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PUEBLOS ORIGINARIOS

14 de agosto de 2022

Indígenas denuncian pocos avances en el primer mes de diálogo con el Gobierno

ECUADOR:
Los movimientos indígenas y sociales que paralizaron Ecuador durante 18 días reprocharon este sábado la "falta de voluntad política" del Gobierno de Guillermo Lasso, al denunciar los pocos avances en las mesas de diálogo creadas hace un mes tras las protestas.

Así lo afirmó Mariana Yumbay, una de las técnicas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al término de los primeros 30 días de estos diálogos, que también incluyeron a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y al Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

Yumbay dijo que en las reuniones con delegados del Ejecutivo hubo avances mínimos en tres de los 10 puntos que motivaron el paro nacional, informó el diario local El Universo.

A modo de ejemplo, indicó que el Banco Central de Ecuador emitió una resolución para revisar la condonación y moratoria de créditos a microempresas y pymes, pero los interesados en este beneficio afirmaron que los trabajadores de la entidad les dicen que desconocen esa medida.

Respecto de los subsidios a los combustibles, uno de los puntos centrales que motivaron las protestas, las conversaciones “están paralizadas”, y lo único que se hizo fue crear una submesa técnica para buscar una solución, denunció Yumbay.


 

"No se ha avanzado mucho; y no es por las organizaciones. Al contrario, es el Ejecutivo el que no tiene respuestas"Mariana Yumbay


Mientras tanto, en la mesa de control de precios y especulación, el movimiento indígena resolvió declarar “suspendidos” los diálogos hasta que el Gobierno decida rever su decisión de no fijar precios referenciales a 44 productos de primera necesidad.

“Haciendo un balance, no se ha avanzado mucho; y no es por las organizaciones, porque se trabajó con propuestas. Al contrario, es el Ejecutivo el que no tiene respuestas. Recién en las mesas de diálogo preparan respuestas que no satisfacen las aspiraciones de las organizaciones sociales”, comentó Yumbay.

Otros actores, como Samuel Lema, dirigente de la Feine, se mostraron preocupados porque la mesa de control de precios se “suspendió” al no haber respuestas.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, recalcó que “no hay voluntad política” del Ejecutivo para atender sus planteamientos: “No estamos teniendo resultados, y eso es preocupante”, apuntó.

Las partes aún tienen pendiente instalar otras siete mesas: Fomento productivo; Empleo y derechos laborales; Energía y recursos naturales; Derechos colectivos y educación superior; Protección a inversiones nacionales; Acceso a la salud y Seguridad y justicia.

El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), David de la Torre, que actúa como garante de este proceso, prevé presentar un cronograma para intentar alcanzar acuerdos antes de los 60 días que restan del plazo que se dieron para poder plasmar las reivindicaciones indígenas.

El “acta por la paz” que se firmó el 30 de junio dio un plazo de 90 días para que la administración gubernamental y los tres movimientos sociales busquen alternativas a los puntos que propiciaron el paro nacional.

Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, está recorriendo varias provincias de la sierra andina para divulgar los avances de los diálogos.

En el marco de esa recorrida, el 7 de agosto estuvo en Chimborazo, en el centro del país, para asistir al funeral de Juan Sislema Minta, quien falleció luego de haber permanecido en coma por varias semanas, supuestamente herido por perdigones durante las protestas.

En una alocución, el dirigente indígena exhortó al Gobierno nacional a “desclasificar” la información de lo ocurrido en la movilización para así descartar la teoría de que hubo violencia desde los manifestantes y ofrecer una “reparación integral para las víctimas”.

El 30 de junio, las agrupaciones indígenas y el Gobierno firmaron un acta de compromisos que puso fin al paro y a las protestas que paralizaron el país por 18 días en junio, lapso en los que se registraron seis fallecidos, 331 heridos y 152 detenciones según organizaciones de derechos humanos.

 



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