"Este cuarto ciclo de conversaciones entre el Gobierno nacional y el ELN va a ser, sin lugar a dudas, un nuevo desarrollo, especialmente en los temas de participación y cese al fuego. Esperamos volver al país con nuevos acuerdos que desarrollen este importante proceso de paz", expresó el senador Iván Cepeda, parte del equipo negociador, en un video compartido en redes sociales desde el aeropuerto de Catam, en Bogotá.

La delegación de Petro estará en Caracas hasta el 4 de septiembre en principio, informó el medio colombiano El Tiempo.

Esta es la segunda oportunidad en que Caracas se convierte en sede de las negociaciones; la primera fue entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022.

En esta etapa del proceso, las delegaciones de la guerrilla y del Gobierno examinarán el tema de víctimas y el fin del conflicto en base a la justicia, verdad, reparación integral y la no repetición y el no olvido.

También identificarán un modelo que le permita al ELN renunciar a las armas y evaluarán el cese al fuego iniciado a principios de agosto por seis meses con vistas a poner fin a uno de los conflictos armados más antiguos del mundo.

Además, evaluarán el comienzo de la participación ciudadana, luego de que nueve días atrás, en un inédito acto, líderes del ELN y Petro pusieran en marcha en Bogotá el Comité Nacional de Participación (CNP) para garantizar la inclusión de la ciudadanía en el proceso de paz, en la fecha del inicio de la tregua bilateral. La instalación del CNP surge del Acuerdo de México, donde funcionó la segunda mesa de negociación entre la guerrilla y el Gobierno, y que continuó durante el tercer ciclo de

conversaciones realizado en La Habana,

en junio, cuando las partes se comprometieron a garantizar la participación de la sociedad en la construcción de la paz y el cese al fuego por 180 días.

Este cuarto ciclo se produce después de que esta semana el fiscal general, Francisco Barbosa, denunciara que el ELN planeaba en Venezuela su asesinato, una versión que la guerrilla desmintió.

Petro se reunió este viernes con Barbosa y le aseguró que el Gobierno “le brindará toda la protección requerida” ante la denuncia y pidió a las autoridades competentes “una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva, para determinar la gravedad de los hechos”.

Este proceso transcurre tras la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su momento considerada la guerrilla más grande del mundo.