En conferencia de prensa en Lima, el jurista, que hace su trabajo por mandato de la ONU pero que no habla en nombre de la organización, pidió a las autoridades transparencia en las investigaciones que se cursan sobre las muertes en el marco de las protestas antigubernamentales que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo.

El relator recorrió el país andino durante 10 días en los que visitó distintas ciudades y comunidades, además de entrevistarse con diversas autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo y cuya renuncia era uno de los reclamos centrales de las reprimidas protestas.

Nyaletsossi Voule dijo que se reunió con Castillo en la cárcel de Lima donde está con prisión preventiva mientras se lo investiga por rebelión y corrupción y que lo encontró en buenas condiciones, y agregó que trasladó varios reclamos suyos al Gobierno de Boluarte.

Documentos sobre la represión
Un informe de fines de abril de Human Rights Watch (HRW) y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionaron que durante la represión a las protestas se cometieron "excesos" por parte de las fuerzas militares y policiales que respondían a Boluarte.

La presidenta dijo la semana pasada que no era responsable de la represión de las protestas porque las fuerzas de seguridad habían aplicado protocolos propios, aunque avaló el accionar del Ejército y la Policía.

"Hubo uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte (de manifestantes), y también hubo más violencia".Nyaletsossi Voule

"Sí hubo uso excesivo de la fuerza que condujo a la muerte (de manifestantes), y también hubo más violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron", dijo la noche del miércoles Nyaletsossi Voule antes de abandonar Perú.

En la conferencia de prensa, pidió que las pesquisas sobre las protestas y la represión "se realicen de manera independiente y que incluyan a las víctimas para saber exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza", informó la agencia de noticias DPA.

Asimismo, invitó a los peruanos "a pensar sobre cuál es la mejor forma para poder resolver esa crisis política, social y económica, al pensar en mejores reformas políticas que podrían incluir a los grupos vulnerables, a las poblaciones indígenas, las minorías, para que se sientan más protegidas".
 

La protesta social "es un delito"

Las palabras del relator especial se producen horas después de que el Tribunal Supremo de Perú, máxima instancia judicial del país, sentenciara que la protesta social es un delito, ya que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal.

La sentencia del máximo tribunal afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras que para un trabajador se consideran también válidas las medidas de fuerza laborales.

Cualquier otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, "que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito".

El fallo del máximo tribunal, en tanto, se produce en momentos de profunda crisis política en el país andino desde la destitución de Castillo, el 7 de diciembre, tras un fallido intento de disolver el Congreso, acosado por denuncias e investigaciones de corrupción.

Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el mando en medio de reclamos y protestas que exigían tanto su renuncia como un llamado a elecciones anticipadas.

Las declaraciones de la mandataria, en las que mostraba su intención de cumplir el resto del mandato de Castillo -hasta julio de 2026- solo encendieron más la mecha e hicieron crecer las marchas.

Las manifestaciones se extendieron a todo el país y se multiplicaron aún más cuando un juez ordenó la prisión preventiva del jefe de Estado destituido.

Al menos 49 personas murieron por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos durante las masivas protestas.

Nyaletsossi Voule visitó a Castillo en prisión, donde se encuentra detenido desde diciembre de 2022.

"Puedo asegurarles que está en buenas condiciones, aun cuando tenga algunos reclamos que justamente los he hecho llegar al Gobierno", dijo el relator.

"No he visto una persona que no esté bien tratada. Claro, obviamente en la prisión uno no puede decirlo así, pero simplemente es una persona que se ve que ha recibido buen trato", aclaró.

Esta visita, aseguró, era "importante dentro de mi misión", ya que demuestra que el Gobierno "está abierto a permitirnos tener todo tipo de debates".