Esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2011, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, asegura Martha Lucía Márquez, directora del Cinep. Para Gustavo Gallón, director de la CCJ, “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

Para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando.

En el año 2019 la sede de la CCJ fue objeto de sobrevuelos con drones en dos ocasiones, mientras que Cinep y organizaciones sociales siguen siendo blanco de perfilamientos del Ejército, como reveló la Revista Semana en 2020*.

Además, recientemente ha habido espionajes y seguimientos recientes no solo a estas organizaciones sino en las sedes y casas de quienes promueven el derecho a la protesta.

En la sentencia SC3- 21032890 de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a la carpeta titulada “CINEP”, encontrada por la Fiscalía en una de las oficinas del antiguo DAS, como una de las pruebas allegadas al proceso. En esta había un registro fotográfico de los miembros del Cinep y sus actividades, identificación y establecimiento de sus contactos y amistades, seguimiento personal, ubicación de su residencia, y la completa individualización de sus abonados telefónicos.