Por Marianela Gamboa

“¡Hay que subir al Aconquija y paralizar las máquinas!”, dice don Raúl Barrionuevo en la plaza principal de Andalgalá, en la caminata que se realiza los sábados en rechazo a la megaminería. Hace dos meses que la Asamblea Aguas Claras del distrito de Choya (en Andalgalá) sostiene un acampe a más de 3000 metros de altura, cortando el paso a las máquinas y camionetas cargadas de combustible de la empresa MARA (Agua Rica-Alumbrera). El objetivo: evitar que siga con la exploración avanzada del proyecto minero que, denuncian, ya afecta la salud de todo un pueblo.

Esta lucha, como señalan integrantes de las asambleas El Algarrobo y Aguas Claras, tiene más de dos décadas. Se reactualiza y transforma constantemente, como lo hace el Estado y la empresa a manos de la empresa Yamana Gold, en sus intentos de avanzar con la explotación del yacimiento que aún no posee autorización y que ni siquiera presentó el informe de impacto ambiental.

Caminatas por la vida

Hace más de once años que se realiza una acción inigualable a nivel latinoamericano y global: la "caminata por la vida", cada sábado desde la represión del 15 de febrero de 2010. Caminata que sigue sosteniendo como consiga que Agua Rica-MARA no tiene licencia social en Andalgalá, que los pueblos no quieren megaminería.

En la previa de la Caminata 644 (del 4 de junio), vecinas y vecinos de Choya invitaron a la asamblea —su espacio de encuentro— para poder registrar sus voces y comunicar algunas de sus denuncias, entre ellas la violación de derechos humanos y derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano. También hablaron del respeto a la autodeterminación de los pueblos, y del resonante "no es no", que los gobiernos nacional y provincial desoyen.

Al llegar a Aguas Claras lo primero que se reconoce es la callecita donde, en medio de la noche y la represión del 3 de mayo, más de siete efectivos varones de la policía de Catamarca se llevaban detenida a Karina Orquera, que se defendió gritando “tengo un escudo más fuerte que el de ustedes”.

Los grupos de choque liberaban el camino a las camionetas mineras hiriendo con palos y balas a más de 20 vecinos (jóvenes, adultos y ancianos), de los cuales unos pocos se animaron a llegar al hospital para recibir la atención médica. Esos vecinos y vecinas son los mismos que, posteriormente, recibieron citaciones de la Fiscalía.

Mientras se comparte la comida, vecinos y vecinas de distintas generaciones narran cómo viven la avanzada minera, la criminalización y persecución judicial. Algunos integrantes de mayor edad no se cansan de decir que el tiempo es ahora, que van a luchar hasta las últimas consecuencias. Se escucha: “Como los árboles que mueren de pie, nosotros jamás moriremos de rodillas”.

Resistir y no rendirse es un cotidiano. Es parte de la vida del pueblo choyano que sabe muy bien que MARA-Agua Rica es una "sentencia de muerte" para las comunidades. Orgullosos comparten que allí arriba, en el campamento del “globo”, la presencia de cuerpos es transgeneracional. “Hay chicos desde los 13 años que están en el cerro defendiendo nuestra agua”, explican.

Una joven relata que todavía hay vecinos heridos por las balas de goma, que tienen infecciones y dolores en las zonas golpeadas. Otras vecinas señalan que no denuncian porque, de hacerlo, luego las persiguen.

Así suceden las cosas en Andalgalá. Las y los vecinos afirman que la complicidad Estado-empresas opera también desde lugares pequeños y comunes: trabajadores mineros directos o tercerizados que se prestan a realizar falsas denuncias, empleados estatales de un hospital que no atienden a los heridos y detenidos por ser “antimineros”, e incluso filtran sus datos a la Policía y Fiscalía para luego inculparlos de algún delito mientras ejercen su derecho a la protesta. Desde la Asamblea reiteran que exigen un ambiente sano, aguas claras para sus hijos e hijas, para los animales, para la tierra y para la vida de todo el pueblo choyano, para todos los pueblos que el Aconquija abraza.

En el pueblo de Choya viven unas 600 personas, de las cuales unas cinco o seis familias “no están en contra de la minera”, según relatan los vecinos de Aguas Claras. Choya se encuentra a doce kilómetros del centro de Andalgalá, sobre la ruta 47.

Por el futuro de los niños y niñas: el agua no se toca

La asamblea se reúne bajo históricos árboles y en un mástil flamea la bandera argentina. Relatan sobre las niñas y niños enfermos en marzo pasado, muchos con diarrea, vómitos y problemas estomacales por beber el agua que bajaba sucia del cerro, afectada por los derrumbes que provocó MARA. En el hospital fueron atendidos pero no les quisieron dar certificados ni explicar por qué tenían esos síntomas. Sin embargo, la escuela 217 “Fragata Libertad” suspendió las clases “por la falta de agua” (los filtros que “potabilizan” el agua se taparon por la cantidad de sedimento).

La denuncia llegó al Concejo Deliberante de Andalgalá, que pidió informes al gobierno provincial, responsable de autorizar a MARA para operar en las márgenes del río Choya. Sin embargo, las respuestas son las de siempre: hablan de monitoreos y controles para nada objetivos, realizados por la empresa o por el mismo Ministerio de Minería que —es bien sabido en Catamarca—, tiene sus intereses puestos en que el proyecto minero avance.

La contaminación del agua fue uno de los motivos que impulsó a asambleístas a recorrer las vertientes. Los videos muestran la presencia de material sedimentario blanquecino y algunas piedras como la pirita (con un alto componente de azufre y hierro) en las vertientes de agua que bajan hacia el pueblo, provenientes de las remociones de las cornisas del cerro con maquinaria pesada.

Esta acción implica un enorme desmonte y produce un talud que cae por las quebradas. Es decir: las acciones del proyecto MARA ya afecta al destruir zonas del cerro por donde antes —relatan los vecinos— se podía andar a caballo para buscar la hacienda, y actualmente es imposible recorrer. Se afecta de forma contundente espacios claves para la retención del elemento por el cual lucha Andalgalá: el agua.

Las aguas no conocen de fronteras estatales ni empresariales. El río Choya y el río Andalgalá son vecinos que comparten una divisoria de aguas común, asociada a la cuenca del río Minas, la misma que la propia empresa en sus informes reconoce será afectada. Desde la Asamblea resumen la situación con una vivencia concreta del lugar: “Cada día más gente de Andalgalá toma agua de bidón. Antes la gente de Choya tomaba agua de la acequia, era agua pura”.