En 2020, casi el 80% votó a favor de la redacción de una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.

Y aunque la Convención Constituyente se instaló en 2021 con una aprobación cercana al 60%, hubo "ciertas polémicas" vinculadas a sus miembros, de los cuales la mayoría no pertenecía a partidos políticos, que "defraudaron a buena parte de las personas que apostaron por estos nuevos nombres como portadores de la voluntad popular", señaló a Télam Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

Según Espinoza, la campaña de "fake news" promovida desde la derecha también aportó a esto, que se tradujo en temor por parte de la población indecisa, que se estima es de entre el 10 y el 15%

Las últimas encuestas dan en general una victoria al rechazo a la nueva Constitución, con alrededor del 45%, mientras que la aprobación alcanzaría un 35% en la votación del 4 de septiembre.

Para el abogado constitucionalista Javier Couso, quien también es académico de la Universidad Diego Portales, el hecho de que los convencionales independientes no se identificaban dentro los partidos tradicionales pero luego la mayoría se mostró más inclinado hacia la izquierda les jugó en contra de cara a los sondeos.

Por su parte, el politólogo Marcelo Mella Polanco apuntó que "este nuevo proyecto no conecta con el sentido común de la mayor parte del electorado, que quiere cambios, pero de forma gradual".

De hecho, el contenido de la nueva Carta Magna ha recibido críticas tanto de la derecha como desde el oficialismo, que propone cambios y modificaciones en el caso de ganar la aprobación por considerarla controvertida en algunos aspectos, como el nuevo Poder Judicial, el consentimiento indígena para cambios constitucionales, la eliminación del Senado por la Cámara de las Regiones y la reelección presidencial.

Mella opinó que si gana el rechazo potenciaría "la recuperación del centro político en Chile", mientras que de vencer la aprobación se incrementaría la polarización y las presiones hacia el Gobierno de Boric para implementar el texto constitucional.

"El escenario del apruebo favorece una lógica de mayor polarización, el escenario del rechazo significa, a mi juicio, un escenario o conlleva un escenario de convergencia hacia el centro de los actores, de los actores moderados, en la búsqueda de terminar con éxito el proceso constituyente en un segundo impulso", explicó, en referencia a la postura de ciertos sectores de la derecha, que promueven el voto en contra, pero están a favor de reformas del texto vigente.

Por ello, Espinoza opinó que, de vencer el rechazo por un margen mínimo, daría pie a un nuevo proceso Constituyente, pero que se demoraría meses e incluso años, con mayor moderación en cuanto a los puntos sobre la paridad de género y derechos de los pueblos originarios.

En cambio, si el margen fuese muy amplio en favor del rechazo, esto podría derivar en intentos de desestabilización al Gobierno, debido al presunto intervencionismo electoral del que se acusa al oficialismo.

"Va a comenzar un proceso por intentar desestabilizar al Gobierno por medio de acusaciones constitucionales, el impeachment, hacia el gabinete o incluso hacia el propio presidente a raíz de un dictamen de Contraloría de la República por un supuesto intervencionismo electoral del oficialismo en medio de la campaña informativa de lo que es la propuesta de nueva Constitución", argumentó.

En contraparte, si gana el apruebo con una diferencia amplia de votos, el Gobierno, que prometió hacer algunas modificaciones a la nueva Constitución, saldría completamente fortalecido, apuntó.

"Creo que por fin se va a poder instalar con fuerza e iniciar su programa y además todo lo que tiene que ver con las reformas constitucionales para mejorar el texto y también la generación de leyes que va a acompañar lo que va a ser la nueva Constitución", indicó.

Pero si el margen de victoria es cerrado, permitiría que la derecha imponga su ritmo en cuanto a las reformas e inclusive podrían surgir acusaciones de fraude electoral.

"Va a haber algunos sectores del rechazo más radicalizado que, dentro de un margen estrecho, puedan reclamar fraude electoral. Ya hay algunas declaraciones que están preparando esa escena en el caso de que gane el apruebo por poco margen", explicó.

En esta elección el voto será obligatorio por primera vez para los todos los mayores de 18 años, lo que debería aumentar la cantidad de votantes, por lo que se esperan cifras históricas, en un país que apenas ha rebasado el 50% de participación electoral en años anteriores.

A pesar de las expectativas, Couso cree que no hay forma de determinar la influencia de los nuevos votantes, que estima en aproximadamente dos millones, especialmente si se considera que al menos medio millón de chilenos que viven en el extranjero no están registrados en el Servicio Electoral y no podrán votar.

"Estamos en una incertidumbre electoral muy alta, porque no sabemos cuánta gente va a obedecer la obligatoriedad, tampoco sabemos quiénes de los seis o siete millones que no votan irán (…) Lo más probable que sean dos millones más, veo muy difícil que sean más", justificó el abogado constitucionalista.

Por su parte, Mella consideró que inevitablemente habrá una participación masiva debido al carácter obligatorio de los comicios, y apuntó que será determinante el grupo etario de mayores de 40 años, que se identifica más con los sectores conservadores y, por lo tanto, descartó que exista un resultado progresista similar a las dos últimas elecciones.

Espinoza, por su parte, le da mayor peso al voto joven, pues sostiene que la población entre los 18 y 30 años podría ser determinante para que sea aprobado el texto, al señalar que en las encuestas "se han inclinado mayoritariamente por aprobar la nueva Constitución".

Además, el académico consideró que, aunque el contenido de la nueva Constitución reivindica y robustece aspectos ignorados en la Carta Magna de Pinochet, no han sido bien explicados y esas fallas comunicacionales han sido bien aprovechadas por el rechazo y se transformaron en debilitamiento del apruebo.

"Lo que se va a ver en ese sentido es diferencias generacionales, lo que implica que la nueva Constitución apunta mucho más al público más joven", resaltó.
 

Democracia paritaria y reconocimiento indígena

La definición de Chile como una "democracia paritaria" o el reconocimiento a autonomías regionales indígenas son algunos de los cambios que propone la nueva Constitución, que será sometida a plebiscito el próximo domingo, y que busca reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Una de las principales modificaciones es el paso de una "república democrática" a una "democracia paritaria", lo que implica que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y propone tomar medidas para lograr alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad.

La Constitución vigente de 1980 no incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad, de hecho, lo más cercano a paridad es el artículo que indica que las personas nacen libres e iguales en derechos, norma que fue reformada, ya que previamente sólo hacía referencia a los hombres.

Otro gran cambio es la definición de Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones, con autonomías regionales indígenas y el reconocimiento de un sistema jurídico de los pueblos indígenas, que viene de la mano con un cambio en el Poder Judicial, que pasaría a llamarse Sistemas de Justicia.

"El cambio de nombre (...) ha generado un fuerte rechazo de sectores en la opinión pública, por cuanto entienden que podría significar un menoscabo a la función del Poder Judicial y particularmente a su independencia de los gobiernos de turno", explicó a Télam Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile.

Por su parte, Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales, señaló que la falta de claridad sobre el sistema o sistemas de justicias nuevos y el alcance de los pueblos indígenas en ellos es lo que ha generado controversia.

"Algunos juristas dicen que hay que hacer una interpretación estrecha y que la consulta indígena es solo para temas vinculados a su de forma de vida y organizaciones territoriales. Y otros tienen una interpretación amplia, diciendo que incluso en términos de reforma constitucional se debe hacer una consulta indígena", apuntó

También hay cambios en el sistema político del país, como el "presidencialismo atenuado", la disminución de edad de 35 a 30 años para postularse a presidente y la posibilidad de una reelección consecutiva.

La eliminación del Senado es otra de las modificaciones importantes, que sería reemplazado por una Cámara de las Regiones, con menos poder y con la facultad de formar leyes acotadas a acuerdos regionales.

En cambio, la Cámara baja, que pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas, tendría un mayor poder para la formación de leyes, por lo que en el Legislativo quedaría con dos cámaras con poder asimétrico.

Otro de los puntos fuertes en la nueva Constitución es el que define a Chile como un "Estado Social y Democrático de Derecho", entregando derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones a todos los chilenos, a diferencia de la Constitución vigente, que le da al sector privado facultades para actuar sobre instituciones del Estado.

La propuesta del texto constitucional incluye además un cambio respecto al aborto, ya que se indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo, mientras que la Constitución vigente de 1980 protege explícitamente "la vida del que está por nacer", aunque esto fue modificado con la aprobación de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

Para combatir la crisis hídrica en el país, el texto incluye una gran diferencia respecto a la Constitución vigente, ya que el agua quedará establecida como bien "inapropiable", además de establecer un derecho humano al agua, priorizando su uso y creando una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.