Los actuales 25 gobernadores de departamentos acumulan hoy 557 investigaciones formales de la Fiscalía y la cifra podría ser peor, pero varios ya fueron destituidos y sus reemplazantes, con menos tiempo, tienen currículums por ahora más limpios.

De entre 488 candidatos a reemplazar a esos gobernadores, 89 ya tienen investigaciones fiscales abiertas, según medios de prensa e instituciones civiles. En 62 casos, los supuestos delitos fueron cometidos por los postulantes cuando tenían el cargo al que buscan regresar o uno similar.

“Muchas personas envueltas en actos ilícitos en gestiones anteriores están retornando”, advirtió Percy Medina, jefe en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), organismo intergubernamental que actúa como observador oficial en las Naciones Unidas.

De 75 gobernadores departamentales elegidos en el actual período o los dos anteriores, diez están en la cárcel, dos en arresto domiciliario, uno prófugo, cinco con sentencias de prisión suspendida (libres, pero bajo reglas de conductas) y 25 enfrentan procesos judiciales avanzados.

La situación no es mejor en las alcaldías provinciales ni en las distritales, en las que también se elegirán nuevos titulares el 2 de octubre. De hecho, en las distritales las pesquisas de la Fiscalía, proporcionalmente, más que duplican a las de las otras dos instancias de la administración regional.

Casi 25 millones de peruanos están habilitados para votar por los gobernadores de los 25 departamentos, los alcaldes de las 196 provincias y los alcaldes de los 1.684 distritos. Ese día, además, serán elegidos 342 consejeros departamentales y 10.570 regidores (1.714 provinciales y 9.036 distritales).

“Serán unas elecciones distintas (a las generales) porque no habrá disputas ideológicas izquierda-derecha o de visiones de mercado, sino disputas por intereses locales de la mano con una enorme corrupción”, anticipó en una entrevista con Télam el académico Alonso Cárdenas, de la Escuela de Londres de Economía y Ciencia Política.

“Si en los comicios generales se evidencian la improvisación y precariedad de los partidos, en las elecciones regionales la improvisación y la precariedad son incluso mayores”, agregó Cárdenas, defensor de que se adopten reformas urgentes de fondo para mejorar la calidad de las organizaciones políticas.

“En tiempo de crisis de organizaciones políticas, los partidos son reemplazados por redes familiares, de paisanos, de compañeros de colegio, las cuales están basadas también en corrupción. Son mecanismos para acceder a recursos públicos”, coincidió Medina en el diario La República.

Para ayudar a los electores a decidir con más conocimiento, la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay creó el sistema del “corruptógono”, mediante la cual se avisa sobre los riesgos de cada candidato de forma similar a los octágonos que alertan sobre productos son excesos de grasas, azúcar u otros añadidos nocivos.

Según el director de Kuskachay, Eduardo Herrera, tras revisar a candidatos en siete departamentos -se espera hacerlo con los demás en los próximos días-, se encontró que 90% tiene factores que deberían generar dudas y que no han sido reportados.

Esas dudas no solo se refieren a mal manejo de fondos públicos u otras formas “clásicas” de corrupción, sino a figuras como violencia familiar o sexual, deudas con el Estado, desbalances patrimoniales o cambios permanentes e injustificados de militancia en partidos.
 

El nuevo y pequeño partido de centro Frente Esperanza es, según Herrera, el que tiene más candidatos cuestionados en lo investigado, seguido por el de centroderecha Somos Perú (SP), aunque en casi todas las fuerza las hay.

En el otro lado, el partido de izquierda Perú Libre, que llevó al poder al presidente Pedro Castillo y cuyo fundador y líder, Vladimir Cerrón, está en prisión suspendido por delitos cometidos como gobernador de Junín, se cuidó bastante y, según destacó Herrera, lleva básicamente a postulantes sin tachas.

En una investigación similar pero referida solo a candidatos a gobernadores, La República encontró que el partido con más postulantes con antecedentes es Alianza Para el Progreso (APP, centroderecha, con 13), seguido por SP (9) y dos de derecha “dura”: Avanza País (7) y Renovación Popular (3).

El secretario general de APP, Luis Valdez, culpó a las elecciones internas -mecanismo introducido por ley para mejorar la democracia interna- y dijo que a su partido prácticamente le han “impuesto” candidatos por esa vía.

Portavoces de otros partidos insistieron por su parte en que las investigaciones fiscales no implican culpabilidad. Para Herrera, los colectivos deberían ser los primeros interesados en revisar a los postulantes, pero no lo hacen.

En ese marco postulan candidatos como Ángel Unchupaico, que aspira a llegar por tercera vez a la gobernación de Junín con 19 investigaciones a cuestas. O como Juan Mendoza y Zósimo Cárdenas, que van para Ica con 16 y para Junín con 15, respectivamente.

Según investigaciones académicas y periodísticas, Perú pierde al año hasta 7.600 millones de dólares por culpa de la corrupción. Seis de los ocho últimos presidentes han tenido o tienen que responder ante la Justicia y el actual, Castillo, tiene seis investigaciones abiertas en la Fiscalía.

Las elecciones de octubre, además, tendrán como marco el incesante enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición y un creciente llamado de sectores para que se hagan elecciones anticipadas que cesen en funciones al Ejecutivo de izquierda y al Legislativo controlado por la derecha.