Por Anabel Pomar

“Muchas mujeres resignan la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas de sostenimiento de la vida.” La frase, que resonará en el cuerpo de toda mujer que la lea, forma parte del inicio del informe “Campesinas. Organización para la salud” elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explora el acceso a ese derecho básico por parte de las campesinas en Argentina. La investigación muestra que la desigualdad de género se ve agravada aún más cuando esas mujeres habitan en parajes y poblaciones rurales. Los resultados son concluyentes: las malas condiciones de acceso a la atención médica, la sobrecarga en las tareas de cuidado y la falta de políticas públicas hacen que no accedan al derecho a la salud.

Una de las conclusiones del estudio es que las mujeres de zonas rurales no cuentan con disponibilidad del mismo tratamiento que en zonas urbanas, sobre todo cuando se trata de acceder a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos frecuentes, el seguimiento de un embarazo o las posibilidades de su interrupción, y adecuada atención del momento del parto y el postparto.

La investigación, a la que se puede acceder aquí, recupera testimonios de mujeres de distintas provincias del país. En ellos se revela que, en el campo, todo queda lejos y a contramano. Las largas distancias por recorrer para llegar a un lugar de atención primaria se agrava por la falta de profesionales especializados y la imposibilidad de darle continuidad a los tratamientos.

Las conversaciones en los territorios fueron clave para relevar la realidad que viven cotidianamente. Las autoras del informe, Daiana Aizenberg y Agustina Bender, explican que estuvieron con comunidades campesinas alejadas de las capitales de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. También visitaron la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el cinturón hortícola platense.

Las dificultades se transitan de forma diferente y con distintas estrategias, pero en todos los casos las mujeres campesinas quedan más lejos de gozar de sus derechos. En ese contexto, mencionan las propias entrevistadas, las organizaciones campesinas son una respuesta fundamental para el ejercicio de los derechos negados por un Estado que pocas veces llega a las comunidades rurales.

Entre lo que dice el marco legal, que es un paraguas amplio, y las maneras en que esos derechos se garantizan, hay un trecho, resumen las autoras. “Los derechos están, pero poder acceder es una tortura” subraya Leti, una de las entrevistadas en Quimilí, Santiago del Estero.

Las mujeres de Quimilí deben recorrer 200 kilómetros hacia la capital de la provincia para acceder al hospital regional más cercano. Para las infancias, el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) Eva Perón y el Hospital de Niños son los dos establecimientos que más valoran, pero también se encuentran en la capital. El dato grafica la “tortura” que implica el lograr una atención adecuada.

La odisea para conseguir un turno

La salud depende de las condiciones estructurales de acceso. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) —recuerda el informe— esto incluye la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, agua potable, alimentación y vivienda adecuadas”.

En las zonas rurales de Argentina, la infraestructura adecuada para facilitar la atención médica siempre queda lejos. Las distancias que deben recorrer muchas mujeres para encontrar lugares de atención impiden la consulta de control. Sólo se llega a la consulta cuando pasa algo grave. Además de los problemas y gastos que implican el traslado, la odisea no termina allí. Es habitual que los turnos no sean el mismo día. Si eso ocurre, tienen que conseguir un lugar para quedarse en la capital o, en el peor de los casos, viajar nuevamente hasta sus casas y volver en unos meses.

“Concurren a atenderse cuándo ya no pueden más del dolor. Antes que atender sus propias dolencias, les dan prioridad a los niños o a las personas adultas mayores. Resignan su propia salud, el autocuidado, por la sobrecarga de tareas.”, cuenta Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS y del relevamiento realizado. De este modo, la prevención de los problemas de salud queda absolutamente relegada.

Una de las entrevistadas (solicitó mantener anonimato), de la comunidad misionera de San Antonio, afirma: “Es tan complicado hacerse estudios médicos, que me los termino haciendo únicamente cuando estoy embarazada”. A la dificultad de las distancias, se le suma la complejidad de la logística familiar para el cuidado de su salud. Los viajes que realizan en esa provincia son de 120 a 170 kilómetros, para llegar a las ciudades de Eldorado, Puerto Iguazú y San Vicente. Allí se encuentra la mayoría de los hospitales de alta complejidad.

A las dificultades materiales se le suma la incomprensión. Las campesinas manifiestan sentirse, y con frecuencia, juzgadas por el personal de salud durante las consultas. En algunos casos reciben críticas sobre el tiempo que pasa entre una consulta y la siguiente, sin considerar la odisea que implica movilizarse. No faltan relatos que señalan también un fuerte cuestionamiento sobre el uso que ellas hacen de la medicina ancestral: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, dice en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Ese acceso sin equidad a la salud se profundiza aún más cuando sólo se depende de la atención pública. En las zonas en las que se depende sólo de instituciones estatales, éstas se encuentran en menor cantidad y con menos complejidad para la atención. Con la cantidad de personal médico y de enfermería ocurre lo mismo. 

Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (2024), aproximadamente el 32 por ciento de los establecimientos de salud del país son públicos. Sin embargo, en el NOA y en el NEA los establecimientos públicos alcanzaron proporciones que superan este promedio, con 42 por ciento y 53 por ciento respectivamente. El NEA y NOA fueron las de mayor relación de establecimientos públicos por habitantes.

Estas regiones, a su vez, tuvieron la mayor frecuencia de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que —en algunos casos— logran achicar las distancias. Pero en la mayoría de ellos, según el relevamiento del CELS, no se cuenta con medicamentos, equipamiento ni personal médico de especialidades necesarias.

Cuerpos y vidas a la deriva

La vida sexual y reproductiva de una mujer abarca múltiples aspectos. Esos accesos inequitativos a los servicios más básicos de salud las alejan del pleno goce de sus derechos y de la posibilidad de tomar elecciones informadas sobre sus cuerpos. Lo mismo sucede con los partos y sus controles, tanto antes como luego del nacimiento.

Muchas campesinas de Santiago del Estero hacen sus controles en puestos móviles o “camioncitos de salud”. En esos casos, las distancias se achican. Pero el recorrido de estas postas móviles no siempre es constante ni frecuente. En Bernardo de Irigoyen (Misiones) y en Quimilí (Santiago del Estero), las mujeres campesinas relatan que jamás recibieron los resultados de sus estudios de papanicolau (que sirve para detectar el cáncer de cuello uterino), colposcopía (examen de cuello de útero, vagina y vulva) y mamografía, por lo que quedaron sin saber su estado de salud.

A pesar de las leyes nacionales de Parto Humanizado y de Protección Integral de las Mujeres, las campesinas relatan que los sentimientos, percepciones, experiencias y saberes sobre el propio cuerpo, muchas veces resultan ignorados durante el proceso de pre y post parto. Maltrato verbal o físico, deslegitimación, restricción de información sobre los procesos y las decisiones que pueden tomar, medicalización al momento del parto y escaso acompañamiento fueron algunos de los temas que se repitieron.

La violencia obstétrica persiste en muchas clínicas y hospitales. El 79 por ciento de la violencia obstétrica es de tipo psicológica, el 40 por ciento es física y el 14,7 por ciento de las personas que se comunicaron a la línea 144 informaron haber sufrido violencia sexual.

Los relatos ilustran esos números. “Ser mujer, marrona y campesina es un orgullo para Susana, pero en el hospital de La Plata donde se atiende son sesgos de discriminación: ‘Te ven con esa tonada de que sos de provincia y te dejan de lado’", se lee en el informe. El mismo cuenta también la historia de otra mujer, en Santiago del Estero, a quien le negaron la internación cuando comenzó su trabajo de parto. Su bebé falleció; a ella le realizaron un legrado (raspaje del útero con una cureta) y le dieron el alta. Otro caso fue el de Leonor, que pasó la noche parada en el pasillo del Hospital de La Banda (Santiago del Estero), con su hija recién nacida y luego de una episiotomía, porque faltaban camas y no había más colectivos para volver a Quimilí.

La episiotomía es un corte que se hace en el tejido entre la abertura vaginal y el ano durante el parto, y dicha práctica está cuestionada incluso por la Organización Mundial de la Salud. ”A dos de cada tres personas gestantes primerizas en nuestro país les hacen episiotomías”, denuncian desde el CELS. 

Como estrategia ante lo complejo de asistir a un centro de salud cuando llegan los síntomas del parto, algunas mujeres rurales optan por cesáreas programadas. “María, vecina de Quimilí, prefiere organizar su parto de ese modo porque vive muy lejos del hospital, no tiene vehículo y se le dificulta volver a realizarse los controles; entonces una internación de varios días le resulta más conveniente. No es que no haya hospital público en Quimilí, pero derivan todos los partos a la capital provincial. La cesárea, que debería aparecer como una práctica médica extraordinaria, se impone muchas veces por la complejidad logística”, dice el informe.

Otra dificultad es el acceso a los anticonceptivos. El relevamiento cuenta que, en Misiones, Miriam decidió, ante el nacimiento de su quinto hijo, solicitar una ligadura tubaria (método anticonceptivo permanente). Su intención era aprovechar el parto para realizar la intervención. Sin embargo, en el hospital de Eldorado se la negaron sin motivo y le ofrecieron en su lugar colocarle un dispositivo intrauterino (DIU, otro método no permanente), a los dos meses. A Mónica, de Bernardo de Irigoyen, el ginecólogo le pidió la autorización de su esposo para realizarle una ligadura tubaria (pese a lo que dice la ley para estos casos). A Laura se la negaron porque “aún era joven y podía arrepentirse”.

Entre objetores y agrotóxicos

Toda mujer debe decidir sobre su cuerpo y su embarazo. En las comunidades rurales, muchas no pueden decidir por las consecuencias de los agrotóxicos que interrumpen sus embarazos. En otros casos, cuando son ellas quienes quieren ejercer el derecho a no continuar una gestación, encuentran trabas concretas que cercenan sus derechos.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, las mujeres fumigadas tienen un 75 por ciento más de posibilidades de sufrir un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. “Fue en las asambleas donde surgió un tema que no habíamos contemplado al comienzo de la investigación: la incidencia de los agrotóxicos en los abortos involuntarios. En varios lugares, los testimonios se repetían, y eran coincidentes, además de la pérdida de embarazos referenciaban descomposturas y reacciones en la piel o problemas respiratorios relacionados con el uso de agrotóxicos”, explican desde el CELS. El informe contiene todo un capítulo específico sobre el tema.

En 2015, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia advirtió que existen vínculos documentados entre la exposición prenatal a sustancias químicas ambientales y los resultados adversos para la salud. En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones en el que señala la evidencia científica sobre las consecuencias de la exposición al glifosato y otros pesticidas.

Los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, especialmente en la salud reproductiva, incluyen trastornos de fertilidad, abortos involuntarios, nacimiento de niños y niñas con bajo peso, riesgo de parto prematuro, preeclampsia (complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada), aumento de hospitalizaciones post parto por infecciones en mujeres, malformaciones congénitas, infecciones y hasta aumento en la probabilidad de muerte de recién nacidos.

Por otra parte, el aborto elegido, en las comunidades rurales, no está exento de debates que aún atraviesan el tema, pero, concretamente, la posibilidad de acceder al derecho al aborto se enfrenta de lleno con la presencia de muchísimos impedimentos, que se hacen más notorios en las provincias más conservadoras. La oposición de efectores de salud a la práctica y el número de objetores en el sector público son un obstáculo real.

En el Hospital de San Antonio (Misiones), se grafica en la investigación, el equipo de salud es objetor. “Por lo tanto, quienes opten por interrumpir su embarazo deberán desplazarse hasta Pozo Azul, una localidad a 100 kilómetros de distancia. La vigencia y cercanía de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía está atravesada por sesgos morales y religiosos que, en algunos casos, obstaculizan la apropiación de derechos conquistados. Aún así, las organizaciones sociales toman la decisión política de acompañar el plan de vida de sus integrantes”, resalta.

Sostener y tejer comunidad

En este presente de achicamiento y desmembramiento del Estado todo hace prever que el acceso a la salud integral, ya en deuda, se complique aún más. Ahí, desde siempre, están y estarán las propias mujeres acuerpándose para tejer redes. Y para seguir exigiendo que el derecho a la salud sea posible para todas, independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica. Cuidar a quienes cuidan y a quienes nos alimentan se hace urgente y necesario en un presente que pareciera olvidarse de la importancia del sostenimiento de la vida.

“Hoy nos encontramos con las provincias haciendo malabares y con el Estado nacional que se ha corrido. Sin insumos, sin medicamentos y con el desmantelamiento de programas enteros destinados a prevenir embarazos en adolescentes, por ejemplo”, explican desde la Coordinación de Agenda Feminista del CELS.

El organismo de DDHH detalla que “las organizaciones sociales funcionan como puente para llegar al primer nivel de atención a la salud. Muchas veces garantizan el plato de comida, así como dan apoyo escolar y juegos para niños y niñas. Son el telar de solidaridad y afecto en un tejido social cada vez más desintegrado”. También marca la necesidad de reconocer y fortalecer el rol de las promotoras de salud y de género y garantizar la representación de las organizaciones campesinas e indígenas en las mesas de trabajo y en los espacios de definición de las políticas públicas que afecten a sus comunidades. 

Los cuidados comunitarios son estratégicos para el desarrollo de las comunidades rurales, por su inserción territorial, por las posibilidades de sostenibilidad y por la pertenencia a una trama cultural común. “Lo que vimos y escuchamos a lo largo de todas las entrevistas es que el acompañamiento de las organizaciones de la propia comunidad es clave para tratar de sortear tantos obstáculos. En algunos casos las ayudan a gestionar los turnos, pero en todos son quienes se encargan de insistir para que no se pierda esa conciencia de la necesidad del autocuidado. Algo que resulta fundamental”, afirma de la Vega.

“Una señora se nos acercó en Misiones y nos compartió un consejo que practica y comparte con otras: ‘Aunque estés tapada de trabajo, tomate unos matecitos y, aunque sea, dedicate una hora para vos’. Ese registro, ese espacio que nos damos, para pensarnos, son algunos de los aprendizajes que nos trajimos de esos encuentros. Y resultan centrales para poder conectarse”, comenta.

Esa autoconciencia, ese reconocimiento, esa conexión con el propio cuerpo, no es suficiente, pero es un primer paso necesario para escucharse. Este “parar la pelota” se da fundamentalmente a través de talleres. Pero el acompañamiento no se queda sólo ahí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), por citar un ejemplo, sostiene una red de promotoras de salud. Ellas trabajan para generar esa conciencia y juegan un rol de comunicación con el Estado que resulta clave para atender las demandas y para garantizar el acceso a tratamientos o a medicación antes escasos, hoy cada vez más lejanos.

FUENTE: https://agenciatierraviva.com.ar/la-salud-un-derecho-lejano-para-las-mujeres-campesinas/