Zeballos argumentó que "hay actos investigativos pendientes" y que el caso, en el que se investiga la responsabilidad de Áñez en el golpe de estado que derrocó al presidente Evo Morales en 2019, es "complejo".

La defensa apeló la resolución, según la agencia de noticias AFP.
"Me siguen castigando a gusto de mis verdugos, el caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron, soy inocente", reaccionó Áñez, de 54 años, en Twitter.
Más temprano, el gobierno desmintió que la expresidenta esté incomunicada y afirmó que se estableció una guardia médica permanente para supervisar su estado por la huelga de hambre, por lo que negó que se esté vulnerando su derecho a la salud.

"Desde el pasado viernes, hay de cuatro a seis médicos en el recinto penitenciario vigilando de modo permanente la salud de la señora Áñez y también tenemos dispuesta la unidad de emergencia", señaló el jefe del equipo médico que supervisa la atención de la exgobernante, según la agencia estatal de noticias ABI.
Áñez se declaró en ayuno voluntario el miércoles 9 en la cárcel de La Paz donde está en detención preventiva desde marzo del año pasado, en espera del juicio ordinario por el golpe de estado.

El director del Hospital de Clínicas de La Paz, Johnny Ayllón, dijo que la salud de Áñez es estable, según constataron médicos que la atendieron pese a su negativa.
"La paciente está estable, aunque se la atiende incluso contra su voluntad como ordenó el juez, y los servicios médicos han establecido que su estado no reúne características para ser internada", dijo.

También lamentó que la exmandataria haya rechazado la atención en por lo menos dos oportunidades, "aunque luego ha accedido", señaló.
Advirtió que por la huelga de hambre "en algún momento va a tener una descompensación y en ese momento vamos a tener que intervenir así sea en contra de su voluntad, internarla y darle las garantías para que pueda salir adelante".
Una misión de la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dijo el fin de semana, tras visitar a Áñez en la cárcel, que había constatado que sus derechos eran respetados, al contrario de lo que denunciaba insistentemente la hija de la expresidenta, Carolina Ribera.

El Acnudh "constató que hasta el momento se ha respetado su decisión (de Áñez) como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta" y "se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados", dijo el organismo en un comunicado en Twitter.

El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario reportaron en términos parecidos la situación de Áñez y revelaron que habían prohibido el ingreso de Ribera a la cárcel debido a su "mal comportamiento", incluidas agresiones a guardias del local.

La exmandataria está con prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, y desde su ingreso al penal de Miraflores ella misma y su familia denunciaron maltratos, desatención a su salud y hasta un intento de suicidio.
En octubre de 2021, la defensa de Áñez sufrió un revés cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares porque consideró que el Estado boliviano velaba por la salud de la detenida