Inversiones Pinares adquirió las concesiones mineras ASP1 y ASP2, cuando en 2013 Congreso Nacional, bajo el mando de Juan Orlando Hernández, redujo la zona núcleo de la montaña parque nacional Carlos Escaleras, ubicado en el departamento de Colón. Cuando el parque se declaró zona protegida tenía 23,223 hectáreas, pero los diputados mediante un decreto aprobado el 16 de diciembre de 2013, le quitaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo para la explotación minera.

Esas concesiones se otorgaron sin la participación del Instituto de Conservación Forestal ICF, para establecer cuáles son las condiciones físicas ambientales del terreno. A la concesión ASP1 se le otorgó la licencia ambiental sin consultar a las comunidades afectadas, y la ASP2 ni siquiera cuenta con la licencia ambiental.

Sin consultar a la gente, quien sí ha logrado tener el licenciamiento ambiental es la peletizadora Ecotek, la fábrica donde el empresario y su esposa procesan la piedra de hierro que extraen de la montaña. Esta fábrica se ubica a la ribera del río Guapinol y de varias comunidades campesinas que, denuncian la contaminación ambiental y auditiva que ha comenzado a producir, a pesar que aún no entra en funciones totalmente.

Para el abogado Tábora el modelo extractivo en base a corrupción produce coerción penal en favor de las empresas, “todo sistema formado por la policía, ejército, Ministerio Público y Poder Judicial se adapta a las necesidades de los empresarios para criminalizar a la ciudadanía que protesta con los proyectos mineros e hidroeléctricos entre otros”.

En 2016 las comunidades comenzaron a ver personas extrañas en la montaña haciendo mediciones y sacando muestras de tierra.  La gente no sabía qué pasaba y comenzaron a exigir lo básico; información a la municipalidad de Tocoa, Colón y la Secretaría del Ambiente sobre lo que estaba pasando. La gente se preocupó cuando comenzaron abrir una carretera hasta la zona núcleo del parque, porque está generó sedimento en el río Guapinol, principal fuente que abastece de agua a las familias de la zona.

De manera organizada se presentaron más de 20 denuncias ante el Ministerio Público por daños ambientales, hostigamiento y amenazas a muerte hacia algunos líderes. También se denunció al alcalde Adán Fúnez y la secretaria municipal Norma García por falsificación de documentos en beneficio de la minera. Hasta la fecha ninguna de esas denuncias ha sido debidamente investigada. Se guardaron en la gaveta de la impunidad.

Sin embargo, existen reportes que demuestran como la empresa de seguridad de la minera, la Policía Nacional y el Ministerio Público hacían trabajo de vigilancia en las comunidades desde 2018, cada vez que la población realizaba una caminata o plantón exigiendo la cancelación del proyecto.

“En esas vigilancias se inventaron dos requerimientos fiscales para criminalizar a 32 líderes comunitarios por varios delitos”, dijo explicando que de los dos casos solo uno está vigente por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad, los cuales mantienen en prisión a 8 pobladores desde hace más de dos años en la cárcel de Olanchito, Yoro.

Represión penal

Para que puedan funcionar estos proyectos de carácter destructivo que amenazan la riqueza nacional que es de todos y todas, se necesita la cooperación del Poder Judicial, que en base a la corrupción se traduce en represión penal, hacia quienes se oponen a este modelo empobrecedor de las comunidades, porque arrasa con los ríos, montañas, bosques y medios de vida.

“Bajo esas características se violenta el debido proceso y una muestra muy significativa es la prisión preventiva impuesta a los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro. Hasta Naciones Unidas a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias estableció que los defensores están sufriendo una detención injusta y arbitraria”, dijo el abogado defensor Omar Menjivar.

Los 8 defensores están a las puertas de un juicio oral y público. Todo juicio debe llevarse a cabo con las condiciones mínimas que establece la Constitución de la República, eso implica que deben desarrollarse en el marco de la igualdad y apegado al debido proceso. Significa que antes de evacuar las pruebas documental, audiovisual o pericial en un juicio oral y público, las partes en conflicto deben conocerlas y saber de qué se tratan para aceptarlas o defenderse.

Para Menjivar no es extraño que el Ministerio Público haya negado el acceso a la evidencia que va a presentar y evacuar durante el juicio oral y público, que a petición de la defensa se reprogramó el 09 de diciembre en la ciudad de Tocoa, Colón. “Todo encaja en el propósito de usar el derecho penal como represión penal o como herramienta de garantía para asegurar el éxito del proyecto minero Inversiones los Pinares”, explicó el abogado.

La población del sector San Pedro, Guapinol y el casco urbano de Tocoa, se ha auto convocado para este 09 de diciembre a una caminata desde el parque central hasta los juzgados del municipio, donde se instalarán en campamento pacífico exigiendo justicia para los defensores criminalizados y para los ríos que están siendo contaminados por la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé.

FUENTE: Radio Progreso HN - La voz que está con vos