La “Caminata por la Justicia”, que emprendieron el 23 de febrero desde Andalgalá, Catamarca, integrantes de la Asamblea El Algarrobo, llegó el miércoles a la ciudad de Buenos Aires, donde presentaron dos petitorios con más de 1000 firmas. Uno en los Tribunales Federales de Comodoro Py, para exigir el cierre del proyecto megaminero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El otro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que declare constitucional la ordenanza que prohíbe la megaminería en toda la cuenca del río Andalgalá.

“Esta caminata forma parte de un plan de acción decidido por la Asamblea. Pedimos medidas urgentes. No estamos cansados, estamos enojados”, dijo este jueves Eliana Guerrero, una de las asambleístas que participó de la caminata, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio de Justicia y Paz (Serpaj).

En los Tribunales Federales pidieron el cierre del proyecto megaminero Mara —propiedad de las multinacionales Yamana, Glencore y Newmont—, de extracción de oro, cobre, plata y molibdeno en el cordón montañoso Aconquija. Apuntan contra la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene que resolver una medida cautelar solicitada en abril de 2021, donde se pide la clausura del proyecto MARA por violar la Ley de Glaciares. El yacimiento, que primero llevó el nombre de Agua Rica, ya había sido frenado por la Justicia en 2016, cuando la Corte Suprema de la Nación hizo lugar al recurso de amparo de los vecinos y ordenó a los tribunales provinciales analizar el planteo de los asambleístas respecto a la evaluación de impacto ambiental del proyecto minero (hecho que derivó en la suspensión hasta 2019).

“Es el mismo proyecto sólo que le cambiaron el nombre para poder avanzar”, advirtió Raúl Barrionuevo, otro de los vecinos que integró la caminata.En la Corte Suprema de Justicia, el jueves por la mañana, pidieron que se declare constitucional la ordenanza 029/2016 redactada por el pueblo de Andalgalá y sancionada en 2016, que prohíbe la megaminería en la cuenca del río Andalgalá. En diciembre de 2020, en una maniobra ya denunciada por la Asamblea, el máximo tribunal de Catamarca (alineado con el gobierno provincial) declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza. Cuatro meses después, la empresa comenzó a subir las máquinas al cerro para empezar las tareas de exploración.

“En Catamarca se ha sistematizado el modelo extractivo. Desde hace doce años estamos en conflicto permanente, es el modo de vida al que nos han forzado”, sostuvo Guerrero. “Tenemos que salir a defender lo obvio: el agua, la vida, nuestros derechos más básicos.”

Ezequiel Moreno, otro de los asambleístas, advirtió que la exploración que lleva a cabo la empresa, a través de pozos en la montaña, ya tiene impactos en el agua que toma la población. “Declararon que iban a ser diez pozos y ya llevan 30”, señaló.

Reiteraron que tanto la mina La Alumbrera —que funcionó durante 24 años— como el nuevo proyecto MARA violan la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la ordenanza local, que piden a los jueces supremos que vuelvan a restituir.

Andalgalá, caminata y resistencia

La caminata, emprendida por cinco integrantes de la asamblea, salió de Andalgalá el miércoles 23 de febrero. Recorrieron más de 1300 kilómetros. Visitaron localidades de La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde fueron recibidos por otras asambleas y grupos de vecinos que expresaron su solidaridad. “Nos hermana el agua”, sostuvo Guerrero al enumerar las luchas en defensa del agua en la cordillera, los bosques nativos y el río Paraná.

Durante la caminata, sumaron más de mil firmas a los petitorios presentados, apoyo que también se plasmó en mensajes en una bandera de casi tres metros de ancho, que dice: “Agua para los pueblos. Andalgalá camina por Justicia”.

“Nuestras causas siempre caminan lento en la Justicia —sostuvo Eliana— mientras que las causas que nos arman a nosotros, los allanamientos, las detenciones, siembre van rápido. Hasta los fines de semana trabajan en eso.”

Volvieron a denunciar que en Catamarca, y específicamente en Andalgalá, es permanente la persecución a quienes se manifiestan en contra de la megaminería. “En las caminatas de los sábados estamos rodeados de policías. Si paramos a conversar en la plaza, aunque sea para hablar del tiempo o de la comida, aparece la policía. Por cualquier cosa nos llaman (de la comisaría) y nos pintan los dedos. En los allanamientos no respetan ni a los niños, los tienen más de una hora sentados viendo como violentan a sus padres y revuelven las casas”, enumeró. Para la Asamblea, lo que viven no es democracia sino una “dictadura minera”.