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POLITICA

28 de diciembre de 2022

En Perú, un año de incertidumbre da paso a otro que se perfila igual

PERÚ: En medio de cierto descenso temporal en la intensidad de la protesta popular, un Perú enlutado por la muerte de 27 personas se apresta a cerrar un año lleno de dificultades y darle paso a otro igualmente incierto.

"En términos democráticos no vamos a ver una situación mejor, pero sin duda (la presidenta Dina Boluarte) puede sostenerse un tiempo más", pronosticó la excongresista de izquierda Indira Huilca, en el canal alternativo La Mula TV.

Pero lo hará, agregó Huilca, "bajo la misma estrategia: con represión y persecución".

En el Perú de la incertidumbre, la próxima cita en las urnas se perfila para abril de 2024. Es decir, 2023 será preelectoral, a pesar de que de los comicios de 2021 habían salido un Ejecutivo y un Legislativo que en condiciones normales deberían hacer funcionado hasta 2026.

Si el cronograma se cumple -aún deben confirmarse en una segunda votación parlamentaria-, el Perú tendría nuevos presidente y Congreso en julio de 2024, un año y medio que parecen un siglo en las actuales circunstancias.

 

El descontento de los ciudadanos


Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 71% de los pobladores está en desacuerdo con que Boluarte haya asumido la jefatura del Estado en reemplazo del destituido Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.

Para la directora del IEP, Patricia Zárate, ese rechazo deriva del desprestigio del Congreso, pues la llegada de Boluarte fue vista como una jugada para alejar lo más posible el fantasma de elecciones anticipadas.

Si la hoy presidenta hubiera rechazado tomar el mando, éste habría tenido que ser asumido por el presidente del Congreso, José Williams, quien hubiera estado por ley obligado a convocar a elecciones de inmediato.

Todo se agravó cuando Boluarte dijo en un primer momento que llegaba para quedarse hasta 2026, en convivencia con el cuestionado Legislativo. Cuando retrocedió en esa postura, el país ya ardía.

La represión empeoró la imagen. Boluarte, elegida vicepresidenta en una fórmula de izquierda y quien se dice identificada con ese pensamiento, empezó a ser vista por muchos como expresión de esa derecha que se opuso férreamente a Castillo.

“Hoy día tenemos por fin una presidenta, pero no es Boluarte, sino Keiko (Fujimori), quien está gobernando, entendiéndose a Keiko no como a una persona específica, sino a todo lo que ella representa”, dijo el analista político José Luis Ramos.

Alejada del que fue su partido, el marxista leninista Perú Libre, hoy crítico de su gestión, a Boluarte, según quienes se le oponen, se le ve más cómoda del lado de las fuerzas de derecha que controlan el Congreso, entre las que el partido fujimorista Fuerza Popular es la mayoritaria.

A la mandataria, además, sus cuestionadores la acusan de haber entregado buena parte del poder a los militares, a cambio de que controlen a los grupos que piden su salida mediante la movilización.


 

“Se ratifica la imagen de un gobierno con una relación colgada del brazo de los militares". Eduardo Ballón



Esa sensación creció con el nombramiento como jefe del gabinete ministerial del hasta entonces titular de Defensa, Alberto Otárola, percibido por analistas como muy próximo a las instituciones castrenses.

“Se ratifica la imagen de un gobierno con una relación colgada del brazo de los militares. Otárola es, claramente, ese símbolo”, opinó el antropólogo Eduardo Ballón, del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

El nuevo primer ministro reemplazó al nombrado originalmente por Boluarte, Pedro Angulo, quien se desgastó en una semana por supuestos hechos oscuros en su pasado y por la represión.

Para Ballón, la llegada de Otárola al cargo número dos del Ejecutivo es solo un “sinceramiento”, pues estaba instalada la percepción de que era él quien, desde el Ministerio de Defensa, llevaba el mando.

Las manifestaciones que estallaron tras la destitución de Castillo y que dejan casi tres decenas de muertos y centenares de heridos y detenidos tienden a mermar con el paso de los días, pero aún parecen lejos de desaparecer del todo.

Por lo menos cinco puntos de carreteras siguen bloqueados, aunque en unos 180 acabaron las tomas. En departamentos andinos como Apurímac, Ayacucho y Arequipa la movilización es grande y en Cusco se pactó una tregua hasta enero.

Enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizan entretanto una visita de inspección, mientras crece la demanda de investigación y castigo contra los militares y policías que hayan caído en excesos.

En todo ese contexto, las fuerzas políticas, severamente cuestionadas por la opinión pública, tendrán que prepararse para unos comicios anticipados que ya son ineludibles.

Sectores de izquierda querían que los comicios fueron a más tardar en cuatro meses, pero los organismos electorales pusieron dudas sobre poder hacerlas y se estuvo lejos de un consenso en esa vía.

 

 



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