La decisión fue comunicada por la ministra de la Presidencia y canciller interina, María Nela Prada, y el vicecanciller, Freddy Mamani, en una declaración a la prensa en Casa Grande del Pueblo, reportó la agencia oficial ABI.

"En el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual hacemos conocer nuestra decisión, como Estado Plurinacional de Bolivia, de romper relaciones diplomáticas con Israel", informó la ministra.

El presidente Luis Arce se reunió el lunes con embajador de Palestina, Mahmoud Elalwani, oportunidad en la que hizo conocer el rechazo a lo que ocurre en la Franja de Gaza.

“No podemos callar y seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino, sobre todo niñas y niños que tienen derecho a vivir en paz. Rechazamos los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza. Respaldamos las iniciativas internacionales para garantizar la ayuda humanitaria, en cumplimiento del derecho internacional.”, escribió Arce en la red social Facebook, luego del encuentro con Elalwani. Como respuesta, Israel declaró el estado de guerra. En pocos días, el Ejército tomó el control de todas las zonas pobladas cercanas a la frontera con Gaza y llevó a cabo bombardeos contra objetivos del enclave, incluidos civiles.

El Ministerio de Salud de Gaza asegura que cerca de 8.000 personas han muerto como consecuencia de estos ataques.

En línea con lo expresado por el presidente Arce, al anunciar la ruptura de relaciones, la ministra Prada demandó el cese de los ataques en la Franja de Gaza y rechazó “el hostil tratamiento israelí hacia los responsables internacionales de bridar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, a quienes se les está impidiendo el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado”.

Ante esa agresión, Prada reafirmó la postura del Estado Plurinacional de Bolivia de condenar “las violaciones claras al derecho internacional humanitario”, como lo denunció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Consejo de Seguridad, y su llamado “al alto al fuego en la Franja de Gaza”.

“Consecuente con nuestra política pacifista, que está enmarcada en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, y en concordancia con lo que manifestó nuestro presidente Luis Arce en el 77 y 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2022 y 2023, respecto a declarar al mundo como zona de paz, llamamos al diálogo y a las soluciones estructurales que respeten la vida y así evitar una mayor escalada del conflicto a nivel mundial”, indicó.

Además, la canciller interina llamó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), entre otros, a “producir” acciones colectivas que permitan encontrar “soluciones estructurales a los conflictos”. Pero también acciones que busquen “sanciones contra los responsables de los crímenes de guerra que se están cometiendo contra el pueblo palestino, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, y evitar un genocidio”.

“Logremos una salida estructural a través del reconocimiento del Estado Palestino”, afirmó la ministra, una decisión a la que se opone Israel.

En la ocasión, Prada anuncio que el Estado Plurinacional hará llegar ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza.

También comunicó gestiones para que la Embajada de Bolivia en Países Bajos asuma la concurrencia del Estado Plurinacional con el Estado de Palestina.

Esta decisión es consistente con las posiciones críticas que viene sosteniendo el Gobierno boliviano.

Días atrás, el 18 de octubre, Arce ya había condenado de la "forma más enérgica el bombardeo" contra un hospital en Gaza que causó al menos 471 muertos, del que se responsabiliza a Israel, e hizo un llamado a que "cese al fuego".

"Condenamos de la forma más enérgica el bombardeo de #Israel contra el Hospital Al Ahli en #Gaza, que se constituye en un crimen de guerra, dejando cientos de muertos y heridos. Llamamos al cese inmediato del fuego que viola abiertamente los DDHH del pueblo palestino", escribió Arce en la red social X (antes Twitter) la semana pasada.

En esa declaración, que de alguna manera anticipa la decisión que tomó este martes su Gobierno, el madatario boliviano defendió "el derecho de #Palestina a contar con un Estado soberano", como "ha sido plasmado en varios acuerdos y resoluciones de las Naciones Unidas" y consideró que ese incumplimiento "es el origen del actual conflicto".

"Convocamos a que el Consejo de Seguridad de la ONU evite que se consume el genocidio del pueblo palestino", dijo Arce en esa oportunidad.

Esta es la 31ra vez que la asamblea debate la cuestión, siempre con una votación altamente favorable a cesar la medida.

El año pasado la iniciativa tuvo 185 votos a favor y, al igual que esta vez, Estados Unidos e Israel se pronunciaron en contra.

La resolución, debatida el pasado miércoles y este jueves en una Asamblea General de la organización que fue convocada, como todos los años, para abordar el fin del bloqueo, es más bien un alegato para que los estados en general no recurran a este tipo de medidas que afectan a las economías de los países que las sufren.

El texto "reafirma la igualdad soberana de todos los estados, la no intervención y no injerencia es sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación" y pide a los estados que "se refrenen" de aplicar leyes y medidas como el embargo a Cuba. Asimismo, manifiesta "su preocupación sobre la promulgación y la aplicación continuadas" de leyes como la estadounidense Helms-Burton (vigente desde 1996), que tiene efectos extraterritoriales para personas y empresas que hagan negocios con Cuba.

Desde 1992, Cuba presenta todos los años un proyecto de resolución de condena al bloqueo estadounidense que marca la vida de los cubanos, dado que más del 80% vive bajo las sanciones impuestas por Washington en 1962 a la isla, a la que también incluyó en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Pese a que en 2015, bajo el gobierno de Barak Obama, los gobiernos cubano y estadounidense empezaron un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, el embargo sigue vigente y, para sus detractores, es el principal obstáculo de desarrollo en Cuba.

La represión del Gobierno cubano de las manifestaciones antigubernamentales en julio de 2021, que dejó más de 1.000 detenidos -unos 700 siguen en prisión con penas de hasta 25 años- y a otros los llevó al exilio, no contribuyeron al anhelado giro que se esperaba del Gobierno demócrata de Joe Biden, tras el endurecimiento de su predecesor Donald Trump.

Las autoridades cubanas calculan que seis décadas de bloqueo supusieron unas pérdidas para su economía de más de 159.000 millones de dólares.

Solo entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el bloqueo habría causado pérdidas de 4.867 millones de dólares. Sin el embargo, la economía habría crecido un 9%, aseguran. La migración es "un efecto directo de la intensificación del bloqueo", advierten en un folleto distribuido a la prensa.