La denuncia fue realizada por la Asociación de los Pueblos Indígenas (APIB) y la organización no gubernamental Amazon Watch, al divulgar del informe anual sobre el avance de la minería en las tierras indígenas de Brasil, país que posee el 60% de la selva amazónica.

De acuerdo al trabajo, las empresas mineras que han hecho pedidos de expansión al ente regulador del sector son Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio do Brasil, Mineracao Taboca yMamoré Mineracao e Metalurgia (ambas do Grupo Minsur), Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.

"Esto está en el centro de la intensa agenda del Gobierno de Bolsonaro para desmontar la legislación ambiental y apoyar al sector minero, la apertura de los territorios indígenas para la minería industrial y a la pequeña o artesanal (llamados garimpos)", dice el comunicado enviado a Télam.

La aprobación del proyecto de Ley 191/2020 del Gobierno de Bolsonaro "puede causar la pérdida de 160.000 km2 de selva amazónica", dice el informe.

Agrega que en 2021 la deforestación vinculada a la minería aumentó 62% respecto de 2018, año en el cual Bolsonaro llegó al poder con un discurso para incorporar actividades económicas en las reservas indígenas y anular el sistema de multas ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

El informe apunta también a que las empresas mineras son incentivadas con las concesiones de créditos por parte de fondos de inversión estadounidenses y de otros países, inclusive Brasil.

La APIB es la principal organización política indígena brasileña, cuyos integrantes han protagonizado el año pasado un acampe en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, contra la aprobación de las leyes que retiran la protección ambiental.

El informe apunta que estos nueve gigantes de la minería que hicieron pedidos formales a la Agencia Nacional de Minería para la explotación en tierras indígenas, algo ilegal aún, están financiadas por entidades que han desembolsado 54.100 millones de dólares de créditos.

El trabajo apunta a los fondos estadounidenses Capital Group, BlackRock y Vanguard como los principales financistas de "las empresas citadas por sus intereses en tierras indígenas y por su historial en violación de derechos".

Además, hace recomendaciones a las empresas a retirar el apoyo al proyecto de ley para explotar minerales en tierras indígenas demarcadas y a retirar todos los pedidos realizados ante la Agencia Nacional de Minería para incursionar en la selva amazónica protegida.