Por Mariángeles Guerrero

La Justicia Federal emitió una medida cautelar que restringe por seis meses las fumigaciones con agroquímicos en el paraje El Chañaral, al sur de Santiago del Estero. Se trata de tierras habitadas ancestralmente por el Pueblo Sanavirón y usurpadas por empresarios del agronegocio. La resolución del Juzgado Federal Nº2, a cargo de Sebastián Argibay, responde a una denuncia de familias indígenas de la comunidad "Sentimiento de mi tierra", realizada por afecciones en su salud y en la de sus animales debido al uso de agrotóxicos en los campos aledaños a sus viviendas.

Estudios llevados a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) detectaron glifosato y atrazina en el agua y el suelo del lugar. "Lo que dice la medida es que hay distancias para fumigar, que tienen que tener la receta y que la Policía tiene que controlar esto. Acá había un uso desmedido de los venenos", sintetiza Román Guerreros, consejero de la comunidad en diálogo con Tierra Viva.

La restricción fue fijada a dos empresarios que explotan un campo situado en el El Chañaral, en la zona rural de Pinto, cabecera del departamento Aguirre. La cautelar establece un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3000 metros para las aéreas, a contar desde el lugar donde está situada la comunidad. Guerreros afirma que hace tiempo vienen llevando a cabo denuncias contra las fumigaciones. "Vemos las consecuencias: las malformaciones en los nacimientos, tanto de animales como de personas, y no podemos permitir eso", describe.

El consejero señala que la zona donde se fumiga fue "habitada ancestralmente por el Pueblo Sanavirón y luego usurpada por el empresario (Rodolfo) Balbi", cercano al ex intendente de la localidad de Pinto, Emilio Rached (Juntos por el Cambio). "No voy a decir que Pinto es el corazón del agronegocio, pero anda cerca. Hay empresarios que se quedaron con las tierras de las familias campesinas y se han ido instalando. Balbi es un terrateniente de peso en la zona", afirma. El intendente Rached también es denunciado por su complicidad con los terratenientes por el Mocase.

El territorio de la comunidad "Sentimiento de mi tierra" del Pueblo Sanavirón se ubica al sur de Santiago del Estero. Abarca tres departamentos: Salavina, Mitre y Aguirre. Son 54 mil hectáreas donde habitan 300 familias. “Somos productores, nos dedicamos a la cría de animales y a la siembra, vivimos de lo que se produce en el campo”, afirma Guerreros.

En El Chañaral viven 30 familias, de las cuales 12 (unas 60 personas) se ven directamente afectadas por las fumigaciones. Ellas producen para el autoconsumo y abastecen de cabritos, pollos, corderos y vacas a la localidad de Pinto. “Hacemos agroecología, no utilizamos fertilizantes ni ningún tipo de veneno, tampoco hacemos engorde a corral. Trabajamos como se hacía antiguamente, a campo abierto y haciendo un uso comunitario de la tierra”, subraya el consejero.

"Las fumigaciones son otra manera de desalojar a las comunidades"

El 20 de noviembre de 2021 dos integrantes de la comunidad “Sentimiento de mi Tierra” presentaron una denuncia por una fumigación realizada cerca de sus viviendas. En dicha presentación, solicitaron que se investigue la posible infracción a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

De acuerdo con esa denuncia, los dueños del campo fumigaron de forma terrestre el 16 de noviembre de 2021 desde las 20 horas hasta las 7 del día siguiente. En la presentación se resaltó que, como consecuencia, muchas personas presentaron brotes de granos en todo el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y manchas en la piel. Destacaron también que hubo animales que murieron y que las crías de algunos de ellos nacieron deformes.

Las personas afectadas relataron que, a unos cien metros del campo fumigado y a continuación de las casas de los miembros de la comunidad, se encuentra el canal Niquilo que lleva agua del río Dulce hacia Pinto. Y aseguraron que allí se lavaron las máquinas “mosquito” utilizadas para fumigar y se tomó agua para preparar las fórmulas utilizadas en las aspersiones. También dejaron constancia de que en el canal quedaron tirados los envases de los agroquímicos. Los denunciantes explicaron asimismo que estas situaciones no solo se circunscriben al momento de la fumigación, cuando respiran los químicos, sino que las sustancias arrojadas quedan en el agua que se almacena en los depósitos y aljibes. Por eso, en la etapa de instrucción, la fiscal Indiana Garzón solicitó la intervención del INTA para el análisis del peritaje del agua y la tierra.

Luego de la denuncia, el Ministerio de Salud de la provincia estuvo visitando a las familias afectadas. "Lo que nos queda ahora es que el Ministerio de Salud siga viniendo, para hacer análisis de sangre. Los hospitales locales no pueden detectar muchas veces la situación del uso de los venenos, o no lo dicen porque hay un poder del otro lado que es el de los empresarios ligados a la derecha", dice Guerreros. Y añade: "Estamos en la lucha y organizados, no vamos a permitir que pasen estas cosas".

—¿Qué esperan que ocurra luego de estos seis meses?

—Lo que reclama la comunidad es seguir viviendo, produciendo, que los chicos puedan criarse en su tierra y tener salud. Porque al fin y al cabo lo que termina generando esto es el despojo de las familias que se tienen que terminar yendo porque las están fumigando día y noche. Esta es otra manera de desalojar a las comunidades.

Glifosato y atrazina en el agua del Pueblo Sanavirón

El estudio de la Estación Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria determinó la presencia de agrotóxicos en el agua y en el suelo de El Chañaral. El informe, firmado por la especialista Virginia Aparicio, da cuenta de que en las muestras de suelo del campo y de agua del canal Niquilo se encontraron tóxicos con varias moléculas por encima del umbral que fija la Comisión Europea, ante la falta de parámetros a nivel nacional.

En el agua, por ejemplo, se encontró hidroxiatrazina (metabolito de degradación de atrazina), glifosato y AMPA (metabolito de degradación de glifosato). En el suelo se halló ácido 2,4-diclorofenoxiacético, glifosato y AMPA. La atrazina es un disruptor endócrino, mientras que el glifosato y el 2,4-D fueron catalogados como “probablemente cancerígenos” por la Organización Mundial de la Salud en 2015.

Desde 1996, en la provincia de Santiago del Estero rige la Ley 6312. La misma establece una distancia de 3000 metros para las aspersiones aéreas de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice.

FUENTE: AGENCIA TIERRA VIVA

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