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POLITICA

18 de julio de 2022

El Congreso peruano cerró un primer año caracterizado por el "obstruccionismo"

PERÚ:
El Congreso de Perú, afectado por altos índices de rechazo popular, cerró su primer año de trabajo con la aprobación de una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo y el avance en primera instancia de un regreso a la bicameralidad pretendido por fuerzas de derecha.

Fue un año de lo que el politólogo Roger Santa Cruz calificó, en entrevista con Télam, como un "proceso obstruccionista", en el que la oposición se dedicó a minar al Ejecutivo y éste a defenderse, hasta llegar a un "entrampamiento" que dificulta la adopción de políticas públicas.

Pero, en medio del enfrentamiento, sectores de pensamiento conservador en lo social, de derecha e izquierda, confluyeron para frenar avances progresistas en materias como equidad de género, educación sexual o políticas frente al aborto.

Aunque por calendario la legislatura debía terminar en junio, la presidenta del congreso, María del Carmen Alva, la hizo extender hasta este último viernes para definir temas pendientes, incluidos la bicameralidad y la acusación contra Castillo.

Al final, la acusación por supuesta corrupción, que según el oficialismo hace parte del plan para terminar con un mandato que originalmente debe ir hasta 2026, fue aprobada por 72 votos contra 40, lo que desde ya vislumbra que la legislatura que arrancará la próxima semana será probablemente muy parecida a la que terminó.

Aunque la acusación, que se basa sobre todo en un supuesto soborno recibido por Castillo para entregarle a una empresa la construcción de un puente -pero que incluye otros casos- no implica de momento el fin para el Presidente, sí deteriora aún más su situación, según coinciden los analistas.

Mientras tanto, el retorno al sistema de dos cámaras fue aprobado por 71 votos a favor, 45 en contra y seis abstenciones, lo que implica que, al no alcanzar los 87 votos que darían mayoría calificada entre 130 parlamentarios, debe ser sometido a un referéndum en que, a juzgar por las encuestas, difícilmente prosperará.

La bicameralidad, eliminada por iniciativa del Gobierno de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993, se convirtió por paradoja en una bandera para las fuerzas de derecha "dura", encabezadas por el fujimorismo, que argumentan que ese sistema permite mayor representatividad y mejor análisis de los proyectos de ley.

Aunque muchos politólogos coinciden en esos argumentos, la resistencia se deriva de la percepción de que lo que buscan los impulsores es un nuevo marco en el que, entre otras cosas, puedan reincorporar la reelección inmediata de parlamentarios, actualmente prohibida.

El proyecto fue impulsado por la presidente la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, quien en un principio incluyó aspectos que debió retirar en búsqueda de consensos, como endurecer las condiciones para que un presidente pueda cerrar el Congreso o permitir que los funcionarios electorales sean castigados por el Legislativo.

Aún así, Juárez no logró convencer al bloque de izquierda, que votó por el no y forzó así al referéndum. En una consulta popular en 2018, tanto la bicameralidad como la reelección de congresistas fueron derrotadas en una proporción de siete a uno y, según los analistas, esa tendencia no parece haber cambiado mucho.

En la jornada de cierre los congresistas debieron además retroceder en una iniciativa previamente aprobada que puso en duda la realización en Lima de la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que, según medios de prensa, expuso al país a una "vergüenza internacional".

Lo que sucedió fue que, por iniciativa del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el fujimorista Ernesto Bustamante, el Congreso rechazó el pedido de que se instale en la sede de la asamblea un baño mixto junto a los femeninos y masculinos. Según los parlamentarios, eso es "ideología de género" favorable a la homosexualidad.

Con la corrección, solicitada por el canciller, César Landa, se allanó el camino para que la reunión de la OEA sea en Lima. Pero la situación, que quedó al final como algo anecdótico, sirvió para mostrar la fortalece de los conservadores, que dejaron ver su músculo a lo largo del año.

Entre otros asuntos, el Congreso aprobó una ley para que organizaciones conservadoras de padres de familia puedan vetar textos escolares sobre educación sexuales y otra que entrega a padres acusados de violencia doméstica las mismas prerrogativas de tenencia de hijos que a las madres.

Asimismo, en la Comisión de Justicia aguarda un proyecto de ley, que ya superó otras instancias y que, al equiparar la vida del feto con la de la madre, endurece según los expertos la única causal por la que se permite el aborto en Perú: los problemas graves de salud de las gestantes.

También está con fuerza en el tapete una iniciativa para rebautizar al Ministerio de la Mujer como Ministerio de la Familia, lo que según feministas apunta a quitarle a la institución su tarea de protección de poblaciones vulnerables para sustituirla por otra de enfoque religioso.

En esos temas hay clara sintonía entre fuerzas de la oposición radical y del oficialismo, lo que según Santa Cruz se explica en que son asuntos que van más allá de la definición izquierda/derecha y se circunscribe en la de conservadores/liberales.

Así, destaca el politólogo, partidos como el fujimorista Fuerza Popular (FP) o el ultraconservador de inspiración religiosa Renovación Popular se unen a oficialistas, sobre todo del partido original de Castillo, Perú Libre (PL), influido por visiones populares tradicionalistas, para enfrentar a progresistas que también los hay en izquierda y en derecha.

La extraña alianza también se da en intereses compartidos, como la contrarreforma universitaria en la que también están comprometidos tanto oficialistas como opositores, aunque eso no alcanza, en opinión de Santa Cruz, para hablar de una permanente coalición "fujicerronista", en referencia a los líderes de FP, Keiko Fujimori, y PL, Vladimir Cerrón.

El Congreso retomará funciones la próxima semana con la elección de una nueva junta directiva que tendrá especial interés, pues quien resulte elegido podría convertirse en jefe de Estado interino en caso de prosperar las acciones contra Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Para los analistas, la situación no da para esperar mejoras en la relación entre un Gobierno con un rechazo popular de más de 70% y un Congreso cuya desaprobación es incluso mayor y puede acercarse a 90% en los sondeos.



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