El juez de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, Antonio Durán, dijo a YSUCA que durante el Régimen de Excepción se han suspendido ciertas garantías constitucionales.

Durán dice que el problema no es el aspecto jurídico de la suspensión de las mencionadas garantías, sino la forma en que se está ejecutando porque hay un uso abusivo de la fuerza militar y policial y esto genera muertes.

El juez de Sentencia de Zacatecoluca, a principio del mes de mayo del presente año, solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y de la Corte Penal Internacional porque al interior de El Salvador no se tiene ningún mecanismo de tutela de los derechos de la ciudadanía.

Durán manifiesta que no hay formas de controlar los abusos de poder en el país, razón por la que se cometen delitos de lesa humanidad.

El editorial de la UCA “Efectos colaterales del estado de excepción” dice en uno de sus párrafos:

“Preocupa la situación en los centros penales, que día a día se vuelve más inhumana: el hacinamiento y la insalubridad crecen exponencialmente, la alimentación es insuficiente, no se garantiza ni el mínimo acceso al agua, los maltratos se multiplican, se niega la medicina… Estas condiciones solo pueden ser calificadas como graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Violaciones que sufren tanto los responsables de delitos como los que han sido detenidos de forma arbitraria, sin ninguna prueba fehaciente en su contra de haber cometido un ilícito”.