Por: Leticia Salomòn

Los antecedentes

En los últimos cincuenta años, Honduras experimentó el impacto interno de fenómenos externos como la guerra fría y la crisis centroamericana, y el desarrollo de fenómenos internos que marcaron la desnaturalización de la democracia a la que transitaba y la degradación y deformación de dos de los tres pilares esenciales de la gobernabilidad democrática referidos al Estado y los partidos políticos, procesos que se complementaron con el deterioro de las condiciones económicas y la profundización de la desigualdad y la exclusión social, todo lo cual se manifestó en seis fenómenos concretos: 1) confrontación ideológica de los años ochenta; 2) proceso de distensión expresado en la modernización del Estado, mayor apertura, tolerancia política e ideológica y restauración de la supremacía civil sobre los militares en los años noventa; 3) retroceso democrático con el golpe de Estado de la primera década de este siglo y su impacto en el deterioro del sistema de partidos, el retroceso en la cultura política democrática y la polarización/ confrontación política y social; 4) conversión acelerada del Estado hondureño en un “Estado fallido” y “narcoestado” en la segunda década, por el auge exponencial de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, el debilitamiento y politización partidaria del sistema de justicia y la judicialización de la política; 5) envilecimiento y deterioro acelerado del sistema de partidos, en particular del bipartidismo, que mostraba de esa manera su agotamiento como modelo político, al convertirse en cómplice y usufructuario directo de la corrupción y narcotráfico desde su incondicionalidad en los poderes Legislativo y Judicial, incluido el Ministerio Público; 6) paralelo a ello o como consecuencia directa de lo anterior, la sociedad hondureña enfrentó fenómenos que la impactaron directamente, entre ellos la pobreza, deterioro económico y social, delincuencia común, maras, narcotráfico y migración.

La coyuntura

La intensificación y acumulación de los fenómenos anteriores impactarían de forma dramática en el gobierno que surgiera después de los gobiernos y partidos responsables del deterioro político, económico, judicial, partidario y ético del país, en este caso, de los mandatarios José Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), el partido Nacional como partido gobernante en el narcoestado y Estado fallido, y el partido Liberal como socio y cómplice desde el poder Legislativo, el poder Judicial y el Ministerio Público. En estas condiciones, si en las elecciones de 2021 salía triunfador el partido Nacional o el partido Liberal, se garantizaba una continuidad del estilo de gobernar, y se protegían las prácticas corruptas al máximo nivel y la conexión directa o indirecta con el narcotráfico, además de contener la presión social vía asistencialismo o compra de voluntades, conectado al creciente endeudamiento del país. El triunfo de la oposición de esa época, representada en el partido Libertad y Refundación (LIBRE) significaba una ruptura con el sistema anterior, con el estilo y sello de este en el manejo de la conflictividad político partidaria, basado en la erogación de enormes cantidades de dinero para lograr su adhesión e incondicionalidad, todo ello sustentado en una pujante demanda ciudadana y en las características propias de un partido nuevo que había sido víctima del bipartidismo y su control de los organismos electorales. Y LIBRE ganó las elecciones. Desde ese momento se anticipaba una lucha frontal entre los derrotados y los triunfadores porque perdían el control del poder Ejecutivo desde el cual salía el dinero requerido para la compra de voluntades y desde el cual se alimentaban la corrupción y el usufructo del narcotráfico. Desde ese momento enfilaron su atención en el control del poder Legislativo, el Ministerio Público y las otras instituciones cuyos titulares se nombraban desde el primero. La distribución partidaria en el Congreso resultó en contra de lo que esperaban: solamente obtuvieron 44 de los 128 votos del Congreso y ni con los 22 votos del partido Liberal llegaban a la mayoría calificada de 86 requerida para nombrar a los titulares e integrantes de las otras instancias clave para mantener la impunidad de sus fechorías del pasado; por ello intentaron una maniobra desesperada encantando y atrayendo a uno de los integrantes del partido LIBRE para que traicionara a su partido y presidiera, con su apoyo y compromiso, la Junta Directiva del Congreso, a cambio de traer consigo la cantidad de votos necesarios para lograr la mayoría requerida provocando el cisma inicial del Congreso y del nuevo partido gobernante.

La aparición de LIBRE como partido mayoritario del Congreso obligó a la repartición de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre tres partidos y no entre dos como había sido en tiempos del bipartidismo: 7 para el partido perdedor de las elecciones y 8 para el partido ganador, de tal manera que el que ganaba a nivel del Ejecutivo, ganaba también la mayoría de la Corte Suprema de Justicia ¡y también el titular del Ministerio Público!: el Fiscal General para el ganador y el Fiscal G. Adjunto para el perdedor. En esa repartición del control de instituciones clave se basaba el pacto de gobernabilidad con que los dos partidos tradicionales, Nacional y Liberal, garantizaban la estabilidad política que se vendía con gran cinismo como el triunfo de la democracia a través del diálogo y la construcción de consensos. La dificultad que crea la actual crisis partidaria en el Congreso radica en que, en el Ministerio Público, solo hay dos cargos de libre elección del Congreso: el Fiscal General y el Fiscal G. Adjunto, lo que resultaba ideal para el bipartidismo, pero no para el tripartidismo y menos para el cuatripartidismo que prevalece ahora en el Congreso. Ante esta situación, el partido Nacional planteó como tema de negociación partidaria, afortunadamente fallido, darle rango especial al Director de Fiscales y permitirle a ese partido nombrar a su titular, con lo cual se aseguraría el control de los casos a investigar y las decisiones de presentar o no los casos ante el poder Judicial para el respectivo enjuiciamiento.

En una maniobra hábil del partido Nacional, logró atraer al líder máximo del partido Salvador de Honduras (PSH), extraer su conservadurismo primario y, de paso, entusiasmar a los diputados de ese partido que pasaron a convertirse de la noche a la mañana en aliados furibundos de los partidos responsables de haber convertido a Honduras en un narcoestado y en un Estado fallido. Desde ese momento aparecen “codo con codo” con quienes antes denunciaban y terminaron creyendo, con una ingenuidad candorosa, que son ellos los que propusieron la fórmula perfecta para ocupar los más altos cargos dentro del Ministerio Público.

El discurso

Los noveles diputados del PSH comenzaron a asumir como real su papel de máximos líderes de la oposición en el Congreso, papel otorgado de forma implícita por el partido Nacional y, de forma veloz, comenzaron a asumir el discurso ultraconservador y anticomunista de la guerra fría, es decir, de hace treinta o cuarenta años, y henchidos de emoción comenzaron a corear extasiados: “defendemos la democracia”, “no al comunismo”, “no queremos otra Cuba, Nicaragua o Venezuela”, “hacemos un llamado a las fuerzas armadas a defender la Constitución” y aparecieron con su discurso retardatario convertidos en portavoces de la ultraderecha criolla ante el país y, por supuesto, ante Estados Unidos, a donde llegaron a abrir viejas heridas y a agitar a otros exaltados por las telarañas de la guerra fría, siempre fieles e incondicionales a su máximo líder a quien poco les faltó para ungirlo como el “Guaidó” hondureño, dispuesto a recibir todos los apoyos necesarios para destruir la “amenaza comunista” e impedir que sus “representantes” volvieran a salir triunfadores del nuevo proceso electoral. Difundir mentiras e infundir miedo parecen ser los dos ejes del conservadurismo criollo en el manejo de la crisis actual y ambos recursos los han manejado muy bien y le han generado beneficios a costa de los ingenuos, cínicos, ignorantes o irresponsables. Qué triste papel el de los diputados y diputadas del PSH que desperdiciaron la oportunidad de llegar a convertirse en el centro democrático del Congreso, dado el veloz desplazamiento del partido Liberal hacia el centro derecha desde donde coinciden cómodamente con sus socios del derechista partido Nacional. “Eso se cura con lectura”, como diría Anguita desde España, para quitarse la novatada y asumir un papel consecuente con el siglo XXI o, como diría Facundo Cabral con precisión certera: “La señora independencia tiene un amante rubio…”.

La conclusión obligada

En situaciones de crisis puede medirse con mayor precisión el nivel de cultura política y también de cultura general de una sociedad en particular; y en este punto y en esta crisis a Honduras le va muy mal. Basta leer los titulares de los medios de comunicación, el uso y abuso de adjetivos descalificadores, el nivel del discurso, la simplificación primaria, el poco esfuerzo mental para entender lo que pasa, el deterioro de la tolerancia, el irrespeto al otro, la pericia en convertir en disputa ideológica una disputa delictiva o, en el mejor de los casos, un dilema ético. Basta ver el nivel primario de la confrontación, la agresividad a flor de piel, la polarización extrema, la negación a escuchar al otro, la insistencia en mantener monólogos y rehuir el debate de altura. Y aquí compiten todos a nivel de partidos y a nivel de sociedad, a nivel público y privado, a nivel de jóvenes y mayores, convirtiendo el país en una jungla en la que a nadie parece interesarle el presente o el futuro, el imperio de la Ley, los graves problemas que enfrenta el país, el impacto de las lluvias insistentes, la destrucción del ambiente, el acelerado desencanto ciudadano con los políticos, la frustración de tener un país que les obliga a huir. Definitivamente, no les importa y eso representa la decadencia absoluta y el fracaso rotundo del sistema de partidos.

Las perspectivas inmediatas

La crisis coyuntural que enfrenta Honduras en la actualidad, tiene un perfil jurídico que es también político, ético y cultural. No es la democracia la que se tambalea ante la imaginaria amenaza comunista, es el país que se debate entre lo viejo que no termina de desaparecer y lo nuevo que no termina de consolidarse; es el acecho de la corrupción y el narcotráfico, y la fragilidad de la Justicia para encararlos; es el pasado que intimida y el futuro que llena de esperanza; son los cínicos que piden paz y no violencia cuando fueron protagonistas de hechos peores en el pasado; son los ingenuos que ignoran los verdaderos dilemas del país frente a pícaros que se aprovechan de esa ingenuidad creando confusión; son los que claman respeto a la Constitución cuando son o han sido los primeros en violarla; son los observadores cercanos o lejanos que opinan sobre asuntos nacionales desde el prisma de sus intereses particulares.

La crisis actual tiene sus partidarios, unos a favor y otros en contra; ya todos tomaron partido y se encuentran posicionados; unos aplauden la jugada política que le propinó un tiro de gracia a la oposición, acostumbrada a ser siempre la que usaba y abusaba de las leyes y procedimientos, y otros aplauden la insistencia de la oposición conservadora y su habilidad para agitar fantasmas, aferrarse a los recursos jurídicos interpretados a su antojo y disfrazarse de demócratas cuando no conocen ni los principios básicos de la democracia. Y todos están ahí, en sus respectivas esquinas esperando una señal para saltar agresivos, violentos, irresponsables y perversos.

Los desafíos

El país está agitado, revuelto, agresivo, incómodo y hundido en una especie de equilibrio catastrófico en la fuente originaria de esta crisis que es el Congreso Nacional. Aquí es cuando vale formular la pregunta clave: ¿hacia dónde nos llevan nuestros representantes en el poder Legislativo? ¿directo al despeñadero? ¿qué tal si se despojan de sus intereses personales y partidarios, y encuentran una solución que no comprometa la lucha anticorrupción? ¿si demuestran que saben lo que es democracia y empiezan a practicarla? ¿si le dan a la sociedad una cátedra de cultura democrática y se lucen con un pacto de gobernabilidad en torno a una agenda de país a la que los partidos se comprometan a apoyar con el dinamismo y entusiasmo que han demostrado en la pelea? ¿si dejan de politizar la justicia y de judicializar la política, y aprenden a resolver las crisis en los espacios correspondientes? ¿si desde afuera los medios de comunicación le bajan dos o tres niveles al ritmo con que manejan la confrontación? ¿si nuestros diputados descubren que se puede coincidir sin que su voto sea cotizado de acuerdo a la importancia del tema? ¿si los empresarios, aquellos resentidos con el gobierno y los furibundos contra el expresidente Zelaya, reducen su agresividad y aceptan que él y la presidenta Xiomara llegaron al poder por los votos mayoritarios de la ciudadanía y no por fraude electoral como hizo el anterior gobernante a quien reconocieron en su ilegalidad, aplaudieron tantas veces y nunca dijeron nada? ¿si por una sola vez dejan de acudir a los cuarteles clamando el accionar de los fusiles o al imperio para hacer realidad el dicho popular del siglo pasado: “No hay amo extranjero sin sirvientes nacionales”? ¿si la oposición se entera, de una vez por todas, de que 74 votos no están cerca de la mayoría calificada a menos que rescaten los votos que falten de las filas de Libre, cuando están a las puertas de un proceso electoral en la que van a informar a sus seguidores que no se vendieron pese a las presiones de la ultraderecha corrupta? “A veces yo me pregunto -como diría Facundo- pa´ qué me pregunto tanto, si pregunte o no pregunte el mundo sigue andando. Y, por lo tanto, cambiando”.