoa, donde se aprobó de forma arbitraria la instalación de la termoeléctrica Pinares/Ecotek.

Lucky Medina afirmó que oficialmente se enterarán de la decisión del cabildo una vez que la alcaldía envíe el acta y los listados a la Secretaría del Ambiente. Expresó que el cabildo es un requisito establecido en el Sistema Nacional de Impacto Ambiental, donde las consultas son parte del proceso y que son procesos constantes y rutinarios para cualquier proyecto categoría cuatro. “Ahí es donde los pueblos deciden si están a favor o en contra, y en base a eso se procede a aprobar o no aprobar el expediente”, dijo.

A pesar de su discurso ecologista, según denuncias de las comunidades, el ministro mantiene cercanía con empresarios extractivos y sus acciones van encaminadas a proteger la inversión privada. También afirmó que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se han aprobado unos 41 millones de lempiras de inversión pública y privada, y que ninguno de los proyectos aprobados ha generado conflicto social.

Asimismo, Medina negó que él haya promocionado el proyecto termoeléctrico y sostuvo que “no hay porque desconfiar de la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No hay porque desconfiar ni un solo instante que la voluntad política es en base a la conservación, y no a la destrucción, no a los proyectos extractivos”, recalcó.

Ante las declaraciones de Lucky Medina, el abogado Joaquín Mejía reaccionó afirmando que son «Otra prueba más de la lejanía del gobierno de Xiomara Castro y sus funcionarios con los problemas y necesidades de las comunidades. Lucky Medina lavándose las manos y prácticamente hablando de legalidad alrededor de la imposición de un cabildo ‘abierto’ arbitrario”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, expresó que como entidad son respetuosos de la autonomía de las decisiones de las autoridades municipales. Sin embargo, enfatizó la necesidad de garantizar la participación de los pobladores en estos espacios.

Castellanos añadió que son las comunidades, de forma soberana, quienes pueden auto convocarse para generar estabilidad en una decisión y evaluar si se cumplió con la participación requerida en procesos de cabildo abierto. Asimismo, instó a buscar una solución a esta conflictividad.

Finalmente, la apoderada legal del Comité Municipal de Tocoa, Rita Romero, las comunidades seguirán el camino de la institucionalidad como lo han venido haciendo en los últimos 7 años, a pesar de no haber recibido respuesta a todas las denuncias sobre las ilegalidades que rodean el proyecto de Inversiones Los Pinares/Ecotek. Romero responsabilizó directamente al Ministro del Ambiente de la imposición arbitraria de la termoeléctrica y afirmó que, con esta acción, el alcalde Adán Fúnez y Lucky Medina han puesto en bandeja de plata las causales para impugnar el cabildo, debido a la falta de participación de las zonas de influencia del proyecto, como La Lempira y Guapinol.

FUENTE: 

https://www.radioprogresohn.net/aplicacion-movil/autoridades-ignoran-lucha-ambiental-de-tocoa-colon-y-aprueban-avance-del-megaproyecto-de-inversiones-los-pinares-ecotek/