Jueves 18 de Agosto de 2022

Hoy es Jueves 18 de Agosto de 2022 y son las 01:18 - EntrePueblosRadio, la radio que acompaña tus luchas....

PUEBLOS ORIGINARIOS

21 de marzo de 2022

Emergencia territorial indígena: las comunidades guaraníes resisten el desmonte en Misiones

ARGENTINA:
La comunidad mbya Ka’a Kupe y otras cinco que habitan en las 5636 hectáreas de territorio ancestral, reconocido por el INAI, deben poner el cuerpo frente a las máquinas de la empresa forestal CARBA SA. El Ministerio de Ecología de Misiones, incumple la Ley 26.160, y continúa otorgando permisos de tala en tierras indígenas. "Cuidamos el monte desde hace cientos de años, para las empresas es dinero”, lamentan.

Por Sergio Alvez

Desde Misiones

El pasado 8 de noviembre, seis adolescentes que viven en la comunidad mbya-guaraní Ka’a Kupe, situada en el municipio misionero de Ruiz de Montoya, combatían el calor de la siesta con un tereré helado, cuando escucharon ruidos extraños provenientes  de la selva. Decidieron buscar sus gomeras y dirigirse monte adentro. Al llegar al lugar, se encontraron con un desmonte en marcha. Ocho operarios, motosierras, un tractor apto para el transporte de troncos y dos agentes policiales portando sus armas reglamentarias. El cuadro de situación sucedía en el corazón del territorio perteneciente a esta comunidad mbya, a pesar de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones provincial ordenó la suspensión provisional de los efectos de del “Plan de Manejo Sostenible”, eufemismo con el que se aprueba el avance del desmonte en Misiones.

“Les pedimos que se vayan, les dijimos que no podían tocar los árboles de nuestra comunidad. Los policías nos mostraron sus armas y nos preguntaron nuestros nombres. Nosotros sacamos las gomeras y les tiramos piedras”, relató Gabriel, uno de los jóvenes de la comunidad.  

El episodio de noviembre no pasó a mayores y tanto los operarios como los policías se retiraron. Pero lo ocurrido marca un nuevo capítulo en una lucha que las comunidades mbya, que habitan en el municipio del centro oeste de Misiones –cerca de la frontera con Paraguay– y que cuentan con sus territorios relevados de acuerdo a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígenavienen sosteniendo desde hace tres décadas con la empresa forestal CARBA S.A. La compañía lleva años depredando y explotando el monte nativo con anuencia del Estado provincial.  

“La selva es nuestro hogar”

Se trata de un territorio de 5636 hectáreas, donde habitan las tekoa (comunidades) Ka’a Kupe, Ko’eju, Tajy Poty, Yvychi y Ka’a Poty. Entre el monte, cursos de agua, plantaciones y cultivos diversos se encuentran las viviendas donde habitan más de mil personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. La enumeración de especies arbóreas que se conjugan en este territorio indígena puede tornarse interminable: guatambú, lapacho negro, lapacho rosado, lapacho blanco, cedro, loro negro, guayubira, timbó, alecrim, yvy pyta, laurel y aracucaria, son apenas algunos de los árboles que pueblan el monte. 

Donde los pueblos originarios ven y valoran a los árboles en pie, como parte de su entorno natural, las empresas extractivas solo ven “madera dura” para el mercado de la industria forestal. En Misiones existen más de 900 establecimientos que procesan la madera de diversas formas: celulosa, aserraderos, laminadoras, carpinterías de obra, remanufactura, fábricas de muebles, entre otras actividades.  

“Para nosotros, los árboles, la selva, son parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra vida. El monte es nuestra casa. Nosotros cuidamos el monte desde hace cientos de años. Pero para las empresas los árboles son dinero”, lamenta Mario Borjas, de 42 años, quien desde hace una década es mburuvicha (cacique) de la tekoa Ka’a Kupe. 

Su comunidad está compuesta por 21 familias, que además de continuar con el ancestral y delicado oficio de la elaboración de artesanías  –principalmente tallado en madera y cestería– subsiste de la producción a pequeña escala de mandioca, batata, maní, hortalizas, sandía, y otros alimentos. En esta comunidad también funciona la Escuela Intercultural Bilingüe 957, que recibe a la gurizada de las cinco aldeas más cercanas. 

“Tenemos agua potable, tenemos energía eléctrica en un sector de la comunidad y vivimos sin molestar a nadie. Pero el gran problema que tenemos, y que cada vez es peor, es con esta empresa forestal que invade y destruye nuestro territorio. Los movimientos que hace la empresa, el daño que ocasiona a nuestro monte, han hecho que se sequen algunas vertientes de agua”, denuncia Borjas. 

Como todas las personas del Pueblo Mbya, el tono de voz y el ritmo en el habla del cacique es pausado, taciturno. Pero tras esa sonoridad nostálgica, las palabras dan cuenta de la fortaleza atávica con la que su comunidad viene resistiendo los embates de una industria forestal para la que el cuidado del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios parecen no existir

“Nosotros estamos sufriendo este avance sobre nuestro territorio y estamos luchando, pero ya mi abuelo Basilio Escobar, hace treinta años comenzó la resistencia. Él murió hace cuatro años y nos pidió a los que quedamos que nunca dejemos de defender nuestro territorio. Nos advirtió que iban a venir por la selva” afirma el cacique. 

Un amparo judicial, la forestal Carba SA y el desmonte en Misiones

La forestal CARBA S.A lleva tres décadas de conflicto con las comunidades mbya del municipio de Ruiz de Montoya. En octubre de 2020, las tekoa lograron un amparo favorable en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, luego de interponer una acción judicial tendiente a frenar los desmontes en el Lote 7- B, Colonia Seguin, sector que técnicamente se encuentra en el Municipio Campo Grande.  

El amparo dirigido contra la provincia de Misiones apuntaba contra “la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o tolerancia a los inconstitucionales desmontes y talas indiscriminadas de bosques nativo, que causan un gravísimo daño y afecta en forma directa e inmediata a los derechos de la Nación Guaraní,  afectando además los recursos de subsistencia, árboles nativos, plantas medicinales, lugares de caza, pesca y recolección de la comunidad, arroyos y nacientes de agua, sin ningún tipo de control ni prevención de daños.”

Sentados en ronda bajo la sombra de uno de los árboles del Parque República del Paraguay, en la ciudad de Posadas, un grupo de integrantes de las comunidades reflexiona acerca de los pasos a seguir con el amparo conseguido y antes de hacer oír sus reclamos en el recinto de la Legislatura Provincial. Un ave pequeña, recién caída de un nido, se acerca a una de las mujeres guaraníes, que lo toma entre su palma, lo acaricia suavemente, hasta que el pajarito se siente tan a gusto que se queda allí. Luego pasará, mansamente, a las manos y cabeza de uno de los muchachos que integra la ronda.  

“No entendemos como el Ministerio de Ecología, que debiera cuidar que no se hagan desmonte, sea la institución que autoriza y permite que esta empresa destruya el monte nativo”, sostiene Isasio Martínez, integrante de la Comunidad,  que coincide con el cacique Borjas y el resto de las personas en la necesidad de un título de propiedad comunitaria que ponga fin a tanto atropello y brinde la seguridad jurídica necesaria. Es que a pesar de ser habitantes ancestrales de sus territorios, el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables provincial había autorizado la  tala en el territorio de la Comunidad a través de la a Resolución Nº4121/2019. “Hace varios años hicimos el relevamiento en el marco de la Ley 26.160. Nuestro territorio está demarcado. Siempre estuvimos aquí. Pero nos siguen invadiendo”, denuncia Martínez.

La comunidad se encuentra, desde junio del año 2009, relevada en el marco de la Ley Emergencia Territorial Indígena –que el Gobierno nacional prorrogó por decreto a fin de año, tras su tercer vencimiento– la cual reconoce su preexistencia y el derecho a habitar las tierras que tradicional y ancestralmente ocupa. Pero aún resta la entrega efectiva del título de propiedad de dicho territorio.

Gabriel, uno de los adolescentes que enfrentó a los operarios de CARBA y los policías que desmontaban su territorio el pasado 8 de noviembre, insiste con que “no es la primera vez que esto pasa”. “Ya van tres veces, desde que se dictó el amparo, que nos encontramos con las máquinas derribando árboles en nuestro monte. La última vez les sacamos la motosierra y se la llevamos al juzgado, donde ni nos quisieron tomar la denuncia”, denuncia el joven.  

“Cada vez que arrancan árboles para desmontar, para abrir caminos, van destruyendo las plantas medicinales, y contaminando todo”, denuncia bajo los árboles de la plaza de Posadas.

“El desmonte nos afecta a todos”

En su última asamblea, celebrada entre los días 12 y 15 de octubre del año pasado, el Aty Ñeychyrõ —organización tradicional Mbya Guaraní, integrada por diversas comunidades en la provincia de Misiones— abordó el tema de los desmontes en los territorios de Ka’a Kupe y las comunidades vecinas. “Todos somos Ka’a kupe, el desmonte donde quiera que pase nos afecta a todas las comunidades, a todo el mundo”, afirma el documento surgido de la asamblea.

“Nuestra cosmovisión está vinculada con la tierra y el monte. Desde que nacemos  nuestros abuelos y abuelas nos enseñan a relacionarnos armoniosamente con el entorno, pero nos preocupa el futuro de las siguientes generaciones de niños y niñas, no sólo de nuestra Nación Guaraní sino de toda la humanidad”, sostuvieron las comunidades reunidas en el Aty Ñeychyrõ

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), entidad que viene acompañando la lucha de estas comunidades mbya, advierten que el conflicto afecta un territorio cuya posesión por parte de la tekoa Ka’a Kupe fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desde el año 2016.  “Para evitar la tala de árboles nativos, estas comunidades han recurrido a toda clase de medidas, tanto de manera administrativa, como judicial o poniendo su propio cuerpo frente a las motosierras para suspender cualquier operación forestal en el territorio que habitan. Lamentablemente impera el silencio de las autoridades y la actividad depredadora continúa”,

En este sentido, en Endepa observan que “existe un claro desinterés por parte del Ministerio de Ecología en respetar los derechos indígenas” contemplados en la Constitución Nacional, mediante el artículo 75 Inciso 17, en la Ley Nº 24.071, que reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT. 

“El guaraní siempre busca un lugar donde estar tranquilo, donde enseñar a sus hijos cómo seguir cuidando la naturaleza, la selva, cómo valorar una planta, cómo convivir con animales, con pájaros, eso es lo que nosotros vamos a seguir buscando siempre”, asegura Miguel Báez, de la comunidad Guazurarí. Y concluye: “Nuestro problema es que siempre aparece un hombre diciendo que ese territorio no nos pertenece, que es propiedad privada, que no podemos estar ahí. Nosotros simplemente queremos convivir y tener un lugar tranquilo, convivir con la selva”.  



COMPARTIR:

Comentarios

Escribir un comentario »

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!