El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, informó esta tarde, a través de Twitter, que se derogará la Ley de Zonificación Minera y se llamará a un plebiscito. Tras la represión sufrida por el pueblo chubutense, Arcioni manifestó en la red social: «Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad». A continuación señaló: «Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar todas las voces del pueblo». Activistas socioambientales ya advirtieron que no puede plebiscitarse una ley inconstitucional por violar derechos humanos y que el pueblo de la provincia ya expresó su posición en las calles. La Ley había sido promulgada por el propio Arcioni y publicada en el Boletín Oficial.

Durante esta mañana trascendió que el gobernador Mariano Arcioni tenía intenciones de «suspender» la ley y de llamar a un plebiscito. Desde las asambleas socioambientales la respuesta fue clara: «Queremos la derogación, no vamos a aceptar otra cosa». Mientras tanto, en la Legislatura de Chubut fueron ingresados dos proyectos de derogación, que podrían tratarse mañana en la sesión ordinaria. La derogación solo puede producirse si es votada por la Legislatura, que mañana sesionará de forma ordinaria. Los partidos Chubut Unido y la Unión Cívica Radical ya ingresaron proyectos de derogación. Por su parte, los municipios de Puerto Madryn y el Hoyo ya habían anticipado que no adherirán a la ley provincial de zonificación minera.

Los derechos no se plebiscitan

Pablo Lada, de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, confirmó a este medio que hay dos proyectos ingresados para derogar. «Las últimas novedades son que la diputada Gabriela de Lucía que responde al Sindicato de Empleados de Comercio acaba de anunciar que votó favorablemente a la ley y que ahora votará la derogación», agregó el activista.

Respecto a la posibilidad de plebiscitar la ley de zonificación minera, Lada fue contundente: «Imaginate plebiscitar una ley que es inconstitucional por violar el artículo 169 de la OIT, que viola el Acuerdo de Escazú, que fue parida desde la corrupción. Pretenden que opinemos sobre eso y la opinión ya está en las calles: hay cientos de miles de votos contra la zonificación».

Por su parte, Viviana Peralta, de la Asamblea de Esquel, confirmó que «algunos diputados que votaron a favor se están dando vuelta y dicen que van a escuchar al pueblo, así que creemos que esto se puede resolver mañana en la Legislatura». Es decir, en la sesión de mañana 21 de diciembre. La diputada provincial Leila Lloyd Jones confirmó al medio Radio 3 que este lunes el bloque “Chubut Unido” presentó un proyecto de derogación. A su vez, la Unión Cívica Radical presentó otra iniciativa en el mismo sentido. Por su parte, la diputada Belén Baskovc (PJ) apuntó que mañana estará «una vez más en Legislatura haciendo valer la voz del pueblo que pide la derogación del proyecto minero», por lo que acompañaría la iniciativa que da marcha atrás con la zonificación minera.

En el año 2003, un 82 por ciento de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.  A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar contra toda posibilidad de judicialización de una norma que no cuenta con el aval popular. En la sesión del 2 de diciembre pasado, la Legislatura de la provincia había reformado  la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

En mayo de este año, la Legislatura chubutense votó en contra del proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotación minera en esta provincia. La iniciativa había sido presentada en noviembre último por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con 31.000 firmas.

Una carta para pedir la derogación y el cese de la represión

Más de 150 organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales difundieron este lunes un pronunciamiento demandando el cese inmediato de la represión en Chubut. Reclamaron además la derogación de la Ley XVII Nº 149 de Zonificación Minera sancionada el miércoles pasado, que habilita la megaminería en la provincia. Sostienen que de esta manera se alcanzará «la paz social» en la provincia.

Entre las organizaciones que reclamaron a través de una carta la derogación de la zonificación minera se cuentan asambleas socioambientales chubutenses, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Red Nacional de Humedales, el Observatorio Petrolero Sur, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras. También firmaron el documento personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Enrique Viale, Masitella Svampa, Rita Segato, Nacho Levy y Marta Maffei. El pedido también recibió el apoyo internacional de México, Chile, Uruguay, Ecuador y España, entre otros.

La carta denuncia graves violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones sin orden judicial durante la represión policial ocurrida desde el 15 de diciembre en diversas ciudades de la provincia.

«El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes», señala la misiva. La nota también alude al hostigamiento contra defensores y defensoras ambientales y violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

La carta firmada por 150 organizaciones advierte que «la decisión del Gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos Cenpat/Conicet y universidades públicas de la zona)». A su vez, agrega que «la aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de  degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut». 

Pedido de inconstitucionalidad para la zonificación minera

Por su parte, el Equipo de Pastoral Aborigen- Diócesis de Comodoro Rivadavia, informó que en representación de la comunidad Mapuche Tehuelche Mallín de los Cual y la Comunidad Mapuche Lof Lefimi se presentó demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Zonificación XVII N°149 por violación a los derechos de consulta y participación indígena y también solicitan medida cautelar de no innovar consistente en la suspensión de la vigente Ley, mientras dura el proceso.

La presentación fue realizada electrónicamente, este domingo 19 de diciembre y radicada en la Secretaría de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia.

«El poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto 128/20 como la Legislatura en el proceso de debate y sanción de la ley XVII N° 149, se hallaban obligados a establecer mecanismos institucionales para realizar el proceso de consulta a las comunidades indígenas afectadas», manifestaron desde Endepa. 

Esta omisión volvió inconstitucional la ley de zonificación minera, ya que se avasallaron los derechos del pueblo Mapuche Tehuelche de brindar su voz sobre el punto. «Las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta Central Norte, vuelven a sufrir una vez más el despojo, el ultraje y la violación de sus territorios, de su cosmovisión y el derecho a la autodeterminación», denunció Endepa.