No se reportaron protestas en el país y la calma y la normalidad parecían reinar en Quito, aunque el edificio de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Ecuador, permanecía bajo fuerte control de efectivos antimotines de la Policía Nacional, un día después de que Lasso aplicara la llamada muerte cruzada"y disolviera el legislativo.

La Policía permitió el acceso de personal administrativo de la Asamblea Nacional para retirar sus pertenencias, mientras que se prevé que lo propio podrán hacer los exlegisladores desde el lunes próximo, informaron medios locales, que dijeron que no había problemas con el transporte ni en aeropuertos u hospitales.

El conservador Lasso, en el poder desde 2021, disolvió la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como "muerte cruzada", que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones.

Lasso, de 67 años, dijo que había tomado la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una "grave crisis política y conmoción interna".

La "grave crisis política y conmoción interna" es una de las tres causales por las cuales el Ejecutivo puede aplicar el artículo 148 de la Constitución de 2018, que también pone plazos para celebrar elecciones anticipadas presidenciales y legislativas para completar los mandatos correspondientes desde el momento de la disolución del Parlamento.

En su artículo 130, la Constitución habilita a su vez a destituir al mandatario sin juicio político previo, si se dan determinadas causales.

En una entrevista, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Enrique Pita, dijo que el 20 de agosto era una fecha tentativa probable para los comicios.

Pita señaló que los plazos eran "ajustados", ya que la Constitución establece que el órgano tiene siete días para convocar elecciones desde la disolución del Parlamento y que, por ley, los comicios deben realizarse tres o cuatro meses después de convocados, es decir, no después de septiembre. "Estos tiempos no se pueden tocar", dijo a la cadena Ecuavisa.

Agregó que se necesitaba tiempo, por ejemplo, para la inscripción de candidaturas o alianzas, la organización de los debates y la misma campaña electoral, y para atender demandas que suelen presentar candidatos u organizaciones políticas sobre la difusión de los resultados.

El decreto de Lasso de disolución del Parlamento fue recurrido ante la Justicia constitucional por dos fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que el país no está en un estado de grave crisis política y conmoción interna.

 

Gobernar por decreto

En las primeras horas con la medida vigente, el Gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: impidió el acceso al Parlamento de los ahora exlegisladores, reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana” y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que reduce impuestos.

El principal referente del bloque opositor de izquierda Unes, el expresidente

Rafael Correa, acusó a Lasso de dar un "golpe de Estado"

, pero el partido anticipó que no irá contra la medida.

El brazo político del poderoso movimiento indígena ecuatoriano, cuyas protestas se vinculan con la caída de tres presidentes de Ecuador desde 1997, dijo que estudiará qué respuesta dar a la decisión, que consideró que abre un "escenario de dictadura".

Lasso se defendió en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en la que afirmó que había antepuesto a "Ecuador por encima de cualquier interés personal" y denunció un "plan macabro de Correa".

El gobernante volvió a negar las acusaciones de la Asamblea Nacional de supuesto peculado, de las que ya se había defendido ante los propios legisladores en el Parlamento el martes, en el inicio del plenario de juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021.

Según argumentan los denunciantes, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker habría ocasionado pérdidas por más de 6 millones de dólares.

El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

La Corte Constitucional tendrá en adelante un rol clave: en lo inmediato, deberá resolver las presentaciones del PSC y de ID para dejar sin efecto el decreto de Lasso y deberá además controlar cada una de las medidas de gobierno del mandatario con un dictamen previo.