El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no tardó desconocer la iniciativa tildándola de “ilegal”. afirmó en un comunicado que "se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso", al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

“Interés extractivista”

“El Código Municipal hace referencia a que la ciudadanía puede solicitar a la Municipalidad que haga un proceso de consulta en el marco de las afectaciones que se podrían desarrollar sobre algún proyecto. Hace referencia a que, si se alcanza el 20% de la población empadronada en la consulta que se lleve a cabo, será de naturaleza vinculante para el municipio. Y el municipio tiene facultades para otorgar o no licencias de construcción”, explica Omar Flores, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una asociación de El Salvador.

Según él, las palabras del MEM revelan “el interés extractivista que quiere defender el gobierno, haciendo referencia a algunas afirmaciones revestidas de supuesta legalidad. Por ejemplo, hablan de un proceso que se inició y que este proceso determinó la suspensión de la consulta ciudadana, cuando nunca se le notificó al Concejo Municipal de esta supuesta suspensión. Y hasta ahorita el Concejo Municipal no ha recibido ninguna notificación”.

“Principal fuente de agua potable”

El Salvador fue el primer país en prohibir este tipo de extracción hace cinco años. “La misma Cerro Blanco podría contaminar de forma grave y agresiva las aguas de nuestra principal fuente de abastecimiento de agua potable, que es la cuenca del río Lempa, que atraviesa, digamos, casi todo El Salvador. Pero somos agua dependiente, porque estas aguas se generan en nuestros países vecinos de Honduras y Guatemala. Nos sirve para suministrar agua a más de un millón y medio de personas y al resto de comunidades que están fuera de la ribera del río Lempa, pues preocupa mucho”, recalca Omar Flores.

En Guatemala, hay una larga historia de conflictos sociales en torno al extractivismo. Hace un año, el presidente Alejandro Giammattei impuso el estado de sitio en el municipio de El Estor para acabar con las protestas contra una minera suiza.

FUENTE: RFI

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