"Es preocupante la persistente violencia contra los excombatientes", dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU el mexicano Ruiz Massieu, representante del secretario general, Antonio Guterrez, para la verificación de dichos acuerdos.

La violencia también afecta a los dirigentes campesinos y a los solicitantes de tierras a "medida que avanza la aplicación de la reforma rural", alertó y recordó los "obstáculos" contra los funcionarios del gobierno que trabajan en ella.

El representante exhortó al gobierno de Gustavo Petro a "hacer mucho más para proteger" a estos grupos, y le pidió que cumpla la promesa de nombrar a un alto funcionario para supervisar la aplicación del Acuerdo de Paz Final, firmado en 2016 con las ahora ex-FARC, según la agencia de noticias AFP.

En esta sesión trimestral, que contó con la participación del canciller Álvaro Leyva y la lideresa Diana Salcedo, el Consejo de Seguridad analizó el informe que Guterres presenta cada tres meses con los avances de los acuerdos y las preocupaciones de la ONU.

En una carta enviada en febrero, el canciller colombiano había informado al Consejo de Seguridad de los esfuerzos de diálogo del gobierno con cinco organizaciones armadas y adelantado que el Ejecutivo pediría la verificación de estos procesos por parte de la ONU.

Tras pedir al secretario general recomendaciones para esta eventual solicitud, en una carta fechada el 13 de junio, Guterrez propone dos opciones para ampliar la misión de verificación en el país, que requerirán un aumento de alrededor de una centena en el número de observadores, que actualmente es de 120.

Gobierno pidió "lenguaje respetuoso" hacia el ELN y nombró negociadores para disidencias de las FARC

El Gobierno de Colombia ordenó este miércoles a todas las dependencias y sus funcionarios que utilicen un “!enguaje respetuoso” para con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras se desarrollen las conversaciones en busca de un acuerdo de paz y, en paralelo, designó al equipo que negociará con las disidencias de las FARC.

A través de una resolución, el presidente Gustavo Petro ordenó a todas sus entidades que tengan un trato respetuoso hacia la guerrilla.

“Se ordena a las autoridades del Gobierno Nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado”, señala un documento de cuatro páginas.

La resolución 194, fechada el sábado último y divulgada este miércoles, ratifica al ELN como una organización armada rebelde y deja en firme su estatus político.

La novedad es que, aunque el trato respetuoso debería ser implícito a cualquier negociación política y diplomática, Presidencia lo expidió ahora como una directriz para todos los negociadores y el Gobierno en general.

En el protocolo de acciones específicas que reglamentó el cese al fuego el 14 de junio último, el Ejecutivo ya había hecho este llamado de atención y mencionaba la importancia de “no utilizar lenguajes irrespetuosos, estigmatizantes y la generación de noticias falsas que afecten el buen nombre y la legitimidad de alguna de las partes”.

“Las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional - ELN en los diferentes actos administrativos expedidos por el Presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”, afirma expresamente el artículo, según los diarios colombianos El Espectador y El Tiempo.

El Gobierno y el ELN están a las puertas de iniciar un cese del fuego por seis meses, el resultado más alto del ciclo de conversaciones que inició Petro apenas llegado al Palacio de Nariño.

El proceso de paz, que había comenzado en 2017, fue suspendido en 2018 y otra vez al año siguiente por ataques del ELN, incluyendo uno contra una escuela de cadetes de la Policía de Bogotá, que mató a 22 aspirantes en enero de 2019.

Desde que asumió Petro, el nuevo ciclo incluyó ya tres rondas de negociaciones, en Venezuela, México y Cuba. Y entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre está prevista una cuarta ronda de negociaciones en Caracas.

Cuba, Noruega y Venezuela actúan como países garantes y otros varios como acompañantes.

Las negociaciones con el ELN son parte de un plan de paz más amplio de Petro que busca cerrar los conflictos con todas las organizaciones armadas de Colombia y que denominó "paz total".

En ese marco es que también comenzarán las discusiones con el Estado Mayor Central (EMC), disidentes de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de 2016.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, será el “coordinador de los representantes del Gobierno” para la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos que está próxima a instalarse.

Según el diario El Espectador, en el grupo estarán el exministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio -funcionario de la presidencia de Álvaro Uribe-. Exembajador y excongresista, Valencia ya fue negociador con la extinta FARC cuando se dieron los llamados “diálogos en el Caguán”.

Aparecen además el empresario Carlos Murgas; Óscar Salazar, coordinador del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) en Cauca; el excongresista y exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Feliciano Valencia; el excomandante de las FARC Yezid Arteta, que en el conflicto interno actuó como Joaquín Posada; y Gloria Quiceno Acevedo, exintegrante del M-19 y exdirectora del programa de reinserción que se creó en el Ministerio del Interior.

Una de las opciones es que la misión participe en el monitoreo y la verificación del cese del fuego acordados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un grupo disidente de las FARC, que precisaría 95 observadores más.

La otra es que la misión participe en el monitoreo de los altos el fuego con todos los grupos identificados por el gobierno, que requeriría 130 observadores adicionales.

Esa ampliación tendrá que ser autorizada por el Consejo de Seguridad, en el que China mostró en principio buena predisposición, pese a que en negociaciones anteriores había expresado sus dudas sobre aumentar el mandato de la misión.
 

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, será el “coordinador de los representantes del Gobierno” para la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos que está próxima a instalarse.

Según el diario El Espectador, en el grupo estarán el exministro de Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio -funcionario de la presidencia de Álvaro Uribe-. Exembajador y excongresista, Valencia ya fue negociador con la extinta FARC cuando se dieron los llamados “diálogos en el Caguán”.

Aparecen además el empresario Carlos Murgas; Óscar Salazar, coordinador del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) en Cauca; el excongresista y exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Feliciano Valencia; el excomandante de las FARC Yezid Arteta, que en el conflicto interno actuó como Joaquín Posada; y Gloria Quiceno Acevedo, exintegrante del M-19 y exdirectora del programa de reinserción que se creó en el Ministerio del Interior.