Habitantes de la localidad puneña de Juli, unos 1.400 kilómetros al sureste de Lima, despidieron este lunes por la noche con vítores y aplausos a un grupo de unas 140 personas que partieron a la capital a bordo de dos ómnibus cargando mochilas y frazadas y ondeando banderas peruanas.

"El viaje que nos hemos programado es para estar presente en las luchas pacíficas en la ciudad de Lima", dijo Emilio Clavitea, un trabajador de la construcción de 55 años citado por la agencia de noticias AFP. Juli es una de las diversas comunidades puneñas que reivindican su origen aimara y que desde el inicio de la crisis se opone férreamente al gobierno de Boluarte, exigen su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.

El contingente que partió de Juli, y otro anterior desde la localidad de Llave, también de la región de Puno en la provincia de El Collao, integran a un grupo mayor que confluirá hacia la capital peruana para continuar con la ola de movilizaciones iniciadas luego de la destitución del presidente Pedro Castillo.

Se trata de nuevas protestas a desarrollarse en los próximos días luego de las numerosas caravanas que invadieron la capital a mediados de enero, a un mes y días de la destitución de Castillo.

La situación de Pedro Castillo

Castillo fue removido del cargo el pasado 7 de diciembre tras anunciar el cierre del Congreso -organismo que en menos de un año y medio de gestión había impulsado numerosos trámites de vacancia- y el inicio de un "gobierno de excepción" que se regiría con decretos.

El exmandatario quedó detenido y se le abrió una investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, correspondientes a un supuesto quiebre del orden constitucional. Cumple una prisión preventiva de 18 meses mientras si investigan esos cargos.

Este lunes, un juzgado rechazó un hábeas corpus promovido por la Federación Nacional de Abogados del Perú a favor de Castillo que pretendía que se declare la nulidad de la prisión preventiva en su contra, así como la orden que confirmó esta medida restrictiva y por consiguiente, se disponga su libertad.

Además, solicitaba se le restituya su condición de presidente constitucional de la República, se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan a esa posición, y se ratifique la disolución del Congreso.

La magistrada Gisela Ocaña desestimó el recurso y negó las acusaciones de la defensa del exmandatario sobre una vulneración de su derecho a la libertad individual, así como que la prisión provisional entorpecía su derecho a defensa.

"Estamos ante una prisión preventiva que es de carácter temporal", dijo la magistrada, y recriminó a los letrados de la Federación Nacional de Abogados de Perú que hayan presentado este recurso "irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales" y al "margen del respeto de los derechos fundamentales".