Las 24 organizaciones, incluyendo a Espacio Público y Clima 21, señalan graves amenazas a los ecosistemas naturales, afectaciones a la población y la desatención estatal como factores clave de la crisis.

“Hoy Venezuela atraviesa una crisis ambiental derivada estructuralmente de acciones y omisiones gubernamentales que restan condiciones de vida digna para todas las personas”, señalaron las organizaciones en su comunicado.

Entre los problemas mencionados, se encuentran los constantes derrames petroleros, la explotación en el Arco Minero del Orinoco y la inacción frente a las consecuencias del cambio climático.
La opacidad contradice los estándares internacionales

Igualmente, las organizaciones firmantes denunciaron la negación de acceso a la información pública, lo cual impide la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. Este derecho, consagrado en la Constitución nacional y en diversos instrumentos internacionales, es esencial para la defensa ambiental y la toma de decisiones informadas.

Mencionaron que la falta de acceso a información pública obstaculiza la capacidad de la ciudadanía para monitorear, denunciar y evitar amenazas ambientales. Además, la opacidad y las restricciones impuestas por el Estado dificultan la investigación y sanción de delitos ambientales, fomentando la impunidad y la proliferación de actividades dañinas.

“En Venezuela domina una política de opacidad, donde las instituciones niegan regularmente información pública e incluso entorpecen y criminalizan su búsqueda», denuncian.

Entre las consecuencias de este contexto institucional, las ONG mencionaron la falta de información sobre proyectos con impacto ambiental, la impunidad de delitos ambientales y la desconfianza generada por la opacidad de las instituciones públicas, lo que limita la participación ciudadana en la gestión ambiental.
Las peticiones

Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades a recuperar la institucionalidad democrática, sancionando leyes que realmente garanticen el acceso a la información pública y ofrezcan mecanismos funcionales de contraloría social. También pidieron que se garantice efectivamente la transparencia, empezando por dar respuesta a las solicitudes de información que se han hecho al Estado.

Asimismo, las 24 organizaciones pidieron el cese a la criminalización de la defensa ambiental estableciendo investigaciones y sanciones contra quienes persiguen a los defensores ambientales.

Asimismo, instaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al acceso a la información pública, exigir transparencia y participar activamente en la defensa del medio ambiente.

“Es importante solicitar información a los entes públicos y denunciar los obstáculos porque tenemos derecho a saber y a participar en la toma de decisiones. También es fundamental exigir a las autoridades y empresas que actúen de manera transparente y rindan cuentas, ya que ambos comparten responsabilidades en materia de derechos humanos, como el acceso a la información pública y el derecho a un ambiente sano”, concluyeron en el comunicado.

Entre las organizaciones firmantes de este llamado están Médicos Unidos de Venezuela, Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Caleidoscopio Humano, Civilis, Defiende Venezuela, Hearts On Venezuela, Provea, y muchas otras comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en Venezuela.