"El Ministerio de Salud inició una investigación relacionada a supuestos procedimientos quirúrgicos" para esterilización "sin el debido consentimiento de los pacientes", informó el gobierno panameño en un comunicado.

Además, añade la nota, las autoridades sanitarias han solicitado "informes" a varias regiones del país.

La decisión de abrir una investigación se produce pocas horas después de que la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, manifestara que no había "datos veraces y fehacientes" sobre esterilizaciones de mujeres indígenas sin su permiso.

En Panamá "si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento" de esterilización, dijo Berrio en el canal panameño TVN-2.

Berrio culpó también a la oposición de promover denuncias sin pruebas con el fin de oscurecer la labor gubernamental, pese a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados oficialistas.

Las declaraciones de la funcionaria se produjeron tras las denuncias difundidas por la diputada suplente Walkiria Chandler, según las cuales, una docena de mujeres indígenas panameñas habrían sido infertilizadas sin su consentimiento.

En declaraciones a RFI, esta diputada independiente explicó que "la comunidad indígena ha sido olvidada por el Estado; son mujeres que han sido tradicionalmente ignoradas".

Chandler, quien había criticado las declaraciones de la ministra sobre las posibles esterilizaciones haciéndolas pasar por "conspiraciones políticas", subrayó también a RFI que "nos ha costado mucho, muchísimo, que colegas, tanto hombres como mujeres, presten atención a esta denuncia".

En declaraciones a la prensa, Chandler había dicho que el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quién dejó su cargo recientemente de manera temporal por problemas de salud, conocía estas denuncias.

Según Chandler, varias mujeres denunciaron haber sido infertilizadas sin saberlo.

La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.

Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró una nota al entonces ministro Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el órgano legislativo.

Las indígenas aseguran que quienes han tenido partos en el hospital señalado por las presuntas infertilizaciones perdieron su capacidad reproductiva, mientras que las que dieron a luz en sus comunidades pueden seguir reproduciéndose.

FUENTE: Redaccion RFI