A través de un comunicado enviado a la Comisión de Fiscalización de la AN, Lasso informó que se daba por avisado con la resolución en la que esa mesa legislativa avisó del trámite.

Además, según la agencia Prensa Latina, el mandatario designó al abogado Edgar Neira como su representante ante Fiscalización.

Lasso pidió que le informara si los proponentes del juicio político ya habían determinado los hechos en los que basarán su acusación, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, y pidió que se designara la fecha de inicio del plazo de 10 días que tiene para presentar sus pruebas de descargo.

El mandatario iba a ser notificado oficialmente este jueves por la tarde sobre el inicio del trámite de juicio político en su contra por el presunto delito de peculado, pero con su texto se adelantó a ese paso.

La vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Ana Belén Cordero, explicó que desde el viernes empiezan a correr los 10 días de plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo.

En la AN, mientras, las bancadas oficialista y opositoras cruzan acusaciones en medio de versiones sobre supuesta compra de voluntades.

Los bloques de la correista Unes, por un lado, y del oficialista BAN, por el otro, pidieron copias de los videos de las cámaras de seguridad para verificar los movimientos en el Palacio Legislativo.

Según las denuncias de la oposición, el Gobierno estaría trabajando en “adquirir” votos a su favor, reportó el sitio Primicias.

Por eso, la asambleísta Viviana Veloz (Unes), una de las impulsoras del juicio político, pidió que se entregue una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del séptimo piso del Palacio Legislativo, entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

En ese piso, funcionan las comisiones de Relaciones Internacionales, dirigida por el jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores.

Casi a modo de réplica, Flores pidió también las grabaciones de las cámaras, en las mismas fechas, del piso en el que funciona la Comisión de Fiscalización, las sedes de las bancadas Izquierda Democrática y UNES, la Presidencia y las dos vicepresidencias, y de los accesos al edificio.

En su pedido, el asambleísta asegura que busca dar a conocer “el ingreso de particulares o miembros externos a la Asamblea”.

La bancada correísta y el Partido Social Cristiano (PSC) advirtieron, el martes último, de la aparición de supuestos “emisarios” del Gobierno que buscarían “adquirir” votos.