“El Juez Samuel Lizama es una persona que ha estado en el proceso sobre el río Sensunapán, que ha visto los problemas ambientales de dicho territorio y es por esto, que como Mesa Territorial de Sonsonate, estamos diciéndole al Ejecutivo que no trasladen al Juez Samuel Lizama, porque atenta contra la justicia ambiental”, sostuvo.

Desde la aprobación del polémico decreto legislativo 144, que ha sido denunciado como atentatorio para la “independencia judicial” de jueces, juezas, magistradas y magistrados en el país. Quienes fueron cesados de sus funciones por los criterios de la edad y años de servicio en el sistema judicial, sin respetar el debido proceso.

Y que los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, elegida de manera inconstitucional acató el mandato presidencial y realizó en menos de una semana el cese de labores de 200 jueces, en el país.

Casos emblemáticos como la destitución del Juez de Instrucción, Jorge Guzmán, en el caso de la Masacre de El Mozote, se unió la del Magistrado Samuel Lizama y la Magistrada Cesia Romero, quienes fueron removidos de la Cámara Ambiental de San Salvador el 27 de septiembre del presente año, al interior del país.

Actualmente, el Magistrado Samuel Lizama pasó a la Cámara de lo Penal en San Vicente y la Magistrada Cesia Romero, a la Cámara de lo Civil en Santa Ana, ambos fueron críticos del decreto 144, que argumentaron violentaba la Constitución de la república.

“¿Por qué es importante que el Magistrado Lizama vuelva a la Cámara Ambiental? porque ha admitido muchas demandas ambientales a favor del pueblo, y en este último caso para salvaguardar el río Sensunapán y no es justo que lo remuevan”, dijo.

“Nosotros estamos en la lucha social no por “X”partido, sino por el medio ambiente y nos hacemos presente para decirle a la población y autoridades que no estamos de acuerdo, ya que el río Sensunapán abastece a muchas comunidades y como Mesa Territorial sabemos que si no defendemos este río, aumentará su agonía hasta secarse”, expresó Gutiérrez.

Mientras, Enrique Carías Morán, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, Sonsonate, explicó como la intervención del Magistrado Lizama en el caso del río Sensunapán permitió por primera vez a los Pueblos Indígenas, reivindicar sus derechos a un ambiente sano.

“Nosotros aplaudimos cuando en enero del presente año nos llegó la gran noticia y supimos que él Juez Samuel Lizama decidió visitar el territorio de Pusthan y Sisimitepet que son las comunidades indígenas del municipio de Nahuizalco, eso nos pareció algo importante para el pueblo indígena”.

“Me pareció asombroso porque en mis cincuenta años de vida no había visto un juez que se interesara así, por un tema de defensa de derechos ambientales y humanos. Nos pareció muy bueno, una excelente decisión del juez, y así fue que lo esperamos, lo recibimos y acompañamos. Y él por su parte tuvo la voluntad de escucharnos y conocer los sitios sagrados sobre el río Sensunapán que le mostramos”, recordó Carías.

Y reiteró que debido a toda esa información que le brindaron en el recorrido que hizo el Magistrado Lizama, le permitió “ construir su resolución”, que señaló fue apegada a las demandas de subsistencia de los Pueblos Indígenas.

“Su resolución la dictó el 8 de junio 2021, en donde determinó Medidas Cautelares en defensa del río, las cuales han sido órdenes judiciales que giró al Ministro de Medio Ambiente (Fernando López) y la ministra de Cultura (Mariemm Pleytez) , los cuales hasta el momento, ambos funcionarios no han respondido aun a esta decisión de la Cámara Ambiental”, agregó.

“Para nosotros es sospechoso que lo hayan trasladado de allí, (Cámara Ambiental) es por estas medidas y órdenes que giró en cuanto la protección del río Sensunapán y otros casos importantes como el río Grande de San Miguel, que giró órdenes para el gobierno y la municipalidad de restaurarlo, todo esto que han hecho con el Magistrado nos da mala espina, ese movimiento”, agregó Carías.

El Magistrado Samuel Lizama, también pidió al titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que completara la documentación en el caso de “Valle del Ángel” y así evaluar si habían considerado integrar al estudio de impacto ambiental las variables sobre los impactos del Cambio Climático, en el proyecto urbanístico de la familia Regalado Dueñas.

Y los permisos ambientales en los casos de el sitio arqueológico Tacuschalco y en la construcción de las represas El Chaparral y el Cimarrón. Así como la condena al Ejecutivo por los daños ambientales al Cerro El Águila, entre otros casos de justicia ambiental.

“Como comunidades de Pueblos Indígenas le exigimos a la Corte Suprema de Justicia, que reintegren al Juez Samuel Lizama a la Cámara Ambiental, porque es el único juez que a lo largo de todos estos años ha tenido el valor de pronunciarse en favor de un bien natural como son los ríos, y reconocer nuestra lucha desde las comunidades que llevamos más 17 años, exigiendo justicia para nosotros y nuestros bienes naturales”, puntualizó Carías.