Por Darío Aranda

"Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente", afirmaron tres relatores especiales de Naciones Unidas en un escrito de diez carillas repleto de cuestionamientos y advertencias por el accionar de Barrick Gold en su mina Veladero en San Juan. Con al menos cinco derrames en los últimos ocho años, desde la ONU alertan: "Expresamos nuestra grave preocupación por la afectación sobre los derechos humanos ocasionada por derrames de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas de la mina Veladero".

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para temas específicos. Es la primera vez que tres relatores especiales de Naciones Unidas se expiden, y de forma crítica, sobre un megaproyecto minero Argentino. "El agua que las comunidades rurales utilizan para la irrigación de cultivos ha sido contaminada por mercurio y otros metales pesados. Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el Gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames", denuncia la carta firmada por Marcos Orellana (Relator Especial sobre las implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión de sustancias peligrosos), Fernanda Hopenhaym (Relatora del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales) y David Boyd (Relator Especial sobre obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con un ambiente sin riesgos).

La denuncia recae sobre la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold en sociedad con la empresa china Shandong Gold Mining. Y los cuestionamientos son también para los gobiernos de Argentina y de San Juan. "Nos preocupa especialmente que estos derrames afecten severamente al derecho a la vida, al derecho al más alto nivel posible de salud, al derecho a la alimentación, al derecho de acceso a la información, al derecho a la justicia ambiental, al derecho al agua potable, y a condiciones de trabajo seguras, y al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y libre de sustancias tóxicas", alertan los especialistas de Naciones Unidas. Y recuerdan que los derrames de sustancias peligrosas requieren de respuestas "basadas en derechos humanos, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y de reparación integrales por parte del Estado y la empresa, así como medidas de prevención y garantías de no repetición".

Megaminería en San Juan: una historia contaminante

El 12 de septiembre de 2015 trabajadores de la mina Veladero avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold dijo que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río. Se trató del mayor derrame de la historia minera argentina.

En diciembre de ese año un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).

En abril de 2016 una pericia del Ministerio de Ambiente de la Nación (que consta en el expediente judicial) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012. Se repitió el mecanismo de silenciamiento: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población.

En mayo pasado, la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció un nuevo derrame. Análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo determinaron la presencia de mercurio, aluminio y manganeso en el agua del río Jáchal, en cantidades muy por encima de los indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino para consumo humano. La Asamblea afirmó que la concentración es mayor a la registrada en el derrame de 2015. Los niveles de arsénico superaban 33 veces los establecidos por la OMS, los de plomo 16 veces y los de aluminio 485 veces.

Barrick Gold y la violación de leyes

El último derrame, de 2022, motivó la intervención de los Relatores de la ONU. El escrito, de diez páginas, hace un detallado análisis de los antecedentes de la mina Veladero: recuerda que en 2021 produjo 172.000 onzas de oro, con ingresos de 382 millones de dólares, y que declaró tener reservas de tres millones de onzas de oro por explotar. La mina se encuentra a 370 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Iglesia, en plena Cordillera de los Andes (entre los 3800 y los 4800 metros sobre el nivel del mar). Las comunidades más afectadas son Rodeo y Jáchal, con 2393 y 21.018 habitantes respectivamente, que se sitúan aguas abajo de la mina, a lo largo del río Jáchal.

En un hecho con pocos antecedentes, los expertos de la ONU recuerdan que Veladero está situado en la Reserva de Biósfera San Guillermo, creada bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde sólo están permitidas actividades de bajo impacto ambiental. "Sin embargo, las actividades industriales de una mina de oro a gran escala no son de bajo impacto, y los varios derrames de sustancias peligrosas de la mina Veladero alteran el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva", remarcan los Relatores de Naciones Unidas.

El documento cuestiona tanto a la empresa (que niega los derrames, como lo hizo en 2015), como al gobierno provincial y nacional (por su inacción) y también al Poder Judicial: recuerda que los vecinos realizaron dos denuncias por la detección de mercurio en la red de distribución domiciliaria de agua y por el abuso de autoridad del Concejo Deliberante de Jáchal. "Las causas terminaron archivadas", cuestionan desde la ONU.

Destacan la sistemática violación de leyes. "Según el Código de Minería de Argentina, si una empresa comete tres infracciones graves en una mina, debe proceder al cierre definitivo de esas operaciones (Artículo 264, inciso "E")", recuerda el documento de Naciones Unidas y remarca que Veladero ya lleva cinco derrames. Y precisa que Veladero también infringió la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley de Residuos Peligrosos ( 24.501).

Realiza especial hincapié en el Convenio de Minamata sobre mercurio (ratificado por Argentina en 2017 mediante la Ley 27.356). Es un tratado internacional ambiental y lleva su nombre en conmemoración a los graves hechos ocurridos en la ciudad de Minamata (Japón). A mediados del siglo XX una empresa petroquímica volcó efluentes líquidos con mercurio al mar sin tratamiento previo. Durante ese periodo la población entera de la ciudad se alimentó con pescados y mariscos contaminados, lo que provocó una intoxicación masiva de más de 50.000 personas. En 1956 se detectó el primer caso oficial de la enfermedad que se llamó “Minamata”.

Según el Convenio internacional (en sus artículos 12, 16 y 18) el Estado argentino debe tomar medidas concretas de evaluación de riesgos, información y protección de la población. Nada de eso está sucediendo en San Juan con el mercurio encontrado en el agua.

"El gobierno nacional no habría realizado evaluaciones e identificaciones de la cuenca del río Jáchal contaminado con mercurio, a pesar de que el río se usa para la pesca, para la bebida del ganado y para el riego de cultivos. Además, la cuenca subterránea del río Jáchal se usa para consumo humano. Después de los derrames, el gobierno de San Juan no ha promovido la elaboración y la ejecución de estrategias y programas que sirvan para identificar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo", denuncian los tres Relatores Especiales.

El documento fue enviado a los gobiernos de Argentina, Canadá y China, y a las empresas Barrick Gold y Shandong Gold Mining.

"No queremos ser otro Minamata"

Ante la gravedad de los hechos, y la poca repercusión mediática, las organizaciones internacionales Mining Watch Canadá y Earthworks —junto con la Asamblea Jáchal No Se Toca— convocaron a una conferencia de prensa en diciembre pasado. "No queremos ser otro Minamata. No queremos que nuestros niños sufran los efectos terribles del mercurio", reclamó Saúl Zeballos, de la Asamblea de Jáchal. Recordó que el agua contaminada con mercurio llega, sin dudas, a la ganadería y al agro de la región.

Jan Morrill, coordinadora de Campaña de Relaves de la organización Earthworks, afirmó que es una política de Barrick Gold negar los impactos que produce y no proveer información sobre su accionar. "Hay muchas similitudes, por ejemplo, con su actuación en República Dominicana, donde también contaminó el agua del lugar y obligó a que la población reciba agua embotellada", precisó. Y marcó una contradicción de la empresa, que al mismo tiempo muestra una reiterada práctica corporativa: "La compañía pidió que no se difunda la carta de los Relatores con la denuncia. Es muy curioso porque, justamente, uno de los pedidos a la empresa es la transparencia y que la población pueda acceder a la información. Y Barrick intenta silenciar a los Relatores".

También destacó una particularidad de la empresa en Argentina: "No habíamos visto que una mina esté dentro de una Reserva de Biósfera y dentro de zona periglaciar, zonas donde no debiera haber megaminería. Nos impacta que Barrick Gold imponga sus operaciones aún en zonas protegidas".

Viviana Herrera, coordinadora del Programa de Latinoamérica de la organización MiningWatch, señaló que la carta de los Relatores tuvo impacto en Estados Unidos y Canadá, pero llamó la atención sobre el "cerco mediático" que existe en Argentina respecto a los impactos de las empresas mineras. Citó como ejemplo, además de Barrick en San Juan, lo que realiza Pan American Silver en Chubut, con su proyecto Navidad y los continuos intentos de modificar leyes y desoír los reclamos de las comunidades locales. "Es bastante único el caso argentino respecto al silencio mediático, nos preocupa porque esta información debiera llegar a la población argentina para que se conozca lo que producen estas empresas", señaló.

Destacó que los impactos ambientales y sanitarios de las mineras "son cada vez mayores" y afirmó que las consecuencias se puede agravar si en San Juan avanza el proyecto Josemaría, de la minera canadiense Lundin. Recordó que el 60 por ciento de las mineras del mundo están en Canadá (de un total estimado en 1400 empresas) porque el país les asegura impunidad ante la violación de derechos humanos y de contaminación en otros países.