"Mi solicitud a la Asamblea General de la ONU en su 78º período, fue aprobada como Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, otorgando mandato para la CICIH", precisó la mandataria en una publicación en la red X, donde además agradeció a los Estados miembro y al secretario general.

La resolución contempla "con beneplácito el compromiso y los esfuerzos constantes" de Castro "para defender los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, reforzar el Estado de derecho, especialmente el acceso a la justicia, y luchar contra la corrupción, incluidos los continuos esfuerzos de colaboración con la ONU encaminados a establecer un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras".

Asimismo, reafirma a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como "el instrumento más completo y universal contra la corrupción" e insta a "seguir promoviendo su ratificación o la adhesión" a la misma, así como "su aplicación plena y efectiva", según un comunicado del Gobierno hondureño recogido por la agencia de noticias Europa Press.

El acuerdo llega un año después de que el Gobierno hondureño y la ONU firmaran "un memorando de entendimiento que supuso el inicio de los esfuerzos para el establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad" en el país.

En el memorando "se reconoció que el establecimiento de dicho mecanismo estaría sujeto, entre otras cosas, a la existencia de un mandato emanado de uno de los órganos intergubernamentales de Naciones Unidas".

La instalación de una CICIH fue una promesa de la campaña electoral de la presidenta hondureña en 2021, que ratificó en el acto de asunción de la jefatura del Estado el 27 de enero de 2022 y luego en su discurso ante la 77º Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre del mismo año.

Después de la firma del memorando el 15 de diciembre de 2022, Naciones Unidas envió en cuatro ocasiones un equipo de expertos a Tegucigalpa con la finalidad de ayudar al Gobierno a identificar y realizar las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias para un eventual establecimiento de la CICIH.

Para la definitiva instalación del ente anticorrupción, las dos partes deberán negociar los términos de un acuerdo bilateral en ese tema.