El jefe de gabinete peruano, Alberto Otárola, dijo que la medida tenía como objetivo garantizar la libre circulación durante la próxima semana.

Precisó que la medida afectará al Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y al Corredor Vial Interoceánica Sur, informó el medio local RPP, replicado por la agencia de noticias Europa Press.

Otárola sostuvo que las protestas "no deben afectar" a los bienes públicos ni a las personas y explicó que se estaba trabajando en "garantizar la integridad" de todos, asistan o no a las manifestaciones.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que la Policía Nacional tomaba medidas para evitar que "llegue a mayores" la denominada tercera Toma de Lima, la gran movilización popular a la capital convocada a nivel nacional.

"No hay evidencia de una participación masiva. Por eso, con 8.000 efectivos vamos a garantizar que, si hay alguna marcha, ésta se desarrolle dentro de la seguridad, con la libertad de expresión y libertad de reunión pacífica", declaró Romero.

En paralelo, autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la más antigua de América, distinguida por una tradición de fuerte activismo político en su comunidad estudiantil y ubicada en Lima, comunicó la suspensión de sus actividades el 19 de julio en prevención de desmanes.

"(La suspensión de actividades) no solo tiene que ver con la realización del evento (un concierto). Se viene una contingencia que están anunciando, que es la Toma de Lima. Nosotros tenemos que prever, ya hemos tenido problemas antes", dijo la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, a la radio local Exitosa, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

Según Ruffner, los estudiantes utilizarían la realización de un concierto en el estadio de la universidad como "pretexto" para protestar contra el Gobierno, por lo que se decidió suspender las clases y demás actividades que agrupen a los alumnos.

Sectores opositores a la presidenta Boluarte convocaron para el 19 de julio una nueva Toma de Lima, como las que se desarrollaron en diciembre de 2022 y enero de 2023, pocas semanas después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo luego de su intento de disolver el Congreso.

En las dos primeras manifestaciones, estudiantes de la UNMSM participaron activamente y la policía ingresó por la fuerza a la sede estudiantil, donde detuvo a decenas de personas.

Tras la asunción de Boluarte, sectores afines a Castillo salieron a las calles para exigir la renuncia de la mandataria y la convocatoria de nuevas elecciones.

Al menos 49 personas murieron debido a la represión de las protestas y cientos fueron detenidas.

En ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales de derechos humanos exhortaron a Boluarte a detener la represión de las protestas y pidieron a la Justicia que investigue posibles abusos