Tras la derrota electoral, el gobierno nacional avanza con la presentación ante el Congreso de un Plan Plurianual que contiene los principales lineamientos de la política económica de los próximos años, un paso fundamental en las negociaciones para un acuerdo con el FMI. Los dos grandes bloques políticos (FdT y JxC), se preparan para aprobar un plan económico en función del pago de una deuda fraudulenta, en detrimento del bienestar social y popular.

El préstamo tomado por el gobierno de Cambiemos con el FMI por U$S 44.500 millones estuvo plagado de irregularidades: no fue aprobado por el Congreso e incumple los propios estatutos del FMI, que impedían al organismo otorgar un crédito semejante y su utilización para la fuga de capitales. En ese sentido se trata de una deuda ilegítima, ilegal y odiosa, producto de una apuesta política del Fondo -a pedido de Donald Trump- para asegurar los negocios de los especuladores financieros y favorecer la reelección de Mauricio Macri. Al respecto, el Banco Central realizó una investigación e informó que el proceso de endeudamiento en 2015 - 2019 y el préstamo del FMI tuvieron como destino mayoritario la fuga de capitales. Asimismo, la Oficina Anticorrupción presentó ante la Justicia una denuncia penal a Macri y varios funcionarios por malversación y defraudación de fondos públicos, en la cual la Procuración del Tesoro es querellante. Ya hemos dicho que la “deuda” es una estafa por su origen e impagable por sus montos, y no corresponde hundir la economía para beneficiar a los mal llamados “acreedores”.

A pesar de ello, en lugar de suspender los pagos y profundizar la investigación de los reclamos, el gobierno continúa pagando vencimientos de intereses y capital al FMI: a fines de diciembre se habrán abonado U$S 6.300 millones en dos años. Al mismo tiempo, viene adaptando el plan económico a las exigencias usuales del FMI: reducción del déficit fiscal, restricción de la intervención del Estado en la economía (Hidrovía, Vicentin, etc.), ajuste de jubilaciones, salarios y planes sociales, y una profundización del proyecto primario y extractivista (soja, minería, ganadería, etc.) de graves consecuencias sociales y ambientales. Mientras tanto, casi el 50% de la población está bajo la línea de pobreza, el hambre crece en los barrios y los salarios pierden frente a la inflación.

En ese sentido, un acuerdo con el FMI -aunque sea el “menos malo”- profundizará ese camino al formalizar los condicionamientos estrictos que suele exigir el organismo e imponer una supervisión permanente sobre la política económica nacional durante los siguientes 10 años, priorizando el pago de una estafa sobre las necesidades populares. Esto incluye la aplicación de tarifazos en los servicios públicos, reformas estructurales (laboral, jubilatoria, impositiva) y el retroceso del Estado en la regulación de los mercados y resortes económicos. Serían una pérdida de soberanía y un ajuste inaceptables para nuestro pueblo.

No obstante, semejante plan se encontrará con la resistencia de los sectores populares, que poco tiempo atrás tiraron abajo los planes de ajuste de Macri. El crecimiento de la movilización de lxs desocupadxs, las luchas ambientalistas, de movimientos feministas y disidentes, de pueblos originarios, la pelea salarial y en defensa de los puestos de trabajo son una tendencia actual que irá creciendo de la mano del ajuste. Frente a ello, es esperable que se agraven la criminalización de la protesta y la persecución y represión a las luchas populares, como lo demuestran la reciente condena a Arakaki y Ruiz, procesados por la lucha contra la reforma jubilatoria recomendada por el FMI en diciembre de 2017, y el encarcelamiento e intento de extradición de Facundo Molares.

Como parte de tales luchas, la “Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda” viene impulsando una gran campaña multisectorial contra el pago de una deuda que el pueblo no debe pagar, desarrollando iniciativas tales como un juicio popular al FMI, cortes, actos y movilizaciones en las calles y decenas de actividades virtuales durante la cuarentena. Como continuidad, seremos parte de la movilización unitaria del 11 de diciembre a la Plaza de Mayo y otras ciudades del país, y seguiremos ampliando la convocatoria hacia todos los sectores populares que repudian la estafa de la deuda y el FMI y están dispuestos a movilizar por ello, incluidos aquellos afines o simpatizantes del Frente de Todos, construyendo en unidad un plan de lucha para las semanas decisivas que tenemos por delante. 

No hay acuerdo benévolo ni “mal menor” con el FMI: pactar con el Fondo tiene un costo enorme para nuestro pueblo. Por el contrario, es posible y necesaria una política alternativa: suspender los pagos, investigar el endeudamiento y anular toda deuda ilegítima, unir nuestra lucha con los otros pueblos de Latinoamérica y el mundo que se levantan contra el FMI y los planes de ajuste y poner los recursos estatales y nacionales al servicio de una recuperación económica y social con centro en el bienestar popular y el cuidado de nuestros territorios, cuerpos y bienes comunes. 

¡Las estafas no se pagan!
¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza!
¡Basta de ajuste!