Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión sobre la ratificación de la Medida Precautoria que impide dar permiso de siembras

de maíz transgénico muchas veces asociadas al herbicida glifosato. Las y los Ministros determinarán sobre el mantenimiento de la suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado (GM) ordenada por diez Tribunales Federales a raíz de la Demanda Colectiva de personas científicas, campesinas y organizacionesdefensoras de derechos humanos y ambientales. Parte del análisis deberá incluir que en marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud estableció al glifosato como probable cancerígeno, es decir, subió el nivel de alerta sobre el uso del herbicida asociado a las siembras de maíz transgénico. La discusión en los Tribunales Federales se remonta a septiembre de 2013, cuando un Juez Federal suspendió toda acción tendente a permitir sembrar maíz transgénico en el país. Ante ello las trasnacionales presentaron decenas de impugnaciones, argumentando una supuesta finalidad de innovación tecnológica y científica en supuesto beneficio general.

Ante los argumentos de las empresas promotoras de transgénicos, los Tribunales Federales han sostenido desde marzo de 2016 que las siembras experimentales de OGM de maíz “...podrían ser útiles para recabar elementos de prueba que demuestren los efectos (positivos o negativos)... y esos elementos podrían ponderarse para decidir... si pueden permitirse o no liberaciones de OGM de maíz...”

En otras palabras, la agroindustria ha tenido cinco años y medio para solicitar siembras experimentales de maíz transgénico y así aportar elementos a los Tribunales Federales, para decidir si proceden más siembras en nuestro país.

Aportar elementos les habría permitido demostrar sus argumentos, y a las y los científicos de la Colectividad demandante contrargumentar los resultados y dictámenes. Por ejemplo, tratándose de la utilización del herbicida glifosato, autoridades ambientales y de salud debían elaborar dictámenes previos en el lugar de la siembra experimental que llegaran a solicitar. Monsanto y otras trasnacionales han evadido por cinco años solicitar permisos de siembras experimentales para evitar que su tecnología sea evaluada en posibles lugares de siembra, y han eludido reportar mensualmente los datos de control y seguridad de su tecnología ante los Tribunales Federales, por tanto, han evitado que las comunidades científicas y campesinas les cuestionen a través de sus personas abogadas y frente a los Tribunales.

La Suprema Corte además de analizar posibles riesgos por la carcinogenicidad de la tecnología, y la presencia sin control de transgénicos en el campo mexicano documentada por la Demanda Colectiva, deberá estudiar si los argumentos que la agroindustria trasnacional ha presentado a los Tribunales merecen credibilidad, pues a cinco años y medio de poder hacer uso experimental de su tecnología, ha preferido mantenerla oculta a la confrontación judicial. Los resultados de las evaluaciones durante la etapa experimental serían la prueba idónea para resolver si son seguros los transgénicos o no. ¡No lo son! Según los cientos de miles de demandantes contra el glifosato de Monsanto-Bayer en Estados Unidos y Canadá por generar cáncer. Sin embargo, reiteramos que las demandadas Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (conocida mundialmente como DuPont-Corteva) no han solicitado permisos para siembra experimental, con base en la puerta que les abrió el Poder Judicial en 2016. Por un lado, la Colectividad demandante ha logrado demostrar los riesgos que implica la siembra de maíz GM. Ha documentado oficialmente la presencia de maíz genéticamente modificado en el campo sin evaluación previa y sin ningún control. Asimismo, se ha constatado que el principal herbicida asociado a la tecnología es cancerígeno.

En este mes que celebramos al maíz, sabemos que las y los Ministros de la SCJN tienen el compromiso de proteger nuestra planta sagrada y mantener la medida precautoria. La Suprema Corte tiene una vez más ante sí un asunto de gran trascendencia, por ser nuestra nación centro de origen y de diversidad constante del maíz, materia que tiene enorme relevancia en el presente y para las generaciones futuras, por las grandes reservas genéticas del maíz con las que cuenta México para proveer seguridad alimentaria a todo el mundo.

Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo