Por Nahuel Lag 

La Conferencia de las Partes (más conocida como COP27), reunión anual o bianual dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), finalizó el fin de semana pasado en Sharm El-Sheikh (Egipto). La participación de la Argentina estuvo a cargo de la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, quién marcó el pulso de la negociación buscada por Argentina y otros países emergentes: el compromiso de las naciones desarrolladas en aportar financiamiento para las “pérdidas y daños” de la crisis climática. En materia de agricultura y sistemas alimentarios —que significan el 39,1 por ciento de las emisiones de la Argentina—, la Argentina mencionó vagamente a la “agroecología” en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático presentado durante la COP27, mientras que en materia internacional el cambio de modelo agrícola volvió a quedar de lado en el cierre de negociaciones.

“Por primera vez, en el último texto de negociación que se aprobó en el plenario de cierre de la COP, se abre la posibilidad para tener un fondo específico para ‘pérdidas y daños’”, valoró Jazmín Rocco Predassi, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que participó de la COP27 en Egipto. 

Rocco Predassi, en diálogo con Tierra Viva, calificó la creación del fondo como un “hito” logrado “gracias a la unión del G77, en su conjunto, y a una presión muy fuerte por parte de la sociedad civil durante los últimos años por una herramienta fundamental, sobre todo para los países más vulnerables y que se ven expuestos a los impactos del cambio climático”, pero reconoció que “es recién el primer paso, hay que ver cómo se constituye ese fondo y cómo se va a proveer el financiamiento para ese fondo.” 

La propia Secretaria de Cambio Climático de la Argentina —que viajó a la cumbre con el objetivo de insistir en un pedido que el país también hizo en la COP26 respecto de “canjear deuda por acciones climáticas”— puso en perspectiva lo poco conseguido. Señaló que, desde 2009, los países desarrollados se comprometen a financiar los daños del cambio climático con 100 mil millones de dólares anuales, pero aún no lo han hecho. También indicó Nicolini que, de acuerdo a cálculos de la Cepal, Latinoamérica ya precisa entre seis y ocho veces más fondos para financiar la transición.  

“No hubo anuncios sobre cómo movilizarán los 100 mil millones de dólares anuales que prometieron en 2009. Tampoco nuevos compromisos para reducir emisiones, algo que como indica Cepal sí venimos haciendo los países en desarrollo. La COP que iba a discutir la implementación termina sin definiciones concretas”, analizó Nicolini sobre los resultados de doce días de reuniones en un breve hilo de tuits.  

Los planes de adaptación y mitigación que Argentina presentó en la COP27 

Frente a la grave crisis climática planteada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que ya anticipó que no se cumplirán con las meta de contener la temperatura global por debajo de 1,5°C (como se pactó en el Acuerdo de París, ciudad donde ocurrió la COP21), la presentación de planes de adaptación y mitigación parecen cartas fundamentales para los próximos años. 

Argentina cumplió en los papeles al presentar las suyas. Nicolini llevó en Egipto el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático —anunciado días antes en conferencia de prensa por el presidente Alberto Fernández, quien el año pasado sí participó de la COP26 para anunciar la inversión millonaria en hidrógeno verde— y su Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo (ELP). Sin embargo, en esos documentos, la Argentina ratifica su plan de “desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera” y señala que “buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global”. El IPCC señaló en su último informe la necesidad urgente de frenar las políticas hidrocarburíferas. 

En el plan de mitigación y adaptación se presentan 250 medidas que deberían llevar adelante los ministerios nacionales hasta 2030. Entre las líneas de acción, la agroecología aparece mencionada por primera vez en documentos del gobierno argentino. Pero se trata de once menciones en sus 400 páginas y varias de ellas para reconocer el “insuficiente apoyo para la transición hacia la agroecología”.

La agroecología figura en el documento asociada siempre a la agricultura familiar campesina e indígena y habla de que “el Estado nacional diseñará e instrumentará políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva y extensiva sostenible, considerando diferentes enfoques, entre ellos la agroecología”. Una apreciación que no cierra la puerta a otros modelos “sustentabilidad”, relacionados a AgTech o bioinsumos industriales. Una posición que Argentina ya repitió en foros internacionales.  

El último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con información actualizada al 2021, indica que el 51 por ciento de los GEI son producidos por la industria energética, el 39 por ciento por la agricultura y ganadería, el seis por ciento por procesos industriales y uso de productos, y el cuatro por ciento por residuos. En cuanto al sector agrícola-ganadero, precisa que el 40 por ciento del total de GEI es generado por la ganadería (en particular por la cría de bovinos y sus residuos). Mientras que el 34 por ciento lo aportan la gestión de la tierra agrícola, entre otras motivos, por la aplicación de urea y fertilizantes sintéticos. 

El Plan —presentado de acuerdo a la Ley 27.520 y como parte de las metas del Acuerdo de París— plantea seis líneas estratégicas para alcanzar el objetivo de exceder las emisiones de gases (GEI) que contribuyen al calentamiento global. La unidad de medida es la Tonelada Métrica de Dióxido de Carbono (MtCO2eq). Argentina, según el último inventario de GEI en 2018, emite 366 MtCO2eq y el objetivo es llegar, para 2030, a la emisión neta de 349.

Las líneas estratégicas planteadas fueron: 

•          Conservación de la biodiversidad y bienes comunes.
•          Gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques.
•          Movilidad sostenible.
•          Territorios sostenibles y resilientes.
•          Transición energética.
•          Transición productiva.

Desde FARN resaltaron que el plan “no detalla cómo sus 250 medidas se traducen efectivamente en un sendero de emisiones que conduzca a este objetivo”.  “No resulta sorprendente que se vean reflejadas ciertas contradicciones entre los propósitos productivos y económicos de algunos sectores y las metas que se pretende alcanzar”, señaló la co-coordinadora del área de Política Climática de FARN. 

Pero también destacó que “hay por primera vez en un Plan dos medidas que se relacionan con la agroecología”. “Una que busca fomentar prácticas agroecológicas y otra para fomentar la ganadería agroecológica regenerativa. En ese sentido abre la posibilidad de impulsar a nivel nacional este tipo de prácticas transformadoras del sistema agropecuario que hasta ahora no se habían dado a esa escala”, valoró Rocco Predassi. 

Nicolini también presentó en la COP27 la "Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo (ELP)", un plan ordenado por  el artículo 4.19 del Acuerdo de París que debió presentarse en 2020, pero se extendió el plazo para este año por la pandemia de Covid-19. El objetivo del documento debe ser formalizar el compromiso de alcanzar la neutralidad de sus emisiones de GEI en 2050.

“Todavía falta ver cómo se van a construir los distintos escenarios que permitan arribar a esa meta de carbono neutralidad en 2050 y poder identificar bien cómo va a poder incorporarse la reducción de emisiones y también el incremento de la resiliencia o de medidas de adaptación para el sector de uso del suelo”, explicó la integrante de FARN a Tierra Viva. El documento no marca una hoja de ruta sino que habla de un proceso de planificación participativo para su formulación. 

“El proceso de elaboración de estos escenarios debe tener lugar el año que viene de forma abierta, transparente y participativa, con la representación de diferentes actores. El Consejo Asesor Externo se ha constituido como un espacio necesario, pero insuficiente para que los aportes de la sociedad civil sean tenidos en cuenta de manera sustantiva, debido a que la participación en este ámbito es consultiva, pero no vinculante”, expresaron desde FARN, que integra el Consejo Asesor Externo creado por el Gobierno para la elaboración de estos planes. 

El modelo agrícola en la COP27

En cuanto a los debates globales sobre agricultura y seguridad alimentaria, la agroecología volvió a quedar relegada en el cierre de negociaciones de la Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura, único espacio sectorial que existe bajo la Cmnucc. Creada en la COP23 —“reconociendo oficialmente la importancia de los sectores agrícolas para adaptarse y mitigar el cambio climático”—, se contemplaba un trabajo de cuatro años con participación de los países y representantes de los observadores como científicos, campesinos, fondos multilaterales de financiamiento para finalizar en la COP26. Ese plazo se corrió hasta la COP27, que contempló una negociación intermedia que sucedió en Born (Alemania).

—La COP27 era un encuentro clave para la Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura. ¿Qué resultados hubo al respecto? ¿Cómo quedó posicionado la Argentina?

—Jazmín Rocco Predassi: Las partes llegaron a la COP27 con dos objetivos. Por un lado, finalizar efectivamente la hoja de ruta de Koronivia, hacer un balance de todo lo compartido a lo largo de los cuatro o cinco años, y a su vez establecer una nueva estructura para establecer si el espacio de agricultura dentro de la negociación continuaba y de qué manera. En general, la negociación de Koronivia solamente sucedía en la primera semana, que es la semana técnica bajo los órganos subsidiarios de implementación y científico tecnológico (en ingles se llama Sbsta y SBI) y, sin embargo, al final de la segunda semana no se logró llegar a un consenso. Se envió el texto de decisión que se había alcanzado hasta ese punto a la presidencia de la COP para que ese texto de decisión se tratara en el plenario de clausura. Es decir que hasta el último momento no se sabía si se iba a aprobar el texto vinculado al futuro de Koronivia o no. 

—¿Y qué resultados se obtuvieron? 

—Finalmente en el plenario de clausura no hubo ningún país que se opusiera a ese texto de decisión con lo cual se hizo el reporte a la COP de lo producido en Koronivia y, a su vez, se logró acordar la estructura que tendrá el espacio los próximos cuatros años. Ese nuevo espacio ahora se va a llamar la Labor Conjunta de Sharm El-Sheikh sobre la implementación de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria. 

—¿Cómo continuará el trabajo en la Labor Conjunta de Sharm El-Sheikh?

—Se trata de un programa de trabajo, de cuatro años, cuya hoja de ruta está por definirse. En esta instancia lo que se logró es definir la estructura, es decir que va a ser un programa de trabajo porque de hecho esto dio lugar a varios intercambios en la negociación, había distintas opiniones sobre si debía ser un programa de trabajo, un comité o un mecanismo. Finalmente, llegaron a que sea un programa de trabajo que es algo parecido a lo que ya se tenía. El texto de decisión aprobado abre la posibilidad para que lo países y los grupos observadores envíen presentaciones, es decir documento que se envían a la Convención Marco de Naciones Unidas donde se van a recopilar distintas visiones sobre los nuevos ejes temáticas y las nuevas modalidades de trabajo. En 2023 se negociará cuáles van a ser los nuevos temas y los nuevos contenidos. 

—¿Se puede esperar que en el espacio de Labor Conjunta de Sharm El-Sheikh se incorpore la agroecología como alternativa frente al Cambio Climático?

—Desde la sociedad civil veníamos tratando de que se incorpore a la agroecología a los textos de negociación porque de hecho fue algo que estuvo muy presente a lo largo de los cuatro años de Koronivia. Hubo, por ejemplo, una científica del IPCC que habló sobre la importancia de la agroecología para transformar los ecosistemas, una campesina que contó justamente su experiencia implementando la agroecología en su día a día.  Es decir, la agroecología estuvo muy presente y sobre todo impulsada desde la sociedad civil para mostrar que es la vía para transformar los ecosistemas. Sin embargo no se logró que la agroecología se incorporará al texto de negociación, por eso desde la sociedad civil no estamos completamente satisfechos con ese resultado, pero como la Labor Conjunta de Sharm El-Sheikh va a construirse en los próximos meses quizá allí pueda existir la posibilidad de tener un taller temático específicamente dedicado a la agroecología.

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