La cantidad del mineral ilegal "recalentado" en el mercado legal para ser utilizado en joyas en otros países fue calculado en 13 toneladas de oro, según un comunicado de la fuerza.

El procedimiento ocurre en medio de una operación ordenada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra los garimpeiros, como se llama a los que ejercen la minería artesanal ilegalmente, en la tierra indígena yanomami ubicado en el estado amazónico de Roraima, donde el mercurio en los ríos y la destrucción ambiental provocó una calamidad de malaria y hambre en las aldeas, con el cálculo de más de 500 niños muertos por desnutrición.
La justicia bloqueó 2.000 millones de reales (unos 400 millones de dólares) de los sospechosos de introducir en el mercado ilegal de oro en el circuito comercial internacional.
 

El operativo contra la minería ilegal

La operación llamada "Sisaque" lanzó tres órdenes de captura contra los responsables de esta red delictiva y 27 autorizaciones para allanamientos en San Pablo, Brasilia, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Goiania, Roraima y Mato Grosso.

"En la Operación Sisaque participan más de 100 policías federales, además de cinco revisores fiscales y tres analistas de Ingresos Federales. Los objetivos son ampliar el volumen de pruebas para desmantelar el esquema criminal y combatir la minería clandestina, especialmente en la región de Itaituba (estado de Pará)", dice el comunicado.

La investigación arrojó que este oro extraído de la Amazonía se exportaba principalmente a través de una empresa radicada en Estados Unidos que lo revendía a Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Suiza. Según el Instituto Escolhas, entidad que investiga la minería ilegal en la región amazónica, se estima que un tercio del oro producido en Brasil es producto de acciones criminales.

El expresidente Jair Bolsonaro fue acusado por Lula de instigar un "genocidio" indígena, al permitir el ingreso de los garimpeiros a las tierras yanomamis.
Por eso,  se instaló la emergencia sanitaria en el estado de Roraima, mientras que los garimpeiros están saliendo de las tierras indígenas ante el avance de la Marina y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

La Fuerza Aérea cerró el espacio aéreo de la tierra yanomami, del tamaño de la provincia argentina de Chaco, para impedir el ingreso de aviones a las más de 30 pistas clandestinas montadas en los últimos años por los garimpeiros, cuya actividad fue defendida públicamente por el expresidente Bolsonaro.

Aviones, barcos e instalaciones para puertos clandestinos están siendo incendiadas por los agentes del gobierno federal que están trabajando contra los garimpeiros y la industria ilegal.
Por otra parte, la Agencia Nacional de Minería, que regula la actividad de las empresas, declaró que el corte presupuestario sufrido en 2022 durante el gobierno de Bolsonaro impidió la ampliación de la fiscalización.

En los últimos diez años el presupuesto se redujo en un 50%, dijo el órgano de contralor. El Banco Central, dirigido por el bolsonarista Robero Campos Neto, con mandato hasta fines de 2023, anunció que estudia nuevas medidas para aumentar la fiscalización en el mercado de oro y evitar que provenga de centros mineros ilegales.