"Lamentablemente nos están exterminando", le dijo a Télam el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (Conap), Oseas Barbarán, quien denunció que cinco días después del asesinato, ocurrido el sábado pasado, no hay avances concretos en las investigaciones.

Contoricón, un veterano de la lucha indígena contra el grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso, fue asesinado por dos hombres que llegaron a su casa en el distrito Puerto Ocopa de la provincia de Satipo, en el departamento de Junín, y le dispararon con silenciador desde la ventana.

El líder de la etnia asháninka había sido amenazado de muerte múltiples veces por enviados del narcotráfico, debido a su lucha contra los cultivos de coca, por lo que era custodiado por tres policías asignados por el Ministerio del Interior, que sin embargo estaban en la parte posterior de la casa y no se enteraron de lo que ocurría.

"Supuestamente no escucharon nada. Digo, supuestamente. Yo no estoy acusando a la Policía, pero lamentablemente en estas zonas muchas veces miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas están ligados a las mafias del narcotráfico", afirmó Barbarán.

"Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas"

Según el presidente de la Conap, a la selva llega en forma permanente gente de la costa y de la sierra para sembrar por encargo de las mafias plantaciones de coca, la base de la cocaína, droga de la que Perú es uno de los dos mayores productores y exportadores del mundo.

Contra esa gente y contra su actividad luchaba Cortoricón, por los efectos ambientales y culturales perniciosos que tiene el sembrado extendido de coca. Su muerte, como las de los demás líderes indígenas caídos, era prácticamente un desenlace que se esperaba.

A sus 57 años, el líder tenía un largo historial de lucha en favor de los asháninkas, una de las etnias mayoritarias de la Amazonía peruana. Fue alcalde de Puerto Ocopa, concejal de Satipo y miembro de la Asamblea de Junín, pero sobre todo tenía renombre por la lucha que libró contra Sendero como "rondero" (civiles armados con permiso del Estado).

Entre las décadas de 1980 y 1990, Sendero asesinó a unos 400 asháninkas y sometió a la fuerza como virtuales esclavos a otros cientos. Todo eso fue documentado por la Comisión de la Verdad, que en su informe destacó con nombre propio la lucha de Cortoricón.
 

Los asesinatos y la corrupción

En poco más de una década fueron asesinados 51 dirigentes indígenas en la Amazonía peruana. Pero el número de muertes aumentó su ritmo desde la pandemia de Covid-19 y desde entonces otros 19 líderes pagaron con su vida la defensa de la comunidad.

Según Barbarán, la inmensa mayoría de esos asesinatos están relacionados con el narcotráfico y la propagación de sembradíos de coca, aunque también hubo casos en los que se sospecha de taladores ilegales de árboles y de traficantes de tierras.

Salvo un caso en que se logró la captura y confesión de un autor, todos permanecen en la impunidad. Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía no avanzan y los anuncios gubernamentales de medidas se quedan en promesas.

Durante el gobierno interino de Francisco Sagasti (2020-2021) se formó una comisión interseccional integrada por ocho ministerios, con la que se pretendía dar respuestas al problema.
 

"Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas"

Sin embargo, según documentó el diario limeño La República, solo el Ministerio de Justicia acudió a todas las 22 reuniones hechas hasta ahora. Los de Relaciones Exteriores y Energía no llegaron a ninguna y los de Interior, Cultura y Ambiente estuvieron ausentes en la gran mayoría.

"Aquí se combinan actividades ilícitas, ausencia del Estado y un elevado nivel de vulnerabilidad de las comunidades indígenas", resumió la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Pérez denunció además a la corrupción, que permite que funcionarios, a cambio de sobornos, entreguen licencias de funcionamiento a personas que se escudan en un disfraz de legalidad, pero que en realidad se dedican a actividades criminales.

Antes de Cortoricón, Ulises Rumiche había sido ultimado en su casa del distrito de Pangoa, también en Junín. Como en todos los demás casos, ese asesinato fue perpetrado a tiros y el modo de operación indica que se trata de pistoleros a sueldo al servicio de las mafias.

Solo en uno de los asesinatos recientes, el de Arbildo Meléndez, se logró una condena. En otros, como los de Herasmo García y Santiago Vega, ni siquiera se abrieron investigaciones, a pesar de que ya transcurrió más de un año.

"Como balance general, largamente hay impunidad", le dijo a La República el abogado Álvaro Márquez, especialista de la ONG Instituto de Defensa Legal.