Por Nahuel Lag 

El mega DNU firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada y el mega proyecto de ley enviado al Congreso este miércoles tienen el objetivo expreso de dar vía libre a las empresas extractivas para explotar sin limitaciones los bienes naturales. En la primera semana de gobierno los sectores extractivo-exportadores recibieron otra mega noticia, la devaluación del 120 por ciento —una de las más grandes de la historia del país— que impacta directo en la cantidad de pesos recibidos por cada embarque. Para el sector minero privado, el decreto y el proyecto de ley acumulan más meganoticias favorables. 

Entre ambas iniciativas las modificaciones a favor de los capitales privados mineros serían: 

• Derogación de un canon establecido en la Ley de Comercio Minero (DNU). 
• Derogación de obligaciones para informar qué y cómo llevan adelante las explotaciones (DNU). 
• Congelamiento de las retenciones en un 4,5 por ciento y un techo del 15 por ciento a futuro (proyecto de ley). 
• Creación de un Régimen Especial para Grandes Inversiones (proyecto de ley). 
• Modificación en la protección de glaciares que habilitará más proyectos de explotación (proyecto de ley). 
• Privatización de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, propiedad del estado nacional, el estado catamarqueño y la Universidad de Tucumán (proyecto de ley).
• Modificación del artículo 194 del Código Penal para incrementar las penas y tipificar como “organizadores” a quienes se manifiestan en las calles (proyecto de ley). 

El DNU entró en vigencia el viernes 29 de diciembre. Resta ver si el Congreso lo rechaza en sus dos cámaras, si queda vigente por falta de tratamiento o porque en solo una de las dos cámaras se juntan los votos para el rechazo —en Diputados las posibilidades son más altas, mientras que en el Senado el gobierno y las grandes empresas podrían inclinar la balanza—. El otro camino será el del Poder Judicial, que aún permanece sin mayores novedades. 

En tanto, los puntos del proyecto de ley llevarán un trámite más extenso. Deberá cumplir con la división de poderes y el tratamiento, con debate en el Poder Legislativo, por lo que se espera que lleve tiempo hasta su aprobación (en caso de que se logre). De todas formas, sería de esperar que lo que se refiera a materia de inversiones mineras se apruebe, ya que no hay diferencias entre los bloques políticos del peronismo a la ultraderecha respecto de la decisión de avanzar en la explotación —con algún matiz de nacionalización de los recursos solo en los discursos del peronismo, al menos en la gestión del Frente de Todos—. Las reformas tampoco son tan drásticas, porque la Ley de Inversiones Mineras —que otorga beneficios fiscales por 30 años a las empresas— dictada en el gobierno de Carlos Menem nunca fue modificada. 

La muestra de la continuidad en la política minera quedó plasmada en el decreto 91/2023, publicado en el Boletín Oficial el miércoles pasado, en la mañana del mismo día en que las centrales sindicales marcharon al Palacio Tribunales, el Gobierno reprimió a un pequeño grupo de manifestantes (cuando desconcentraban) y luego presentó el mega proyecto de ley. Como dato de continuidad: la ex secretaria de Energía del gobierno del Frente de Todos Flavia Royón fue nombrada como nueva secretaría de Minería. 

En agosto pasado, durante el Seminario Internacional del Litio y acompañada por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáez; y de Catamarca, Raúl Jalil, —dos de las provincias que son parte del denominado “triángulo del litio”—, Royón destacó: “Hoy a nivel global se discute la transición energética, un escenario que para la Argentina constituye una gran oportunidad. Además de nuestro potencial en gas como combustible de transición, en energías renovables e hidrógeno, el mundo también requiere minerales críticos para llevar adelante esa transición. Y la Argentina los tiene.” 

El ex ministro de Economía, Sergio Massa, quien puso a Royón en funciones, también tenía sus ideas sobre la megaminería. “Basta con mirar la Cordillera como si fuera una torta, pensar cuánto se produjo de un lado y cuánto no se produjo y hay para producir del otro, para entender que Argentina tiene una gran oportunidad de desarrollo, no solo en el litio, sino en el cobre, en el oro, en la plata, y en otros minerales y tierras”, decía en campaña.

En la noche del domingo, sentado en la mesa con Mirtha Legrand junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente Milei dejó en claro los intereses empresariales y geopolíticos que él representa y que están detrás de las políticas que impulsa a través del mega DNU —“Bases para la reconstrucción de la economía argentina”— y el proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”—: “Una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está muy interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad.” 

El Presidente difunde con orgullo su relación con Elon Musk, la destaca en redes sociales y hasta mencionó a su empresa satelital Starlink durante la cadena nacional de anuncio del DNU, en el que ordenó desregular los cielos. Y en el megaproyecto pone a Arsat —la empresa satelital del Estado— a la venta. Además, el megaproyecto de ley habilita la venta en la Argentina de los autos eléctricos autónomos, otro favor para Musk y su empresa Tesla, intereses relacionados de forma directa con el litio como material esencial para las baterías de los autos “verdes”. 

El cambio drástico que marca Milei es la entrega total al mercado —sin intentos de intervención estatal como planes de empresas federales de litio, declaraciones de interés nacional (propone derogar en materia de combustibles) ni intervención en la cadena productiva YPF Litio, puesta a la venta en el megaproyecto— y rendición ante los intereses de Estados Unidos expresados por la generala del Comando Sur Laura Richardson. En detrimento, o en desventaja por alineamiento ideológico, de la relación con China, que ya explota litio y otros metales en la Argentina. 

Lo que avanza con el DNU y el megaproyecto es la libertad radical de mercado. “La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal”, dice el objeto del proyecto ómnibus. Agrega luego que velará por los derechos constitucionales, pero es por decoro a sabiendas de que el mercado está en primer lugar. 

La teoría del derrame que se impone —con promesas de inversiones y empleo— tiene en la Argentina una prueba concreta que viene desde los años menemistas que Milei viene a renovar. La promesa para Andalgalá, Catamarca, cuando el entonces presidente Carlos Menem inauguró Minera Alumbrera fue más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. 

Veintiséis años después el proyecto cerró su etapa productiva —aunque pretende usar las instalaciones para el nuevo MARA (Agua Rica-Alumbrera)— y los únicos derrames que se registraron fueron los del mineraloducto que une Catamarca y Tucumán, con denuncias de la población y sin control estatal ni empresario. Situación similar vive San Juan, que registró el derrame de cianuro y mercurio más grande de la historia minera, siempre hablando de contaminación y no de riquezas distribuidas a la población.  

Según el documento oficial “Costos y beneficios de la minería en Argentina”, en el país hay 17 proyectos metalíferos en operación —oro, plata, litio,con producción de plomo y zinc— y  1.144 establecimientos productivos con producción ligada a la minería. También existen 95 proyectos en etapas de exploración avanzada a construcción, que podrían entrar en producción en los próximos años. Además, entre enero de 2020 y agosto de 2022 hubo anuncios de inversión por más de 10.000 millones de dólares. 

A fines de 2021, se contabilizaron 33.825 puestos de trabajo asalariados formales directos en la minería  —minería metalífera, no metalífera, carbón, servicios de apoyo directos a la minería y empleo minero en empresas cementeras y ladrilleras—. En 2023, la cifra llegó a los 40.000 empleos, con una suba del siete por ciento. Esa cifra significa sólo el 3,3 por ciento del empleo formal industrial, que en febrero de 2023 era de 1.184.300. 

MegaDNU es más megaminería 

Las asambleas socioambientales analizaron y condenaron el mega DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre. Entre ellas, estuvo la histórica Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, que hace 20 años dijo “No” a la megaminería, y aún mantiene la amenaza latentes del proyecto minero Suyai —en el que tiene acciones en el empresario Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA y aliado del Gobierno—. 

Desde la Asamblea No A La Mina denuncian que el DNU —que entra en vigencia este viernes 29—  “introduce reformas sustanciales en favor de las empresas mineras”. La primera es la eliminación del pago de un canon obligatorio establecido por la Ley de Comercio Minero. “Que la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada”, reza el DNU abriendo la puerta a incrementar el número de explotaciones mineras. Las estimaciones de empresas y medios afines del sector ponen la expectativa en que Argentina sea el segundo exportador mundial de carbonato de litio (materia prima sin valor agregado) en 2025.  

Con esa excusa, Milei avanza en el decreto con la derogación de “costos en el sector minero” implicados en la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero (1995), que establece “abonar una tasa anual equivalente al valor del canon anual por una pertenencia de mina de la primera categoría”. 

Esa normativa propone tener información sobre la actividad a través de una base de datos, centros de información y consulta, agentes de información y usuarios. Y se complementa con la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera (1996), con el objetivo de recoger información sobre el equipamiento y el empleo en el sector, a cargo de la Secretaría de Minería. “El DNU de Milei lo deroga permitiendo así que las empresas extraigan y negocien nuestros bienes sin necesidad de que sepamos qué es lo que hacen y sin abonar canon alguno”, denuncian desde la Asamblea No a la Mina. 

La asamblea de Esquel resalta que el megaderecto no modifica los amplios beneficios de la Ley de Inversiones Mineras (1996) por lo que “el DNU mantiene el régimen de beneficios especiales para el sector minero y, además, viene a legitimar que la actividad se realice sin ningún tipo de controles habilitando a las empresas a depredar los ambientes y desarrollar sus actividades en territorios liberados y bajo su exclusivo control”.

“A este descontrol se le suma el beneficio de que puedan comprar las tierras sus corporaciones extranjeras o los mismos ejecutivos”, advierte sobre la derogación de Ley de Tierras. En ese sentido, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) advirtió en un comunicado titular “Peor que en los ‘90”, que la derogación de la Ley de Tierras se traducirá “en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua” y el muy probable “desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera”. 

Por su parte, la Asamblea El Algarrobo —con sus más de 700 caminatas por la vida en Andalgalá— repudió el DNU y aseguró que está hecho “a medida de las corporaciones”,  ya que “Milei y sus ministros intentan dejar sin efecto un paquete de leyes y artículos, con el fin de favorecer las corporaciones”. 

“Observamos con preocupación que las grandes empresas han pasado de hacer lobby a intentar dirigir cada vez más descaradamente el país. Porque resulta claro que detrás de la letra del decreto son las corporaciones y grandes empresas quienes escriben”, sentenciaron desde la asamblea catamarqueña y denunciaron, en paralelo, “el protocolo represivo del gobierno nacional, que intenta criminalizar y prohibir la protesta social y la libertad de expresión, sin las cuales no hay democracia”. “Entendemos que sólo el pueblo cuida al pueblo, por eso seguiremos en las calles como hasta ahora, con la alegría y la esperanza que fortalecen la resistencia y la lucha colectiva”, afirmaron. 

El rechazo al DNU llegó también desde Jujuy. El Tercer Malón de la Paz expresó su profunda preocupación y rechazo, y calificó el DNU de “inconsulto y violatorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales”. Los voceros de los pueblos originarios trazaron un paralelismo con la reforma Constitucional impulsada y aprobada por el ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales. 

Las comunidades resaltaron la derogación de la Ley de Tierras por la pérdida de “soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua” y la “mayor opacidad” de la actividad minera, que “ya se encuentra absolutamente desregulada” y con “un sistema de regalías irrisorios”, mientras que se “seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación”.

Respecto de ese punto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) precisó que mientras el artículo 177 del decreto faculta a la Secretaría de Energía a modificar de manera arbitraria el esquema de subsidios a los servicios de energía que reciben los consumidores, “no altera en absoluto el acceso a subsidios a la oferta de gas que reciben las compañías extractivas”. Estos subsidios son transferencias directas del Estado a grandes empresas como YPF, Tecpetrol, CGC, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, Equinor, Shell, CAPEX o Wintershall, que en el Presupuesto 2023 representan más de 150 mil millones. 

Por su parte, la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) expresó su rechazo al decreto presidencial bajo la histórica bandera: “Sin agua no hay vida”, que en las últimas dos décadas marcó las peleas de las comunidades afectadas por el extractivismo en todo el país. “Sabiendo que las sequías -aunque también las inundaciones-, son causadas por este modo de producción. Rechazamos este DNU porque significa más destrucción de la vida de millones de personas para la ganancia de unos pocos (para las grandes empresas nacionales y extranjeras)”, sentenciaron.

Laura Alvarez, integrante de la UAC, remarcó que las asambleas socioambientales se oponen al megaproyecto de ley porque "avanza en el saqueo y destrucción de los territorios para la ganancia de unos pocos". E hizo un llamamiento a organizarse en los territorios para frenar el atropello del gobierno nacional.

Megaproyecto es más megaminería 

Un día después de anunciar por cadena nacional el DNU de desregulación económica, Milei avisó en una entrevista radial: “Miren que hay más”. Una semana después, el Poder Ejecutivo envió el megaproyecto o proyecto “ómnibus” al Congreso, un texto que contiene más de 600 artículos —el doble que el DNU—. En materia minera fue “más” a favor de las empresas multinacionales, en medida que también incluyó a otras actividades extractivas como el agronegocio y los hidrocarburos.

En el artículo 204, el Gobierno propone —algo que en la práctica se aplica de facto— aumentar los derechos de exportación al 15 por ciento, con excepción de algunas economías regionales y el aumento de 31 a 33 por ciento en los subproductos de soja. Pero los dos sectores exceptuados en su totalidad fueron el minero y petrolero. ¿Cuánto pagan las mineras por la materia prima que explotan y llevan a procesar fuera del país? 4,5 por ciento. Eso se mantendrá si el Congreso lo aprueba y, además, le da al Ejecutivo la posibilidad de incrementarlo, pero nunca por encima del 15 por ciento. 

En sus considerandos el megaproyecto se hace eco del discurso empresario, lo traduce en letra del Poder Ejecutivo: “Los sectores de agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología, cuentan para las grandes inversiones —esto es, por encima de determinados montos mínimos— con dificultades intrínsecas para su desarrollo, entre las que destacan el capital cuantioso e intensivo y los largos tiempos de recupero de lo invertido, que en el estado actual de situación del país y sin un adecuado marco de incentivo que brinde certidumbre y devuelva a la Argentina competitividad como destino de inversión, verían seriamente afectadas sus posibilidades de ocurrencia, tal como ha quedado históricamente demostrado en nuestro país”. 

Como respuesta a este análisis, el gobierno de Milei elevó al Congreso la propuesta de creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos nuevos o ampliaciones de existentes “con incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y protección eficiente”. “De concretarse al amparo del referido régimen las Grandes Inversiones en los sectores previstos se promoverá el desarrollo económico, se fortalecerá la competitividad de nuestro país, se incrementarán las exportaciones y se favorecerá la creación de empleo”, señala el megaproyecto. En materia minera, 20 años de políticas favorables a las multinacionales muestran cuál es el impacto en las mejores de las comunidades y la baja capacidad de generación de empleo. 

En el artículo 641 del megaproyecto se propone la creación del Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de aplicación en todo el territorio argentino en dos simples artículos, más un anexo, en el que no se dan detalles concretos sobre los nuevos beneficios que podrían obtener las empresas, al tiempo, que deja las decisiones en manos del Poder Ejecutivo: al señalar que el régimen funcionará de acuerdo a “la reglamentación” que establezca el Gobierno y que la autoridad de aplicación también será definida a posterior por el Ejecutivo. 

La creación de este régimen es más amplio que para la minería —agroindustria, infraestructura, forestal, gas y petróleo, energía y tecnología—, pero es particularmente llamativa para este sector que cuenta con beneficios desde hace 30 años. La Ley de Inversiones Mineras (1993) queda intacta luego de los 900 artículos del mega decreto y proyecto de ley; y en tiempos en el que el gobierno nacional reza que “no hay plata”, mantener esos beneficios significa dejar de recaudar, durante 2024, más de 55.000 millones de pesos, según cálculos de la organización FARN. 

¿Cuáles son algunos de esos beneficios que ya tienen las empresas mineras y no fueron ni modificados ni derogados por Milei?

• Estabilidad fiscal por 30 años, desde el momento de presentación del estudio de factibilidad técnico-económica.
• Deducción del impuesto a las ganancias del 100 por ciento de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica.
• Régimen de amortizaciones aceleradas para las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes.
• Devolución de IVA de compra de bienes o servicios en exploración. 
• Exención del pago de aranceles para la importación de bienes de capital e insumos Previsión especial para cuidado del medio ambiente, deducible del impuesto a las ganancias equivalente hasta el cinco por ciento de los costos operativos de extracción y beneficio. 

Por último, el megaproyecto propone declarar de “interés nacional” las “grandes inversiones”, en el mismo megarticulado que ordena derogar leyes como la que declara de interés nacional el autoabastecimiento en materia de combustibles. En paralelo, en otro anexo, el primero del megaproyecto, el Gobierno establece una lista de 41 empresas públicas de posible venta, entre ellas figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), compañía que se creó para la explotación del yacimiento Farallón Negro, con propiedad compartida por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado Nacional, y que en 1997 estableció una Unión Transitoria de Estado con Yamana Gold para la explotación de Bajo La Alumbrera, aquel ejemplo de lo que significa la megaminería en el país.  

Las consecuencias negativas de la megaminería se resiste a lo largo de la cordillera con la organización de las asambleas ciudadanas, que no han dejado de ser criminalizadas, perseguidas y varios de sus integrantes encarcelados en distintos momentos. Si un incremento de las explotaciones minerías se traduce en más conflictividad social en las denominadas "zonas de sacrificio", el Gobierno también propone en el megadecreto la institucionalización y agravamiento del protocolo antipiquetes para transformarlo en un sistema de cercenamiento del derecho a la protesta.

El puntapié para la criminalización será el agravamiento de las penas del artículo 194 del Código Penal, que ya se utiliza en todo el país para abrir causas ante manifestaciones con cortes de ruta. Un ejemplo reciente es de los asambleístas que se manifestaron, en 2021, contra el rechazo del tratamiento de la Iniciativa Popular contra la megaminería en Chubut, previo al Chubutazo de diciembre de aquel año, y que ahora llegarán a juicio oral con pedidos de pena de tres meses a dos años. El megaproyecto propone elevar esa pena al rango entre uno y tres años de prisión. Además, agrega el artículo 194bis para tipificar a "organizadores" y sumarlo como agravante de la pena hasta dos a cinco años para quienes "dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación", incluso en ausencia durante la protesta.

FUENTE: El DNU y el proyecto de ley de Milei se escriben con “mega” de megaminería - Agencia de Noticias Tierra Viva (agenciatierraviva.com.ar)